En Colombia frecuentemente se clama por legalizar la cocaína y otras drogas como "única solución" a los problemas de violencia e ilegalidad, lo cual supone que ni el Estado ni la sociedad pueden controlar a los colombianos que participan en el narcotráfico. Pero esto también equivale a afirmar que, cuando hay grandes ganancias ilícitas fáciles de obtener, es "natural" beneficiarse de ellas.
Estas implicaciones contradicen el hecho de que la mayoría de países que pueden cultivar coca y refinar cocaína no lo hacen. Sin duda, si no hubiera demanda ilegal, no habría oferta ilegal, pero el problema de Colombia no es que produzca cocaína, sino que concentró la industria ilegal. Para entender este fenómeno es importante responder: ¿Cuáles son los factores necesarios, suficientes y contribuyentes del desarrollo de las actividades económicas ilegales?
Al investigar este interrogante se encuentra que el crimen no tiene "causas" en el sentido tradicional (si X entonces Y), sino que hay factores como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, o las crisis económicas, que contribuyen a su desarrollo; también, que existen otros factores necesarios como el conocimiento para refinar cocaína o contar con el clima y la tierra adecuados para cultivar coca. No obstante, el factor clave es que en la sociedad haya grupos para los cuales violar las leyes sea perfectamente aceptable. En otras palabras, que se dé un conflicto entre la norma legal y la norma social, de modo que se acepte la actividad ilegal.
De igual manera, es posible que haya una sociedad en la cual, a pesar de estar presentes todos los factores necesarios y contribuyentes para que crezca la criminalidad organizada o las drogas ilegales, no ocurra. Simplemente esa sociedad sería vulnerable a dichos fenómenos, tendría las defensas bajas pero no estaría enferma. El punto es que al investigar el origen de las actividades económicas ilegales "frente a lo cual hay confusiones", se encuentra con que estos son fenómenos evolutivos, no newtonianos (en los que hay causas y efectos).
Así, cuando se acentúa un factor que contribuye al desarrollo de dicha ilegalidad, por ejemplo una crisis económica, es presentado por los observadores como su causa, aunque en la gran mayoría de casos tal crisis no conlleve al incremento de mafiosos o a la producción de drogas ilegales, lo cual no ocurriría sin la existencia de un conflicto entre las normas formales e informales; en términos "mockusianos", un conflicto entre la ley y la cultura.
Se puede alegar que en todos los países se violan las leyes y, en algunos casos, pueden existir brechas entre las normas formales e informales. Sin embargo, para que surja una criminalidad organizada de las proporciones de la colombiana, es necesario que existan grupos que justifiquen la actividad ilegal apelando a una "causa superior", como una lucha contra "el imperio", la oligarquía, los infieles o simplemente el sustento familiar. De igual manera, que existan grupos caracterizados por una anomia social para los cuales las consecuencias de sus acciones sobre el resto de la sociedad sean irrelevantes. En estos casos, se puede hablar de un "individualismo amoral".
Por qué las políticas no obtienen resultados
Las políticas contra las drogas atacan factores que contribuyen al crecimiento de la ilegalidad, pero no arremeten contra el fundamental: la brecha en las normas. Así, las confiscaciones de insumos y de productos, el control de precursores químicos, el encarcelamiento y extradición de traficantes y las políticas contra el lavado de activos y dinero arremeten contra la rentabilidad del negocio, pero no la acaban, y cuando logran disminuir la oferta, aumentan la rentabilidad.
El desarrollo alternativo es la única zanahoria en el arsenal de las políticas, pero éste, en el mejor de los casos, logra resultados locales e induce a un desplazamiento de los cultivos. La experiencia de 40 años de "guerra contra las drogas" ha demostrado que la industria ilegal se adapta a las políticas y acciones contra ella, y sobrevive en el largo plazo.
Es cierto que las políticas se pueden mejorar, que se requiere mayor énfasis en el control del consumo buscando disminuir el daño personal y social de la adicción, que la Dirección Nacional de Estupefacientes podría transformarse en una empresa moderna que administre eficientemente todos los activos que maneja, que las cárceles y el sistema judicial en Colombia deben ser más eficientes para eliminar la necesidad de extraditar, que los programas de desarrollo alternativo y las fumigaciones se deben coordinar mejor, etc. Sin embargo, estos cambios positivos no eliminarán el crimen organizado y las drogas ilegales si no se armoniza la ley con la cultura y se generan comportamientos morales de ciudadanía moderna.
Implícitamente, quienes abogan por la "legalización" como "única solución", concuerdan con este análisis por cuanto eliminaría la demanda ilegal, factor necesario para el desarrollo ilegal. Sin embargo, este clamor implica decirle al mundo que cambie sus leyes y comportamientos porque Colombia no puede dejar de producir cosas ilegales rentables.
En el actual contexto mundial esto simplemente no es viable, independientemente de lo que se opine respecto a lo justo o injusto de la situación. Además, si por casualidad el mundo "legalizara" las drogas, y Colombia no resuelve el conflicto entre las normas legales e ilegales, continuaría con graves problemas de criminalidad organizada, guerrillas y paramilitarismo. Posiblemente disminuirían, pero en el largo plazo esos grupos se involucrarían en otras ramas de la ilegalidad y no se resolvería "el problema".
Vulnerabilidad social y respuestas
Colombia tiene dos opciones: seguir culpando al mundo del desarrollo de su criminalidad, o aceptar que éste no le va a resolver el "problema", y la única solución es elaborar un proyecto en el que haya un consenso amplio sobre lo que el país es y lo que quisiera ser. Para esto hay que pensar a Colombia como una nación que "transita" de un sistema de mercado premoderno "en el que la riqueza personal se captura, se encuentra o se obtiene manipulando las normas" a una nación en la que la riqueza personal se genera en procesos que contribuyen al amplio bienestar social.
Es necesario continuar con políticas contra la criminalidad, pero acompañadas de reformas que busquen cambios en el comportamiento de la gran mayoría de colombianos. Se trata de un proceso sin recetas que debe surgir de la propia sociedad, una vez acepte que la "única solución" es levantar "sus defensas" frente a un entorno externo que ofrece muchas tentaciones y promete grandes utilidades ilegales, fáciles de lograr.
La meta es que cada colombiano cambie su actitud frente al Estado, y se promueva una sociedad razonable en la que predomine la confianza, la solidaridad, la reciprocidad y la empatía entre todos. Este es un gran desafío que hasta ahora la élite, los paramilitares, los guerrilleros y muchos forjadores de opinión han evadido, por buscar "soluciones" que deshumanizan al otro.
El reto real no es legalizar las drogas sino legalizar a Colombia, y así forjar un proyecto social y de nación en el que predomine el imperio de la ley. El futuro dirá si este objetivo se logra, pero si fracasa, habrá que pagar el costo de mantener un país en el subdesarrollo, la corrupción y probablemente alto nivel de violencia.
Sedes