El reasentamiento de comunidades en zonas de Bogotá con alto riesgo de pérdidas de vidas, bienes e infraestructura –como el barrio Manantial, en la localidad de San Cristóbal– evidencia fallas en la actual política pública, ya que el traslado a zonas periféricas desarraiga a los habitantes de su entorno y su economía local. Transformar esta situación va más allá de cambiar el enfoque de la política pública para que no se centre solo en la vivienda, sino que además fortalezca la participación ciudadana y establezca iniciativas de reubicación en áreas cercanas.

El análisis de la huella de carbono generada en una empresa de deshidratación de frutas (banano, piña y mango, entre otras) arrojó que a 2023 esta fue de 141,3 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Con la implementación de estrategias como el secado híbrido (solar y en horno con aire caliente), el uso tanto de paneles solares y de combustibles de menor impacto ambiental (por ejemplo biogás), estas tendrían una reducción del 30,3 %.

Según el DANE, en 2021 el 10,5 % de los hogares capitalinos (302.000 familias) tenían déficit habitacional, es decir carencias relacionadas con una óptima y digna calidad residencial. La solución a esta crisis iría más allá de potenciar los asentamientos autogestionados o los barrios de autoconstrucción, por eso se propone que estos compitan con los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), y además que los subsidios se adapten a las realidades de las familias que hoy quedan fuera por no cumplir con los requisitos.