UNAL ofrece recomendaciones de política pública criminal

El 6 de febrero el Ministerio de Justicia y del Derecho (Minjusticia) radicó ante la Cámara de Representante un proyecto de ley que busca reformar la normatividad e institucionalidad penal según lo establecido en la Constitución. Algunas de las banderas del proyecto son la humanización de las penas y el fortalecimiento de un enfoque restaurativo.

Como un aporte al cambio de la política criminal que plantea el proyecto de ley, el Centro de Pensamiento Pospenados de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) presentó en el Congreso de la República la cartilla Recomendaciones de política pública en materia legislativa.

“Esta publicación –que estará disponible en línea– es un documento de política pública que, más allá de evaluar el desarrollo de las normas y leyes, hace énfasis en la importancia de dialogar con la gente frente a la comprensión del fenómeno criminal. Además plantea analizar la complejidad de los fenómenos y los problemas sociales, y que el diálogo lleve a las personas a otras comprensiones y otras líneas de visibilización del fenómeno”, explicó la profesora Edna Carolina Camelo, coordinadora del Centro de Pensamiento Pospenados.

Política criminal actual es ineficaz

Durante la presentación de la cartilla, los integrantes del grupo de investigación del Centro de Pensamiento señalaron que “con una política criminal unidireccional no habría cambio”.

“En Colombia la política criminal ha estado atada a la voluntad de cada gobierno bajo una línea unidireccional donde se crean muchos delitos y se aumentan las penas; esto lo que ha hecho es incrementar el número de personas en las cárceles en condiciones precarias”.

“En los años cincuenta y setenta esta política se expandió para criminalizar la posición política; en los años ochenta y noventa para la lucha contra las drogas, y en los gobiernos recientes ha girado en torno a la persecución de la criminalidad callejera, a lo que se le llama seguridad urbana”, dijo Cristian Camilo Hernández Robayo, estudiante de Derecho de la UNAL.

En los últimos años Colombia ha experimentado una crisis carcelaria a causa de la sobrepoblación –más de 16.000 personas– en los centros penitenciarios. Según el informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con corte a 2022, el sistema carcelario ha excedido su capacidad de reclusión en un 20,6 %.

Esta situación, además de representar un sobrecosto para el Estado, pone en riesgo los “Principios básicos para el tratamiento de los reclusos” –como la garantía de sus derechos o el trato con dignidad– establecidos en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El trabajo de maestría “Política pública de reconocimiento del pospenado en el sistema penitenciario”, adelantado en 2016 por la profesora Camelo, muestra que cuando los pospenados salen en libertad afrontan la ruptura y transformación de sus relaciones personales y familiares; por ejemplo sus matrimonios o relaciones de pareja terminan mientras están en prisión; pasan a ser desempleados después de haber sido económicamente activos; no siguen con su formación educativa; bajan de estrato; y el aprendizaje de las técnicas de todo tipo de delitos por la convivencia diaria con otros reclusos aumenta el riesgo de reincidencia.

Además sus familias, muchas veces desestructuradas, terminan apoyando a las personas liberadas y proporcionándoles los medios para adelantar su proceso de reintegración en la sociedad.