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Joaquín es jornalero y padre de siete hijos (entre los 2 y los 9 años), de quienes se encarga su esposa, Josefa. Sus recursos como labriego le alcanzan para alimentar a su familia una sola vez al día, con pescado o banano.
Casos como el de esta familia son numerosos en el día a día de Tumaco, que padece problemáticas sociales y económicas a causa de una pobreza que cobija al 84% de la población (DANE). Esto pese a su tamaño y recursos "es el segundo municipio más grande en extensión de Colombia (3.760 kilómetros)".
Múltiples y complejas causas derivan en esa situación, como lo señalan los estudios del Plan Alimentario y Nutricional Indígena y Afro de Tumaco (Paniat), una iniciativa que se originó como parte de un convenio en el que intervienen la Alcaldía de Tumaco, la Fundación Global Humanitaria y el Observatorio en Seguridad y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (Obsan).
Los resultados del estudio desembocaron en una política social cuya vigencia es de diez años. Estos confirman que la falta de oportunidades, el desempleo y el conflicto armado son las principales causas.
Violencia obstaculiza el desarrollo
La falta de un puesto formal de trabajo es uno de los factores causales determinantes de la pobreza, especialmente en la zona urbana. Según los datos del Departamento Nacional de Planeación, las personas dedicadas a múltiples labores, pero que no poseen un salario fijo "como es el caso de Joaquín", suman el 71,2% de la población económicamente activa.
La violencia disminuye más aún las oportunidades laborales y el desarrollo social. La tasa de homicidios es de 128,4 personas por cada 100.000 habitantes (2010), la cual resulta exorbitante si se la compara con la nacional, que es de 36,2.
En tales circunstancias, a las cuales se añaden el desplazamiento y las carencias en materia de educación, las condiciones alimentarias y nutricionales son particularmente adversas.
En Nariño, el 16,9% de los niños menores de cinco años se encuentra en estado de desnutrición crónica o con déficit de talla. A este grupo pertenecen los cinco hijos de Joaquín.
"Si bien tenemos estos problemas, contamos con el apoyo de instituciones como Global Humanitaria, la Alcaldía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras, que les dan alimentos a algunos sectores de la población. Aun así, hay muchas otras que no han podido participar, por lo cual las adversidades persisten", declara María de los Santos Salazar, líder de la comunidad afro.
Política comunitaria
Ante esta situación, surgió desde el año 2011 el Paniat. Originalmente, la UN asesoró a la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de Tumaco, adscrita a la Alcaldía municipal. Ella formuló la política pública con la colaboración de Global Humanitaria.
Al tiempo, surgió la Escuela de Formación de Líderes Gestores y Multiplicadores en SAN, que ha formado a 61 personas que ahora están encargadas de ser veedoras de su materialización.
La profesora Sara del Castillo, líder del proyecto por parte de la UN y coordinadora del Obsan, sostiene: "Es el único plan que consulta a las comunidades. No fue difícil y, hoy por hoy, tiene el acompañamiento de la institucionalidad pública y privada, de organizaciones internacionales y, sobre todo, de los implicados: afros e indígenas".
La política espera generar empleo digno impulsando proyectos productivos y sostenibles y cualificando a la población.
Además, prevé recuperar las prácticas ancestrales de comunidades indígenas y afro relacionadas con la producción, comercialización y consumo de alimentos.
En materia de desplazamiento, que, según el Paniat, afecta a 47.197 personas, busca promover el desarrollo humano de esta población creando condiciones de dignidad a partir de buenas prácticas de alimentación. Igualmente, se enfoca en el respeto de la naturaleza y de las formas organizativas tradicionales.
En cuanto a las mujeres, los estudios de Jannet Silva sobre la realidad de las tumaqueñas (2010) arrojan datos como estos: el 70% carece de empleo; de las 57 personas muertas por causas violentas registradas (2009), 42 fueron mujeres; y el 50,8% de los casos de lesiones personales las tuvieron a ellas como víctimas.
Para contrarrestar la situación, se espera: aumentar su acceso al empleo digno; ampliar la cobertura educativa; promover comités veedores en los cuales ellas acompañen procesos comunitarios; asegurar que sean las beneficiarias y titulares directas de los programas; y afinar las acciones que garanticen su derecho a la salud.
En ese sentido, Petter Lowy, director del Instituto de Estudios del Pacífico de la UN en Tumaco, manifiesta: "Es un hito para el país pensar en una política transversal que involucra a tantas personas y organizaciones públicas y privadas. Con el compromiso directo de todas, el puerto podría resolver muchas de las falencias en materia de desnutrición y provisión de alimentos de sus comunidades. En diez años, incluso, podría convertirse en un municipio ejemplar para el país".
Así, se solucionaría o aliviaría la complicada situación de familias como la de Joaquín, que, según María de los Santos Salazar, es una constante en la población tumaqueña.
Ella, en cuanto gestora y veedora de la política, espera que, gracias a esta, más porteños puedan gozar de mejores condiciones alimentarias.
La nutricionista del Obsan en Tumaco, Catalina González, afirma: "Lo mejor de toda esta experiencia ha sido la gente, el empoderamiento comunitario e institucional. Este ha tomado tiempo, pero vale la pena, pues se ha originado un proceso local de formulación de política pública que, pese a las dificultades del contexto, reconoce los saberes ancestrales y tiene pertinencia cultural y territorial".