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A esta conclusión llegó Sebastián Camilo Malpica Cárdenas, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), después de explorar el impacto de la restitución de tierras en la reestabilización socioeconómica de la población víctima del conflicto armado y el desplazamiento forzado, a través del estudio de caso de los habitantes del municipio de La Palma, en Cundinamarca.
Según explica el investigador, las evaluaciones de impacto son un proceso complicado de evidencias, porque las políticas públicas son instrumentos de planeación que se formulan a un largo plazo, y para transformar la condición de las personas en las cuales se interviene se pueden tardar hasta 20 años en mostrar sus efectos. A pesar de esto se intentó hacer una aproximación a los impactos obtenidos con la restitución de tierras hasta el momento.
"Lo primero que hicimos fue revisar qué información teníamos en cuanto al universo de personas cuyas propiedades habían sido restituidas, para saber si podíamos determinar una relación causal entre su condición antes y después de acceder a estas políticas de Estado", explica el magíster. Para esto revisó las sentencias que expide la Unidad de Restitución de Tierras a través de su página web.
Dicha información permitió identificar que efectivamente el municipio de La Palma ha sido uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado y la violencia, lo que llevó a su población al desplazamiento forzado. "En La Palma había una mayor proliferación de sentencias favorables, en las que la Unidad otorgaba nuevamente el derecho sobre el uso y la explotación de los predios a las personas desplazadas", comenta el investigador Malpica.
Grupos de estudio
Después de identificar la base de datos de la población de este municipio beneficiada con esta iniciativa del Gobierno, el investigador realizó "con el profesor Francesco Bogliacino y otra compañera de la Maestría" un trabajo de campo para conocer directamente lo que sucedía en La Palma.
Bajo estándares éticos en los que se evitara la revictimización de la población con la que se adelantó el estudio, se partió de talleres de sensibilización con un grupo organizado de víctimas de la vereda Hinche Alto, y otro de mujeres que ha trabajado a nivel de colectivo para acceder a distintos programas y a la oferta institucional que existe en materia de restitución y restablecimiento de derechos en la región.
"Logramos establecer además un grupo de tratamiento contrafactual, y eso nos permitió encontrar personas que también habían sido víctimas, que tenían unas condiciones sociodemograficas parecidas a las que habían sido restituidas", detalla el magíster. Cuando se establecieron los dos grupos de víctimas "restituidas y no restituidas" se realizaría un comparativo mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada a más de 100 personas.
El investigador recolectó y analizó información sobre los ejes principales de la política pública de víctimas establecidos en la Ley 1448 de 2011, que deben garantizarse para reparar integralmente a una víctima y llevarla a un estado de superación de toda vulnerabilidad causada por el conflicto, relacionados con temas como la seguridad alimentaria, el acceso tanto a crédito como a acciones comunitarias y la generación de sus propios ingresos, entre otras.
Positivo, pero falta
Econométrica y estadísticamente se encontró que en temas como la seguridad alimentaria resulta significativo acceder a restitución de tierras. "Al tenerla disponible para cultivar se garantiza el acceso a alimentos, aunque la variedad sea poca", apunta el investigador.
Algo similar ocurre en aspectos como la capacidad de ahorro, porque esta población, que tiene bajos ingresos, logra destinar una mayor proporción de estos a temas de ahorro pues tienen que acceder a algunos productos y servicios en menor proporción que quienes no tienen un predio restituido.
A pesar de las limitaciones metodológicas y el carácter preliminar de estos datos, fue posible afirmar que la restitución tiene un impacto desarticulado sobre la reestabilización socioeconómica de la población víctima; así mismo los resultados positivos no resultan significativos para temas como generación de ingresos, acceso a crédito, aspiraciones y acción comunitaria.
Por eso la restitución plantea retos importantes en política pública, ya que se debe acompañar de estrategias de distinta índole que incorporen en su desarrollo la participación de las comunidades retornadas en estrategias de empleo y liderazgo, entre otras.