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Solo el 11 % de las viviendas de interés social son adquiridas por hogares de menores ingresos
Entre 2004 y 2019 el 11 % de las viviendas de interés social (VIS) fueron adquiridas mediante subsidios, mientras que el restante 89 % fueron compradas por familias con capacidad de endeudamiento. Fotos: Nicol Torres, Unimedios.
Entre 2004 y 2022 se licenciaron en Bogotá 722.058 unidades de vivienda, de las cuales el 50 % corresponde a VIS.
El enfoque actual de política pública privilegia la vivienda de interés prioritario (VIP), que representa solo el 4,4 % de las unidades licenciadas.
El valor máximo de una VIS en Colombia es de unos 136 millones de pesos, equivalentes a 84 smlv.
Para aplicar al subsidio se debe contar con ingresos menores a 4 smlv, es decir 5,8 millones de pesos.
Aunque en Colombia la vivienda es un derecho fundamental consagrado en el artículo 91 de la Constitución Política, en la práctica este derecho no se cumple plenamente para todos los colombianos. El reciente estudio, “¿A quién le llega la vivienda de interés social en Bogotá? Periodo 2004-2019”, desarrollado por la arquitecta Irma Arias Ruiz, magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), pone en evidencia una cruda realidad: la oferta de VIS está llegando a hogares que no son objetivo de esa política.
La investigación parte del principio constitucional que les garantiza a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, a través de planes y sistemas de financiamiento de largo plazo. Sin embargo, la autora señala que, “a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la VIS no está llegando a las familias que más la necesitan”, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿entonces a quién le está llegando realmente?
Entre los hallazgos más relevantes del estudio se encuentra que, del total de viviendas licenciadas en Bogotá entre 2004 y 2019, solo el 11 % fueron adquiridas mediante subsidios, mientras que el restante 89 % fueron compradas por familias con capacidad de endeudamiento o de inversionistas que las adquieren en el mercado, lo cual refleja una profunda ineficacia en las políticas públicas para garantizar el acceso de las familias más necesitadas.
Entre 2004 y 2022 se licenciaron en Bogotá 722.058 unidades de vivienda, de las cuales el 50 % corresponde a VIS, un porcentaje que aunque a primera vista parece significativo, al examinar la relación con los subsidios asignados surge una realidad preocupante: la mayoría de estas viviendas no fueron adquiridas por familias de bajos ingresos, sino por sectores de clase media, o como propiedades secundarias.
“La VIS está siendo producida por el sector privado, pero el acceso a ella está determinado por la capacidad de endeudamiento de los compradores, lo que automáticamente excluye a quienes más lo necesitan”, explica la investigadora. Además, un porcentaje mínimo de estas viviendas se encuentran en estratos altos (4, 5 y 6), por lo que estaría dirigida a hogares con alto poder adquisitivo, o como oferta unipersonal.
Aunque el subsidio debería ser la herramienta clave para facilitarles a las familias de menores ingresos acceder a una vivienda, en la práctica está lejos de cumplir con esta función. Según la magíster, “el trámite para acceder a un subsidio es dispendioso y exige requisitos que muchas familias vulnerables no pueden cumplir, como un contrato formal y prestaciones sociales”.
Esto significa que el subsidio está diseñado para quienes ya tienen cierta estabilidad económica, dejando fuera a quienes no cuentan con ingresos formales. Además, el enfoque actual privilegia la vivienda de interés prioritario (VIP), que representa solo el 4,4 % de las unidades licenciadas, lo que deja a muchas familias en una situación de desventaja estructural.
Otro hallazgo preocupante es que, a pesar de los avances en la distribución territorial de la VIS, los subsidios se concentran en zonas específicas de Bogotá, como Ciudad Bolívar, lo cual refuerza la segregación socioespacial, en la que los más pobres siguen siendo relegados a áreas con menos oportunidades y servicios.
“Aunque la producción de VIS se está dando en varias localidades, el acceso mediante subsidios está concentrado en las zonas más vulnerables, perpetuando la segregación social y limitando las posibilidades de integración urbana”, afirma la investigadora.
Frente a este problema, la magíster propone modificar las metodologías de subsidio y fortalecer las políticas públicas para garantizar su efectividad.
Para ello, las acciones clave incluyen: (i) revisar y actualizar los criterios de asignación de subsidios, asegurándose de que sean asequibles para las familias más vulnerables, incluso aquellas sin ingresos formales, (ii) implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las políticas de vivienda para verificar que realmente beneficien a los más necesitados, (iii) garantizar la dignidad de la VIS, ampliando su tamaño y características para que se adapte a las necesidades de las familias, especialmente aquellas de cinco o más miembros, y (iv) promover una mayor articulación entre los sectores público y privado, con regulaciones claras que prioricen el acceso equitativo a la VIS.
Bogotá es un reflejo de los retos en vivienda que enfrenta el país. Como concluye la investigadora, “el desafío más importante es garantizar la efectividad de las políticas de VIS, asegurando que cumplan con su propósito original: ofrecer una vivienda digna a las familias de menores ingresos”.
En un contexto donde el 89 % de las viviendas de interés social son adquiridas sin subsidios, y muchas de estas terminan en manos de sectores con mayor poder adquisitivo, es urgente replantear las estrategias actuales; de lo contrario, el derecho a una vivienda digna seguirá siendo un privilegio para unos pocos, en vez de ser una realidad para todos.
