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A esta y otras conclusiones llegó Cristian David Murcia Peñuela, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien analizó el proceso de implementación de este programa y su aporte a la soberanía alimentaria en el municipio de La Macarena (Meta), donde ya se ha avanzado en este aspecto con una prueba piloto en la que se han alcanzado algunos acuerdos con las comunidades.
"A un año de su implementación en La Macarena, el PNIS ha permitido que la comunidad se centre en pensar el territorio sin conflicto, sin economías ilegales y en función de alternativas desde lo alimentario", manifiesta el investigador, quien identificó, por ejemplo, que mediante este programa, que se deriva del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, se han formulado planes de atención inmediata (PAI) cuya finalidad es responder a problemas inmediatos tanto individuales como comunitarios.
En dichos planes, que forman parte del Acuerdo Municipal para la Sustitución de Cultivos al que están adscritas 65 veredas de la región, se han establecido programas de guarderías rurales, comedores escolares, programas de seguridad alimentaria y nutricional para población adulta mayor, brigadas de salud y procesos de asistencia en salud mediante brigadas masivas con profesionales del área.
Proceso lento
No obstante, el investigador también señala que estos elementos no se han garantizado y a la fecha tampoco se tiene un proceso en el cual se identifiquen las bases de estas iniciativas, los tipos de alimentos que integrarían los programas de seguridad alimentaria, su procedencia, y mucho menos su abordaje nutricional según los requerimientos. Esto se evidenció en las entrevistas realizadas con líderes sociales, delegados del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el territorio, cultivadores, no cultivadores y recolectores de hoja de coca, además de las relatorías de las asambleas territoriales que se hicieron para construir el acuerdo colectivo para implementar el PNIS.
"El proceso ha sido muy lento; hasta ahora vamos en el tercer pago, el grado de desconfianza de la gente ha sido muy grande, no se ha hecho lo de seguridad alimentaria y entonces todavía no sabemos si los pagos van a llegar; hay un gran temor por el cambio de gobierno, porque estas políticas a veces no aplican para garantizar el funcionamiento de las cosas, entonces estamos esperando, porque si el programa se realiza bien será un éxito en la región", menciona uno de los líderes sociales que participó en el estudio.
Problema complejo
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 57 % de los hogares de las zonas con presencia de cultivos de coca es pobre, muy por encima de lo registrado en los centros poblados y zonas rurales dispersas que tienen un índice de pobreza monetaria del 36 %, según la información del Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Con estos índices es comprensible que la población de La Macarena en general manifieste que depender del comercio de la hoja de coca a partir del cultivo, a pesar de las limitaciones, les ha garantizado la posibilidad de contar con recursos para adquirir alimentos de primera necesidad.
"La coca les daba la posibilidad de comprar algunos productos básicos, pero en ningún momento se ve que los campesinos hayan acumulado riqueza en torno a este cultivo, porque así como se les pagaba a los cultivadores y a los que se derivaban de esta economía, así mismo la compra de alimentos era supremamente costosa, y teniendo en cuenta la política de fumigación que se dio en su momento, ellos desistieron del cultivo de algunos alimentos por el riesgo de perder sus cosechas", comenta el investigador.
Estas condiciones afectaron directamente el tema de la soberanía alimentaria en dos aspectos: 1) los campesinos se vieron obligados a sembrar algo a lo que no estaban acostumbrados, dejando de lado los cultivos para su autoabastecimiento y 2) empezaron a invertir el dinero que ganaban en comprar alimentos externos, modificando también su dieta.
Con su vinculación al PNIS estas poblaciones han demostrado su confianza en el Estado, al vincularse a los acuerdos y al entregar información sobre el número de hectáreas cultivadas. "Se puso nuevamente en el centro del debate la necesidad de cambiar la configuración del territorio, por eso se vuelcan principalmente a plantear la necesidad de transformarlo y de que no esté dominado por la economía ilegal", comenta el investigador Murcia.
A partir de este contexto las comunidades han planteado la necesidad de desarrollar proyectos productivos como el ecoturismo y el cultivo de sacha inchi, de frutales y de alevinos en esas zonas para volver a generar una producción alimentaria local que satisficiera no solo el mercado local sino los dos municipios de cabecera más cercana, que son La Macarena y San Vicente del Caguán.