¿Vale la pena seguir pensando en políticas públicas territoriales si nada cambia?

Así lo aseguró el sociólogo brasileño Arilson Favareto, investigador de la Universidad Federal del ABC, invitado al VII Congreso Internacional de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural que se realiza en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien manifestó además que “en Latinoamérica existen 10 políticas públicas importantes relacionadas con desarrollo territorial”.

En Colombia se destacan las zonas de reserva campesina creadas en 1994 y la estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial entre 2010 y 2014; otros países que han tenido avances son Argentina, con el Programa Federal de Desarrollo Sostenible, o Brasil, con un programa para el desarrollo sostenible de los territorios.

La ejecución de tales políticas ha tenido problemas, ya que los programas territoriales han sido liderados por ministerios periféricos, a menudo sectoriales, sin tener en cuenta las partes realmente implicadas de las comunidades, en donde podría haber mejores estrategias; además, ha habido poca capacidad técnica para políticas movilizadas en los territorios, por lo que todo se ha quedado en el corto plazo y sin efectividad.

“Se ha movilizado una pequeña cantidad de recursos garantizados para un conjunto muy específico de territorios, cuando la prioridad debió ser buscar otras formas de encontrar mayor financiación; esto es consecuencia de la ambigüedad en los discursos, en los que ha primado el crecimiento económico a toda costa sin pensar en una cohesión social y comunitaria real, y en donde no hay un trabajo mancomunado desde los entes gubernamentales”, indicó el experto.

Después de estas políticas “fuertes” se encuentran las “blandas”, que, según el profesor, “tuvieron dificultades marcadas en cuanto a la forma en que trataban o ejercían acción sobre los territorios, pues son parciales y no tienen en cuenta toda la extensión de estos; se adaptan, pero no administran o tejen estructuras robustas en aquellos lugares”.

Por último, la etapa en la que se encuentran estas iniciativas legislativas hoy es la de un “punto ciego”, pues tienen un gran impacto en los territorios por temas como las grandes obras de infraestructura regional, las políticas agrícolas y de minería, y conflictos sociales que se acentúan con los intereses de sectores financieros y de producción de materias primas.

“Se debe seguir pensando en políticas públicas territoriales, pues tener una transición es algo lento, que requiere tanto de un proceso de aprendizaje como de un cambio institucional; además, aún es necesario superar los problemas relacionados con el modelo exportador de productos agrícolas, que, aunque es importante para la balanza comercial, concentra los ingresos y termina provocando una erosión de la biodiversidad de cada país”, expresó.

Propuestas innovadoras en políticas territoriales

En el evento también se realizó un conversatorio con expertos para hablar de lo que se ha hecho en países como México y Colombia. El experto Héctor Robles Berlanga, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México, afirmó que “hay que definir prioridades, por ejemplo, debe haber subsidios a los pequeños y medianos productores, en México se rescata la creación de 10.000 escuelas campesinas como una forma de que las comunidades se apropien de su producción”.

Agregó que “la transformación del enfoque de los ministerios de Agricultura es clave, ya que hay que rediseñar el modelo y la visión productivista, que deja de lado a los campesinos, indígenas y demás grupos vulnerables, y además se debe repensar la forma en que las universidades y los centros de investigación aportan a las políticas públicas, es necesario salir de la zona de confort y apostarle a nuevas estrategias”.

Por último, Gisela Paredes Leguizamón, zootecnista de la UNAL y embajadora de la Red de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, manifestó que hay que plantear este asunto desde el sur global para descolonizar el enfoque de las políticas públicas territoriales, y que se puedan tratar temas tanto ambientales como económicos y urbanísticos.

“No podemos seguir desligados del territorio, necesitamos redefinir lo que es este concepto para todas las comunidades; una muestra de lo amplio que puede ser este término está en que solo en Colombia hay 115 comunidades indígenas, además de las comunidades afro, raizal, palenquera y los campesinos”, aseguró.

El VII Congreso Internacional de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural agrupa el XIV Foro Internacional de Desarrollo Territorial, y celebra los 60 años de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNAL.