UNAL formará parte de la Comisión Técnica para la regulación del cannabis medicinal en Colombia

“Al integrarse a esta Comisión, la UNAL actúa como un vínculo académico y de investigación entre las entidades reguladoras y el sector agroindustrial. Uno de los principales retos será garantizar que los productos cumplan con los estándares necesarios de calidad, seguridad y eficacia desde su desarrollo hasta su distribución”, señala el profesor Jorge Ariel Martínez Ramírez, del Departamento de Farmacia, representante de las Facultades de Ciencias de la Salud de las Instituciones de Educación Superior.

Esto quiere decir que, en investigación, la UNAL deberá impulsar estudios que aborden, por ejemplo, los efectos secundarios del cannabis, la toxicología, la farmacocinética (efectos en el organismo), así como el potencial terapéutico en distintas patologías.

Así se ha dado el proceso de regulación

Hasta hace apenas una década el cannabis en Colombia era un tema “tabú” dentro del sistema de salud. La Ley 30 de 1986 adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes que reglamentó la marihuana –como se le llamaba entonces– pero solo para consumo recreativo, sin reglamentación para exploraciones científicas.

Sin embargo, con la Ley 1787 de 2016, que reformó el artículo 49 de la Constitución Política, el cannabis pasó a considerarse como un recurso con potencial para usos médicos e investigativos.

Esto abrió paso a la creación de una Comisión Técnica específica, que hoy está integrada por representantes de los Ministerios de Salud, Justicia y del Derecho, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural, y la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y un representante de las instituciones de educación superior en salud, rol que ahora asume la UNAL a través del profesor Martínez.

Aportes y retos de la investigación

La participación de la UNAL en esta comisión técnica es significativa, no solo por la oportunidad de incidir en políticas públicas de salud, sino también por el impacto que esta representación tendrá en la investigación y en el desarrollo de nuevos medicamentos. El proceso para la selección de este representante fue impulsado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que evaluó las capacidades académicas y la experiencia en investigación de la Universidad en este campo.

Desde 2016 la Universidad ha sido un actor esencial en la investigación sobre el cannabis. La Institución cuenta con el Centro de Excelencia en Cannabis y Agronegocios, dirigido por el profesor Iván Gil, de la Facultad de Ingeniería, en donde se desarrollan investigaciones que van desde la siembra de la planta hasta la elaboración de diferentes productos.

También desde hace varios años existen en el Departamento de Farmacia estudios con modelos preclínicos en animales, bajo la guía de expertos como los profesores Mario Francisco Guerrero –que prueba los efectos del cannabis en enfermedades como la epilepsia– y Luis Fernando Ospina, quien trabaja con modelos para el dolor crónico.

Sin embargo, la actual normativa les exige a las universidades pagar licencias de investigación para trabajar con cannabis, lo cual dificulta el desarrollo de políticas basadas en evidencia científica. “Es importante buscar que al menos las universidades públicas entren al engranaje de regularización del Estado y se les permita trabajar con licencias de investigación expeditas y sin costos”, reiteró el profesor Martínez.

Por último, una de las prioridades de la Comisión Técnica debería ser la reglamentación de las indicaciones para las cuales se podrían utilizar los productos derivados de cannabis y su inclusión como medicamentos en el plan obligatorio de salud (POS) para que estén disponibles a través del sistema de salud pública. “La regulación también deberá establecer controles de calidad rigurosos que garanticen que los medicamentos a base de cannabis sean seguros y eficaces”, concluye el profesor.