Seguridad territorial en el Caribe, un desafío para el posacuerdo

Así se refirió al posconflicto en el Caribe colombiano el profesor Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de la Cartagena, durante el VI Foro sobre el Posconflicto en el Caribe Colombiano, organizado por esta institución y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, con la participación de la Fundación Canal del Dique, Planeta Paz y el Observatorio Montes de María.

En el evento se analizaron los puntos de las políticas públicas del posacuerdo que no se han cumplido y se formuló una serie de recomendaciones que serán compiladas en un libro y presentadas a los organismos de Gobierno como parte de las memorias del conflicto armado.

Se discutieron además los logros y las dificultades que después de cinco años ha experimentado la implementación de los acuerdos celebrados en 2016 entre las FARC y el Gobierno.

El objetivo esencial del Foro fue construir una alianza estratégica entre la academia, la sociedad civil (movimientos, organizaciones sociales, iglesias), los gobiernos territoriales, la cooperación internacional y el Estado, para establecer un consenso alrededor de la implementación del Acuerdo a partir de las dinámicas territoriales en el Caribe colombiano.

El profesor Amaranto considera que “aunque varios puntos han tenido dificultades para su implementación, se debe avanzar tanto en los procesos como en la transformación y generación de políticas públicas para lograr el desarrollo de la reforma rural integral, la jurisdicción agraria y la formalización de tierras. En especial, se deben reorientar los PDET, de manera que pasen de ser pequeñas obras para convertirse en un desarrollo rural territorial integral con un enfoque de catastro multipropósito como base para la restitución de tierras”.

Con este propósito, durante estos cinco años han participado académicos de las Universidades del Norte, del Rosario y del Atlántico, además de la Escuela Normal Superior de los Montes de María y miembros de movimientos sociales y populares.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones formuladas por los participantes en el Foro están: reforzar la visión de la seguridad que se tiene en estas zonas para impedir el ejercicio armado de grupos delincuenciales organizados, y establecer un consenso con las comunidades implicadas que permita un avance para la erradicación sin afectar su bienestar.

“El acuerdo relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, que da un énfasis particular a la participación de las comunidades, no ha logrado un desarrollo importante y se ha mantenido como un detonante de conflictos y violencia”, sostienen los académicos.

Al respecto, el profesor Raúl Román, director del Centro de Pensamiento Caribe de la UNAL, considera que “esto requiere una reorientación política para la sustitución de estos cultivos”.

“Es inaplazable poner en marcha la jurisdicción agraria llamada a resolver los conflictos agrarios y ambientales en la ocupación y tenencia de la tierra, como por ejemplo el uso del agua en el Distrito de Riego en María La Baja por parte de los palmicultores. Así mismo, los efectos ambientales de las 20 licencias para exploración y explotación de gas”.

“La inseguridad se ha profundizado como consecuencia del asesinato de los líderes sociales que no encuentran ninguna protección por parte del Estado y que ya se convierte en un tema recurrente, buscando borrar de la memoria los acontecimientos sucedidos todos estos años durante el conflicto”, menciona el profesor Román.

Por su parte, el profesor Daniels indica que “la territorialización del Acuerdo desde los Planes de Desarrollo Departamental y municipal aprobados en 2020 ameritan un viraje en la perspectiva de formular y ejecutar políticas públicas territoriales en dos niveles: 1) dar respuesta a los factores estructurales que originan la violencia asociada con el conflicto armado, y 2) transformar creativamente los conflictos en aras de instrumentalizar la construcción de paz como una respuesta integral a esos factores que reproducen la violencia en el Caribe colombiano”.

“De particular interés son los aprendizajes de los Programas de Desarrollo y Paz, los avances de iniciativas como la Agenda Común para la Paz desde los territorios y demás procesos impulsados por la cooperación internacional, cuyos saldos pedagógicos en la región son insumos valiosos para afianzar el posacuerdo”.

Por último, se propone evidenciar cómo las diferentes políticas y programas desplegados por el Estado chocan u omiten la naturaleza del ordenamiento social, político, económico y cultural, el cual refleja el tipo de normas, valores comunes e instituciones que constituyen la base para las relaciones en el interior de la sociedad caribeña, además de su afianzamiento a lo largo del tiempo.