Esto es lo que llamó el profesor César Abadía de la Universidad Nacional, un sistema en contravía, con mecanismos antihumanos, pues la persona, además de estar enferma, debe preocuparse porque la atienda un especialista. "La salud no puede pensarse en un listado de medicamentos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) es imposible que la gente prevea de qué va a enfermarse", señaló refiriéndose a la restricción que se le impone a los médicos de formular solo lo incluido en el POS.
Por su parte, Román Vega, ex secretario distrital de salud afirma que el propósito regulador de las EPS, en función de reducir costos, se está extendiendo al Estado. "Hay una pretensión de que el acto médico sea únicamente científico, cuando hay muchos factores que convergen en la atención a un paciente", dijo Vega, quien agregó que la emergencia social responde a dos objetivos: reducir el gasto público en salud y los costos para los aseguradores.
Con este panorama, el profesor Franco fue claro en sostener que el Estado se está alejando de su responsabilidad en el tema de la salud y que, así mismo, está jugando incluso con el patrimonio de las personas, al obligarlas casi a garantizar la "rentabilidad del sistema", con las llamadas Prestaciones Excepcionales de Salud, PES.
Añadió que aún no está claro cómo quedará diseñado el POS, pero que lo más seguro es que se nivele por lo bajo, lo que resultaría afectando enormemente a los usuarios. De la mano, los profesionales de la salud resultan perdiendo su autonomía e incluso entra en juego la ética bajo presión de los decretos.
Por tanto, instó al Congreso y a la Corte Constitucional a frenar estas medidas que resultan contraproducentes para la prestación adecuada de los servicios de salud en el país.
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