San Andrés Islas: soberanía y petróleo

Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos durante el Consejo para la Prosperidad en San Andrés Islas el pasado 1 de octubre, sobre la renuncia a la exploración y explotación de petróleo y gas en la cuenca de Los Cayos, dejaron una serie de preguntas sobre el rumbo de su política energética, ambiental, administrativa y del ejercicio soberano a la luz de los recientes reclamos territoriales por parte del Estado nicaragüense.

Para nadie es secreto que, además de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), otros actores en defensa del recurso ambiental han sustentado la inviabilidad del desarrollo minero-energético en este tipo de regiones.

Antecedentes como el pozo Macondo y el derrame de crudo en el Golfo de México por British Petroleum (BP), en el 2010, justifican renunciar a cualquier vocación extractiva en dichos ambientes. Pero las declaraciones del Presidente no necesariamente reflejan legitimidad sobre el futuro energético que podría significar el área territorial de San Andrés y Providencia. Que gran parte de la población isleña desconozca el problema la hace susceptible a manipulaciones bajo visiones pseudotecnicistas o políticas de algunos dirigentes.

En primera instancia, hay que recordar que el Gobierno colombiano inició prácticas exploratorias para legitimar su ejercicio soberano en el archipiélago a raíz de las reclamaciones territoriales de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, presionada por líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una vez el régimen dictatorial de Anastasio Somoza cayó a finales de los años 70. Por eso, entre 1979 y 1982 se levantaron varios programas sísmicos con el fin de contribuir al conocimiento integral de esta parte del territorio, más allá de hallazgos de petróleo y gas.

La información adquirida permitió conocer aspectos de su evolución, composición y naturaleza geológica, esenciales para abordar dos problemáticas que podrían limitar su desarrollo y vocación turística: el retroceso de acuíferos y la contaminación de su entorno.

Desde entonces, el ejercicio de poder del Estado no solo contribuyó a la búsqueda de soluciones a sus dilemas actuales, sino que disuadió por un tiempo a Nicaragua de cualquier pretensión, a pesar de declarar unilateralmente la nulidad e invalidez del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.

Soberanía vigente

Un legado de movimientos populistas, haciendo uso de sus sentimientos nacionalistas, atiza causas territoriales para sostener a políticos de turno. En los últimos gobiernos, en particular el de Daniel Ortega, a pesar del retroceso económico y social de la nación centroamericana, se fundamentó como caballo de batalla los reclamos sobre derechos territoriales no solo con Costa Rica y Honduras, sino también con Colombia.

La estrategia del Estado colombiano varió desde el 2001; inicialmente desconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y luego, con fuertes sustentos legales (ver recuadro) hizo valer el Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, por medio del cual mantiene sus garantías y vigencia sobre el territorio marítimo limítrofe.

En el 2009, esa Corte se pronunció en el sentido de reconocer jurisdicción en el tema y, aunque reconoce derechos plenos sobre los territorios insulares a Colombia, entre ellos las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también dejó abierto el potencial reconocimiento de áreas a Nicaragua al oriente del meridiano 82.

El tema legal aún no termina. Si bien los pronunciamientos del Presidente Santos pueden interpretarse como el interés de Colombia de administrar bien sus recursos naturales, en concordancia con sus actuales políticas "por ejemplo la ambiental", también envía potenciales mensajes equívocos a La Haya y al Estado nicaragüense.

En conexión con la política energética, y a propósito de la necesidad de garantizar recursos de autosuficiencia y excedencia fiscal, el Gobierno colombiano ha realizado durante la última década ingentes esfuerzos por identificar nuevos recursos hidrocarburíferos en regiones de frontera. En esas zonas, aunque no se han comprobado antecedentes sobre ocurrencias de petróleo y gas, el potencial es significativo.

En busca de legitimidad

Al menos en teoría, la cuenca de Los Cayos contendría cerca de 6.000 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), pero confirmarlo exige no solo nueva sísmica, sino comprobar la existencia de sistemas petrolíferos mediante la perforación de pozos. Así que explorar y estudiar el subsuelo tienen el mismo contexto semántico, técnico y económico. Ello implicará invertir importantes recursos para ejecutar programas sísmicos o perforar pozos, haya o no petróleo.

Bajo la actual política de hidrocarburos, dichas actividades son realizadas a riesgo propio de compañías petroleras, en figuras contractuales que anteceden la explotación entre 3 y 6 años, y que reconocen el respeto ambiental de áreas protegidas y consultas sociales debidamente protocolizadas.

En ese sentido, la inversión de la Nación para conocer el entorno territorial y el subsuelo podrían ser priorizados a otros frentes sociales como educación, infraestructura o salud, dejando parcialmente su evaluación a la industria petrolera.

Precisamente, a través de licitación pública, el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), asignó dos bloques para explorar un segmento del límite occidental de la cuenca de Los Cayos a la empresa privada Repsol y nuestra estatal Ecopetrol.

Esa zona colombiana ha sido ofrecida por el Gobierno de Nicaragua a compañías petroleras, lo que sugiere la búsqueda de legitimidad con menosprecio a nuestra soberanía.

Dicha nación entiende que, aun cuando su incipiente industria y economía requiere tan solo una décima parte del petróleo que consume Colombia, algún hallazgo que convoque en su estrategia de reclamo no solo garantizará legitimidad, sino también nuevas fuentes de recursos fiscales y una autosuficiencia energética que no posee.

A las buenas intenciones ambientales de Santos, potencialmente aprovechables por Nicaragua, entra en juego la sostenibilidad y adecuado cuidado del territorio insular. La vasta región exige importantes recursos económicos para entender sus ecosistemas, inventariar su diversidad y emprender políticas de cuidado y recuperación. Sin embargo, es reducido el capital que llega a entidades como Coralina, por lo cual no se garantiza la sostenibilidad de programas investigativos en la región.

Vulnerable

Aunque existe control demográfico, su vocación turística está llevando esos territorios a extremos no conocidos. Por ejemplo, la sobreexplotación de los acuíferos en San Andrés o la exagerada generación de basura y lixiviados exigen mayores estudios científicos y herramientas tecnológicas para controlar su interacción con el entorno.

Esto exige recursos, difícilmente comprometidos en el discurso del Presidente, so pena de quitarlos a otras regiones necesitadas del país. Así que, si en términos energéticos esas palabras son desesperanzadoras, en términos ambientales son mucho menos convincentes.

Administrativamente, el choque institucional entre las políticas del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y la Cancillería puso en evidencia desorden y vicios de política populista que alcanza a sombrear la gestión incluso de los órganos de control.

Por un lado, la ANH evidencia en sus comunicados que los bloques licitados en ningún momento comprometen áreas de sensibilidad ambiental como la reserva caribeña Seaflower, y que su gestión técnica se apegó a consultas con diferentes instituciones del Estado, entre ellas Minambiente.

Por su parte, Coralina alega que la ANH formalizó ambas concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos sin las consultas legales correspondientes, por ejemplo las comunidades de pescadores del archipiélago.

Entretanto, el Ministerio del Interior poco ha hecho por aclarar los alcances del ejercicio exploratorio y, según algunos isleños, mantiene una sombra de incapacidad para liderar con las comunidades de raizales procesos de consulta basados en apropiación de conceptos técnicos y respeto lingüístico. Todo un cultivo de factores que pueden ser aprovechados políticamente a costa del desconocimiento temático en los habitantes insulares.

A pesar de tanta adversidad, podrían aparecer alternativas que reivindiquen la salida en falso del gobierno Santos. Una de ellas la inició hace algunos años el Gobierno ecuatoriano basada en un discurso que compromete gestión interna y externa, y que involucra medioambiente, recursos naturales, comunidades y su marco administrativo.

En su cuenca amazónica, sobre territorio Yasumí, una tierra rica en biodiversidad y asiento de las comunidades Waorani, se ha estimado un recurso potencial que alcanza los 900 millones de barriles. En asocio con las ONG, ese país emprendió la conquista de un nuevo escenario: proponer ante organismos internacionales multilaterales como la ONU la no explotación de petróleo a cambio de recibir al menos la mitad de su valor económico explotable.

Las negociaciones han estado orientadas a usar dichos recursos para cuidar y estudiar la región. Si ponemos en consideración la responsabilidad de todos para el cuidado de la cuenca de Los Cayos, similar ejemplo permitiría abordar la sostenibilidad socioambiental de este territorio colombiano.