Un ingreso económico para cada colombiano es viable pese a los obstáculos

Según Naciones Unidas, por la distribución de los ingresos Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, pues el 40 % de sus habitantes tiene ingresos altos y medios, mientras que el 60 % son personas que: están propensas a caer en la pobreza, ya lo están, o la experimentan de forma extrema.

“Nos preguntamos qué mecanismos tiene la sociedad colombiana para enfrentar esta problemática y qué ha impedido superar la injusticia social”, señala Jennifer Porras Pabón, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

Pensando en esto, ella inició un análisis de la Constitución Política de Colombia y de conceptos como Estado social de derecho y justicia social a la luz de la filosofía política. “Encontré que la libertad es uno de los valores más considerados en la Constitución, ya que aparece en más de 16 artículos, seguido de la dignidad (9) y la igualdad (8), y constaté que sí existen mandatos y principios que propenden por condiciones justas y dignas para todos los ciudadanos”.

Con esto claro, examinó la trayectoria y las características de 20 proyectos de ley radicados en el Congreso entre 2010 y 2022, relacionados a una renta básica universal, un ingreso que sería crucial para disminuir la pobreza, pues funcionaría como un derecho similar al del voto, es decir que cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, recibiría un monto de dinero para asegurar un mínimo básico de subsistencia.

“En esta primera etapa corroboramos que aunque la medida implicaría una reorganización y redistribución de la riqueza, es absolutamente viable desde el punto de vista tanto político como económico, pero uno de los obstáculos principales el desconocimiento de los propios ciudadanos, quienes se oponen a ella aunque no la entienden”, agrega la investigadora Porras.

Los obstáculos que han hecho inviable la medida

Su factibilidad económica aumenta si se la concibe como una posible integradora de subsidios y programas sociales existentes, de manera que ayudas como Familias en Acción o Colombia Mayor se apalanquen o fusionen con ella, sin tener que proyectar gastos adicionales excesivos.

“Se sabe que bastaría con realizar ajustes en las deficiencias del sistema tributario actual y su capacidad de recaudo, lo que implicaría, por ejemplo, eliminar algunas exenciones que tienen las empresas frente a los impuestos, acelerar la actualización del catastro (impuesto a la tierra), reducir la evasión fiscal –que hoy implica pérdidas de hasta 30 billones de pesos anuales, según la Contraloría–, y terminar con la corrupción, por la que cada año se pierden cerca de 50 billones de pesos”, puntualiza.

Además, la investigación señala que aunque este es un tema discutido en el país desde inicios del siglo XXI, y que se aplica con éxito en países como Estados Unidos (Alaska) y Suiza, de los 20 proyectos que han pasado por el Congreso de Colombia solo 5 fueron anteriores a la pandemia de Covid-19, y de esos ninguno superó la fase 3 de las 13 que se deben cumplir para establecer una ley.

“Los otros 15, que se presentaron en un lapso de 2 años, fueron motivados por la emergencia sanitaria, y aun así apenas 7 lograron llegar a la fase 4 y solo uno a la 12, este último relacionado con una renta básica para mujeres cabeza de hogar, pero al final venció el tiempo para la firma presidencial y se archivó”, anota.

Entre los principales obstáculos identificados por la magíster está que “este tipo de proyectos han sido asignados a la Comisión encargada de ejecutar el gasto, olvidando que se trata de una política pública que es en esencia social, un hecho que nos demuestra que no hay una apertura real para el debate público ni legislativo, que falta voluntad y compromiso de sectores económicos públicos y privados”.

Así mismo, a partir de las reflexiones de los evaluadores de la tesis, y del acompañamiento de la profesora Mónica María Uribe Gómez, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Sede Medellín, identificó que la oposición ciudadana es otro de los retos a superar.

“Es necesario hacer pedagogía, socialización y concientización pública para intensificar el debate. Actualmente muchos ciudadanos se oponen a la propuesta pese a que esta se fundamenta completamente en la Constitución Política y tendría viabilidad económica”, finaliza.