Sin matriz de riesgo, prevención en procesos de contratación pública es casi nula

La gestión de riesgo en los contratos es una herramienta que las empresas del Estado deben utilizar para identificar y evaluar la integridad de la contratación estatal durante un periodo de vigencia. Dicha acción se establece en la matriz de riesgo, es decir “la obligación del contratado y el contratante”, que se modifica o cancela solo si se presenta una situación extraordinaria.

Dicha matriz de riesgo evalúa las actividades del contratista cuando existen incumplimientos, demoras, o errores, y también califica los pagos oportunos, las condiciones, los financiamientos o la liquidez que debe asumir la entidad o empresa estatal.

El administrador de empresas Duván Andrés Cruz Reina, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, analizó las falencias que las entidades por normatividad deben publicar la matriz de riesgo en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP I) y estableció las principales variables de riesgo, que si se aplican pueden disminuir los índices de corrupción en los procesos de contratación de Caldas.

Para ello, el investigador introdujo una base de datos de 65.537 contratos registrados entre el 2018 al 2021 en el SECOP I, que, mediante una base de datos creada en Excel, se identificó que, del total del inventario, tan solo 398 convenios hacían uso de una matriz de riesgo.

Después clasificó de 0 a 100 cuántos de los contratos que tienen una matriz de riesgo realmente la aplicaban, e identificó 165 contratos, que sumaban 109.000 millones de pesos para su ejecución; de estos apenas 38 lo aplicaron en un 50 %, 67 en un 10 % y los demás no lo hicieron.

Se estableció que, entre los posibles riesgos de corrupción, el 36 % corresponde al sector de la construcción, 8 % a de la salud, 7 % al del trasporte y 2 % al de servicios alimenticios; el 47 % restante no tiene una clasificación específica.

Los porcentajes se analizaron en 4 componentes según el tipo de riesgo, por acción o por omisión, uso del poder, desvío de la gestión de lo público y el beneficio privado; de allí, un 10 % equivale a 107 posibles casos de 59 contratos, los cuales tuvieron un valor estimado de 27.000 millones de pesos.

Entre las “modalidades de selección de contrato” en Caldas 17 correspondieron a mínima cuantía, 13 selección abreviada, 12 a concurso abierto a méritos, 10 a licitación pública y 7 a contratación directa.

Algunos casos de los 27 municipios de Caldas son: (i) la licitación pública de los Hospitales San Juan de Río Sucio y San Félix de la Dorada y la Alcaldía municipal de la Merced, (ii) por mínima cuantía, como la construcción de obras transversales de acueducto entre la vía Arcón y San Joaquín en el municipio de Supía y las obras de adecuación del espacio físico de la Alcaldía de Marquetalia, y (iii) moras de pago en la compra de pines con logos institucionales por parte de la Alcaldía de Manizales.

“El objetivo de este análisis es determinar la necesidad de migrar al Secop II los datos registrados en el Secop I, y sobre todo invertir recursos financieros, humanos, tecnológicos, entre otros, en este sistema para mejorarlo, ya que en este solo se publican los documentos requeridos desde la planeación de un proyecto hasta su liquidación, mientras en el segundo nivel se crea, se evalúa y se adjudica el contrato de forma segura a una vista pública para dar seguimiento a los casos”, menciona el administrador Cruz.

Señala además que “el país requiere de una reforma a la normativa de la contratación pública, en especial los regímenes especiales cuando haya contratos inteligentes, con la incorporación del blockchain ‘sistemas de control de riesgos de ciberseguridad’, un servicio de garantía para identificar cada movimiento económico o modificación de un papel o dato, para mejorar el control interno administrativo”.

Por eso, concluye que de los 398 contratos consultados, 128 no anexaron la matriz de riesgo, como lo establece la Ley 1150 de 2007. Al sector de la construcción –que en Caldas ocupa el primer lugar por licitaciones superiores a los 4.000 millones de pesos– no se le exige la publicación de la matriz de riesgo de contratación en el Secop.

“Así se abre una puerta para que los corruptos puedan actuar, pues las cinco leyes anticorrupción que hoy rigen en Colombia no son suficientes para un control total”, finaliza el magíster Cruz.