Tres propuestas solucionarían situación de reasentamientos en riesgo en Bogotá

El barrio Manantial es un referente de los desafíos sociales y urbanos derivados de los programas de reasentamiento en zonas de riesgo no mitigable –es decir aquellas cuyas características impiden realizar obras que mitiguen o aminoren la amenaza, o en donde no es viable hacerlas–, ya que en estos no se tuvo en cuenta la participación ciudadana y no se adaptan a sus condiciones concretas, como por ejemplo estar ubicado en una zona de pendiente montañosa.

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, para evaluar el riesgo no mitigable en la montaña se consideran varios factores relacionados con la geología, los cuales consideran la estabilidad del terreno, la presencia de fallas geológicas, los tipos de roca y su resistencia, y el historial de movimientos de tierra; además se tiene en cuenta la hidrología, estudiando el caudal y la velocidad de los ríos y quebradas cercanas, y también se analiza la actividad humana, referente al uso del suelo, infraestructura, materiales y actividades recreativas en la zona.

Teniendo en cuenta la situación del barrio Manantial, en 1999 se empezó allí el proceso de reasentamiento de 80 familias, las cuales se reubicaron en barrios de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, y algunos en Villavicencio (Meta).

Dentro de su búsqueda histórica y en entrevistas con personas residentes en Manantial, el investigador Diego Alejandro Camacho Escamilla, magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), encontró que 20 familias aún permanecen allí por voluntad propia.

El arraigo con este territorio las ha llevado a desarrollar iniciativas relacionadas con el concepto de ecobarrio, en donde han construido viviendas y zonas comunes (escaleras y espacios públicos) en materiales livianos como bambú para no hacer presión en la tierra y evitar deslizamientos, y también cuentan con huertas caseras como parte de su productividad.

Otro aspecto identificado por el magíster es que estas familias han sido reubicadas en proyectos de vivienda donde los espacios son muy reducidos, con áreas que apenas alcanzan los 30 m².

“Este cambio reduce significativamente su calidad de vida, ya que las viviendas actuales del barrio, aunque informales, ofrecen mayor amplitud y permiten albergar hasta 12 personas por familia en una sola casa. Dicha situación refleja la falta de adecuación de los proyectos de reasentamiento a las condiciones y necesidades reales de las familias, lo que genera una ruptura en sus dinámicas de vida y plantea un desafío adicional en términos de adaptación”, afirma el magíster.

Hasta ahora este barrio no se ha legalizado, pese a que estudios técnicos realizados por una reconocida universidad evidenciaron que no se encuentra en riesgo no mitigable. Lo que solicitan ahora las familias es que se tenga en cuenta este concepto para que el barrio sea legalizado por parte de la Secretaría de Planeación de Bogotá.

Posibles soluciones

Para cambiar la realidad de estas familias, el magíster de la UNAL propone tres soluciones, una de las cuales es fortalecer los procesos de participación ciudadana a través del diálogo directo y constante entre las comunidades afectadas y las entidades gubernamentales encargadas del proceso. “Aunque hoy existen marcos jurídicos que regulan los reasentamientos es crucial abrir espacios de concertación para que las necesidades de las comunidades –como los servicios públicos básicos y las infraestructuras mínimas– sean atendidas”, menciona.

La segunda alternativa es reformular la política pública de reasentamiento de manera que contemple un concepto de hábitat más amplio que el de la vivienda. Este cambio permitiría que los reasentamientos no se limiten a trasladar a las personas de un lugar a otro, sino que incluyan la posibilidad de hacer traslados colectivos respetando las características y dinámicas originales de los barrios.

La tercera propuesta sugiere actualizar los conceptos de riesgo –aprovechando las revisiones previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial– y la inclusión de políticas que permitan reasentamientos en áreas cercanas dentro del mismo territorio, lo que les permitiría a los habitantes mantener las redes sociales y económicas intactas, evitando la disrupción que conlleva el traslado a zonas periféricas de la ciudad.

Incorporar un enfoque más amplio y participativo en las políticas públicas permitiría que los programas de reasentamiento no solo garanticen la seguridad física de los habitantes, sino también su bienestar social y económico, en condiciones que respeten sus costumbres y su arraigo cultural.