Sistema de pensiones, peor que el de salud

Muchos son los que sueñan con la anhelada pensión, pero pocos los que tienen certeza de llegar a recibirla algún día. Aunque hacer los aportes pensionales es casi una obligación, ello no es garantía de recibir un ingreso razonable en la vejez, cuando ya no se está laboralmente activo.

Hoy solo el 32% de la población ocupada cotiza a pensión, lo que muestra que en un futuro habrá un gran porcentaje de población vieja y pobre, señala el profesor Óscar Rodríguez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia.

Otro dato alarmante revela que el 70% de las personas que hacen aportes bajos al sistema recibirán solo entre 1 y 2 salarios mínimos al pensionarse. De hecho, ya la situación es difícil, pues solo el 18% de los mayores de 60 años gozan de una pensión.

Es necesario tener en cuenta que el sistema de pensiones colombiano está dividido en dos componentes, el de prima media (público) y el de ahorro individual. Uno de los problemas que tuvo la modalidad pública antes de la reforma a la Ley 100 fue que no se aumentaron las cotizaciones en los años anteriores, lo que generó un agotamiento de los recursos.

Para el profesor Rodríguez, el componente público enfrenta dificultades porque las reservas se acabaron. El problema del privado es que es un sistema de alto riesgo, "se conoce cuánto se aporta, pero se desconoce el nivel pensional que se tendrá, una vez se cumpla con los requisitos de edad y el número de semanas cotizadas".

Situación laboral, responsable

Con las reformas, el problema del sistema continuó e incluso se acentuó, porque vinieron cambios en la composición del empleo. El país tiene cerca de un 60% de trabajadores en la informalidad, y un número considerable de personas contratadas por Orden de Servicio (ODS), lo que implica que ellas mismas asumen el pago de su seguridad social.

Según análisis del profesor Gilberto Barón, de la Universidad Javeriana, esas modalidades de empleo han disminuido el número de cotizantes y por ende los recursos provenientes de afiliados han mermado progresivamente. Mientras en 1999 los aportes fueron de 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2005 fueron de 0,96% y en el 2007, de 0,89%.

"La flexibilización laboral hace que se pierda el sentido de la responsabilidad compartida, en la cual jefes y empleados, conjuntamente, asumen el pago de pensión y salud", argumenta la profesora Astrid Arévalo, de la Universidad de los Andes. Entretanto, "este grupo de personas (trabajadores informales y ODS) no siempre tienen trabajo. En algunos periodos reciben buenos ingresos, en otros no. En consecuencia, no alcanzan a cotizar en el tiempo que establece la ley para pensionarse, y si lo logran, quizá obtengan una pensión muy baja que no les garantizaría una supervivencia digna", explicó.

Cálculos citados por el profesor Barón muestran que, si una persona cotiza 35 años continuos sobre un salario mínimo (SM), alcanzaría un ahorro equivalente a 168 SM. Teniendo en cuenta que para obtener una pensión se debe contar con un ahorro básico de 214 SM, el panorama es desalentador, pues no se alcanzaría a lograr el derecho a pensionarse sobre el monto proyectado. Si hay continuidad, tal vez se podría lograr una pensión por debajo del SM.

Este horizonte lo lleva a afirmar que el problema de pensiones, por su "desequilibrada" concepción del sistema, es tal vez peor que el de salud, en materia de equidad.

Detalles del sistema actual

"La generación actual está haciendo un doble esfuerzo, porque está ayudando a pagar las pensiones de personas que antes no cotizaron y está construyendo sus propias pensiones", sostiene el profesor de la Universidad Javeriana.

Desde el año 2004 las reservas del sistema público se agotaron y éste se encuentra funcionando a déficit. Las pensiones actuales se están pagando con los aportes de los cotizantes de hoy y las diferencias se están cubriendo con el presupuesto general.

Para el profesor de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez, el gasto público se ha impactado de tal forma que para el 2010 se contempla dedicar al pago de pensiones el 4,5% del PIB, lo que equivale al 17% del presupuesto.
"Si no aumenta el número de empleados formales que coticen al sistema, éste va a seguir siendo deficitario", dijo Barón, argumentando que la solución de fondo depende de una mejora en el empleo y la contratación. Y es que en el sector público la relación de empleados y pensionados es de 1 a 3, lo que explica que las cotizaciones no sean suficientes.

Una amenaza silenciosa

Los dineros de las pensiones son considerados el ahorro más importante de la economía de un país, por lo que el profesor Rodríguez critica la privatización del sistema pensional. "Hay un mercado altamente monopolizado en el que cinco fondos controlan este ahorro: Protección, Skandia, Citi Colfondos, ING Pensiones y Cesantías y BBVA Horizonte", anotó.

Rodríguez denunció, además, que se está negando el reconocimiento de pensiones a personas que han cumplido con los requisitos establecidos por la ley, argumentando inconsistencias en la fecha de nacimiento, cédulas viejas o la inexistencia de la empresa en que laboró el solicitante.

"Durante el primer semestre del 2010, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) recibió 112.718 solicitudes de pensión, aprobó 37.970 y negó 52.490, mientras que los fondos privados aprobaron 36.466 y rechazaron 44.450 solicitudes. Esto significa que, por cada tres personas que logran una pensión, el ISS rechaza cuatro. En los fondos, por cada cuatro que la obtienen se la niegan a cinco", indicó.

Esta es la situación actual, pero se prevé una más difícil para las generaciones venideras. Frente a ello, Rodríguez insiste en que el Estado debe garantizar una pensión mínima a todas las personas mayores de 60 años, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.

Los investigadores de las universidades Nacional, Javeriana y Los Andes coinciden en que la crisis pensional solo puede resolverse mejorando las condiciones laborales.

Mientras la solución llega, las finanzas pensionales de la población se ven bordeadas por una amenaza silenciosa, en un tema del que las autoridades prefieren no hablar, tal vez por la misma complejidad que encarna.