UNAL inicia proyecto para fortalecer justicias propias de comunidades indígenas del país

El proyecto “Banco de iniciativas y proyectos para el fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas de Colombia” (BIP) surgió de una convocatoria realizada entre junio y julio de este año que recibió 276 iniciativas de diversas comunidades indígenas, de las cuales se priorizaron 28, provenientes de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Valle del Cauca, Meta, Chocó y Cesar.

Dentro de las propuestas, las comunidades manifestaron la necesidad de recibir formación en justicia propia, justicia ordinaria y derechos humanos, además de contar con un protocolo étnico de atención integral a las mujeres indígenas víctimas de violencia de género, entre otras líneas temáticas.

El director del proyecto, Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL, explica que “las líneas de trabajo definidas serán el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia, el fomento del diálogo intercultural y la coordinación, y la protección de los derechos de la mujer, la familia y la generación”.

A partir de hoy, y durante los próximos 90 días, un equipo de la UNAL conformado por profesores, investigadores y estudiantes, iniciará la ejecución de las 28 iniciativas seleccionadas, según indica el profesor Daniel Ricardo Peñaranda, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la UNAL.

Como parte del trabajo, la Universidad brindará asesoría técnica, acompañamiento en la dimensión espiritual y apoyo en la gestión administrativa. Además realizarán una evaluación de impacto y sistematizarán los aprendizajes con el fin de aportar insumos para futuras políticas públicas.

Este trabajo también contempla la dimensión espiritual, que –según los profesores– es un elemento fundamental para lograr una verdadera comprensión intercultural, la cual estará a cargo de dos mayores indígenas que acompañarán el proceso.

Por su parte la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró durante el acto de lanzamiento del proyecto que estas iniciativas responden a la urgente necesidad de reparar injusticias históricas y atender necesidades básicas y estructurales.

“Estamos avanzando en la construcción de una ley fundamental para el desarrollo armonioso de nuestra nación: la ley de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria”, dijo la ministra.

Agregó que “este avance busca establecer un marco sólido para la colaboración efectiva entre ambos sistemas de justicia, garantizando que se respete la autonomía y las tradiciones de nuestras comunidades indígenas mientras se asegura la aplicación justa de las normas del Estado”.

Este proyecto aporta al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecido en la Constitución de 1991, que puso al país a la vanguardia de este tipo de políticas y conlleva obligaciones gubernamentales.

“Nosotros seguimos marcando pautas para el resto de los países de América Latina. Hay otros países en la región con una diversidad étnica similar o incluso mayor que la de Colombia, pero que no han logrado los mismos niveles de reconocimiento”, señala el profesor Guillermo Padilla, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL.

Explica además que “el fortalecimiento se busca ya que han pasado 200 años de desconocimiento y de marginalización de la diversidad, entonces salir de este contexto implica una política pública del Estado colombiano para elevar todas las expresiones a un nivel equivalente”.