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Política y Sociedad

Última delegación de víctimas ya está en La Habana

  • Familiares y víctimas de defensores de derechos humanos, líderes políticos y una religiosa, forman parte de la delegación que viajó a Cuba. - Fotos: Víctor Holguín / Unimedios

  • Con esta delegación, ya son 60 las víctimas que han tenido contacto de primera mano con los integrantes de la Mesa de Conversaciones en La Habana.

  • El grupo que visita la Mesa está conformado por seis hombres y seis mujeres.

  • Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia

  • Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz de la Universidad Nacional.

  • Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Familiares y víctimas de defensores de derechos humanos, líderes políticos, un sindicalista, un vocero del sector empresarial, una religiosa y un miembro del Ejército Nacional, son algunos de los integrantes de la quinta y última delegación de víctimas que viajaron a Cuba.

Los organizadores celebraron la reanudación de los diálogos de La Habana el pasado 10 de diciembre, lo que permitió el viaje de una quinta delegación de víctimas, con la cual suman 60 los delegados que han tenido contacto de primera mano con los integrantes de la Mesa de Conversaciones. 

Esta delegación estará acompañada por Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia; el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de paz de la U.N., y monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, además de otros representantes de ONU mujeres, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la U.N. 

El grupo que visita en esta ocasión la Mesa se encuentra conformado por seis hombres y seis mujeres, víctimas de diferentes frentes armados del conflicto colombiano, en el que se destaca la participación de los departamentos de Sucre y Atlántico, que asisten por primera vez. 

Con respecto a nuevos hechos victimizantes, la delegación incluye a un sobreviviente de la masacre de Chengue, en el departamento de Sucre, en donde fueron asesinados 28 pobladores a manos de grupos paramilitares, en el 2001. 

Asimismo, se visibiliza la victimización de comunidades debido a actividades vinculadas a megaproyectos mineros de compañías multinacionales y a la minería ilegal. 

El profesor Alejo Vargas afirmó que los grupos de víctimas dieron un valor especial a la mesa de negociación y que con la selección de las diferentes delegaciones se hizo un esfuerzo grande por dar representación a todas las víctimas que ha tenido el conflicto. 

Por su parte, Fabrizio Hochschild, expresó que la finalidad de las delegaciones es promover el reconocimiento de las víctimas. "Para llegar a la paz es muy importante reconocer que otros han sufrido y que la visión política de unos no es necesariamente compartida por otros", destacó. 

Agregó que estas personas demuestran coraje y una gran dignidad que les da el derecho a ser tratados como héroes, pero se observa que en ocasiones estas víctimas son insultadas y revictimizadas. 

Esta quinta y última delegación esta conformada por las siguientes personas: 

-      Jairo Barreto, coordinador de la Asociación de Víctimas de Chengue 17 de enero, la cual hace parte de la organización campesina y población desplazada, al igual que de la red de líderes con procesos de víctimas de la región de Sucre. 

-      Camilo Villa, coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, hijo de Ricardo Villa Salcedo, abogado penalista defensor de los derechos humanos, asesinado el 23 de diciembre de 1992, por paramilitares. 

-      María Susana Portela Lozada, actual alcaldesa de Florencia (Caquetá), víctima de un atentado por parte de la columna Teófilo Forero de las Farc-EP, en diciembre de 2012. 

-      Juan Manuel Hernández Sosa, retirado de la fuerza pública y víctima de un carro bomba en 2002, en San Vicente del Caguán, cuando era cabo primero del Ejército. 

-      Domingo Tovar Arrieta, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien ha sido víctima, desde 1988, de amenazas, desplazamiento, detención arbitraria y atentados por parte de varios actores armados. 

-      Gloria Cecilia Londoño, hermana religiosa, trabajadora por el reconocimiento de la dignidad de las personas y comunidades afrodescendientes y defensora de la titulación colectiva de las tierras, así como del uso de los recursos naturales y posesión del territorio. 

-      Francia Márquez, líder afrocolombiana, presidenta del Consejo Comunitario La Toma, municipio de Suárez (Cauca). Ha impulsado acciones judiciales por el respeto al derecho y la consulta previa de los pueblos étnicos afectados por el impacto del conflicto armado y por la existencia de megaproyectos en su región. 

-      Mauricio Armitage, empresario caleño, secuestrado inicialmente por las Farc en 2002 y luego, por un grupo de hombres armados en el 2008. Después de su liberación, perdonó a los secuestradores y se comprometió con actividades de reconciliación. 

-      Nilson Antonio Liz Marín, víctima de varios atentados y desplazamiento por parte de grupos armados, actualmente líder de la Junta de Acción Comunal del Tambo (Cauca) y del proceso de reparación colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). 

-      Piedad Córdoba Ruiz, dirigente política, ex senadora, fue secuestrada por paramilitares en 1999 y desde el 2000 tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvo exiliada con su familia en Canadá por persistentes amenazas de grupos contrarios a su posición política. 

-      Isabella Vernaza Paredes, víctima, junto a su familia, del primer secuestro masivo realizado por el ELN en Colombia. Actualmente trabaja en Vallenpaz, corporación que busca contribuir al logro de la paz promoviendo el desarrollo de comunidades rurales. 

-      Magda Correa de Andreis, hermana de Alfredo Correa de Andreis, ingeniero agrónomo y sociólogo, rector de la Universidad del Magdalena, quien fue asesinado en 2004. Por su homicidio, la justicia declaró la responsabilidad penal del ex director del DAS, Jorge Noguera, y del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.