Si bien uno de los objetivos de millones de familias es tener vivienda propia, también lo es mejorar su calidad de vida. Aunque los esfuerzos del Estado les han permitido a miles de personas acceder a una casa, por lo general estas estructuras no van ligadas a una existencia más digna. Incluso, puede suceder lo contrario.
Así lo considera Carlos Alberto Torres Tovar, profesor del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Él es categórico en afirmar que "para el caso colombiano, la vivienda es parte del problema y no de la solución; problema que se agrava al reconocer que esta se enfrenta a las presiones del mercado".
Estas conclusiones, derivadas de un proyecto de investigación doctoral que indagó sobre su evolución en Bogotá, le mereció el segundo puesto en el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc 2012. El galardón es otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de México y el Sistema de Información Científica Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Todos los males
El profesor Torres dice que las políticas estatales y las acciones de los constructores urbanos no logran acabar con el déficit de vivienda y que, en cambio, sacrifican el espacio y amplían la inseguridad de las familias al hacerlas más vulnerables (proclives a la violencia intrafamiliar y a los conflictos de barrio).
Para llegar a estos análisis, el arquitecto desarrolló un trabajo de campo de veinte años en cuatro barrios de Bogotá, dos constituidos de manera formal y dos, de manera informal. Además, detalló los problemas sociales que afrontan los ciudadanos de bajos ingresos y elaboró un perfil histórico, teórico y de contexto que permite tener una radiografía de cómo viven estas personas.
"Escogí la localidad de Ciudad Bolívar porque encarna todos los males y demuestra que, en dos décadas, los niveles de pobreza se mantienen igual. Allí existen las mayores dificultades de acceso al suelo. Estos estudios de caso son representativos de toda la ciudad", indica el docente.
Arborizadora Baja y Casa Grande fueron los barrios de carácter formal estudiados. El primero, al lado del río Tunjuelito, se construyó a través de la Caja de la Vivienda Popular. Comenzó con la habilitación del suelo. Luego los beneficiarios mismos construyeron sus casas y tuvieron así una unidad básica con posibilidad de ampliación.
El docente sostiene que el sistema no funcionó porque no se siguieron los diseños y cada familia hizo la casa como consideraba mejor y según sus posibilidades económicas: "Esto muestra las dificultades de la política pública cuando no tiene continuidad. Más cuando se trata de programas de autoconstrucción, que son de largo aliento. El Estado interviene en una primera etapa y después desaparece. Entonces, queda a criterio de la comunidad cómo desarrollar las iniciativas, lo que transforma radicalmente el escenario planteado teóricamente".
Casa Grande, edificado por una constructora y concebido para ocho manzanas de casas de dos pisos, terminó con una última etapa de edificios de hasta seis pisos. Es prueba de cómo las normas se flexibilizan a favor de los constructores y promotores inmobiliarios, sin que eso signifique ofrecer más espacio público, más equipamientos para la comunidad o mejores condiciones de infraestructura y servicios.
"En este caso, la casa se entregó en obra gris. Con ello, se le siguió transfiriendo a la población la responsabilidad de producir la vivienda. Para el Estado, otorgar un subsidio es la solución, pero lo que ocurre es un cambio de estatus de los necesitados, que pasan de tener un problema cuantitativo a uno de orden cualitativo", sostiene el experto.
Son construcciones con espacios estrechos y sin una adecuada ventilación ni un uso eficiente de la luz solar, así como sin armarios, puertas, acabados finales ni instalaciones eléctricas e hidráulicas suficientes y, mucho menos, patios y jardines.
Los más vulnerables
Los barrios informales examinados fueron Bella Flor y Caracolí, que se ubican en zonas de ladera. El primero tiene graves problemas de suministro de agua. El segundo, afectaciones por procesos de remoción en masa (lo que puede causar deslizamientos) y riesgo de inundación en la parte baja (por el represamiento de una quebrada). En los dos sectores no hay vías pavimentadas ni alcantarillado. Sin embargo, fueron legalizados.
Según el arquitecto, las comunidades creían que, con la legalización de los lotes, llegarían todos los bienes y servicios urbanos (agua potable, redes públicas, equipamiento colectivo, etc.). Eso fue posible hasta cierto grado, pero con la privatización de los servicios públicos y los nuevos planes de ordenamiento territorial quedaron apartados del desarrollo de la ciudad.
"No se trata simplemente de tener un techo en donde meter la cabeza, sino también de cómo generar condiciones que le permitan a la población ser parte de la ciudad, con plenos derechos y garantías. Por eso, hay que resolver simultáneamente el entorno y el hábitat de manera integral", indica el profesor Torres.
En otras partes del mundo, los Gobiernos conciben soluciones integrales: tiendas, escuelas, centros de salud, servicios de bienestar social, espacio público, centros de recreación, movilización eficiente y fuentes de trabajo para garantizar acceso a los recursos económicos.
En Colombia, salvo contadas excepciones, los proyectos tienden a aislar a los pobres en los extramuros de la ciudad y a apretarlos dentro y fuera de las casas. Por ejemplo, en Bogotá, en el año 2010, por cada habitante había solo cuatro metros cuadrados disponibles. Una meta de desarrollo urbano es que para el 2019 ese espacio crezca a diez metros cuadrados.
Para lograrlo, debe existir un nuevo enfoque que responda a los intereses y necesidades de la población. Ese es el reto que tiene el Gobierno con su ambicioso programa de vivienda gratis para los más pobres.
Sedes