Relaciones internacionales enfocadas solo en el turismo afectan desarrollo de San Andrés
El politólogo Duván Fernando Ramírez, candidato magíster en Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), mostró que la paradiplomacia, actividad diplomática que llevan gobiernos subnacionales o autónomos, se ubica en un grado intermedio.
Llegó a este resultado luego de aplicar el Índice de Realización de la Paradiplomacia compuesto por los procesos para implementar la paradiplomacia, la capacidad de establecer y mantener relaciones con actores internacionales y los resultados logrados gracias a esta actividad.
Con este índice evidenció que el Archipiélago se encuentra un nivel intermedio con un valor de 0,58 –donde 0,3 o menos es bajo y 0,85 o más es alto–, principalmente por la poca capacidad para llevar a cabo actividades de relaciones internacionales, la ausencia de dependencias para abordar la paradiplomacia y el poco interés para captar recursos de Inversión Extranjera Directa (IED) para otras áreas diferentes a la infraestructura hotelera.
“El relacionamiento internacional responde a intereses del sector turístico lo que no contribuye a otros factores que generen valor agregado como la formación del capital humano a través de la educación o la inversión científica, así como las exportaciones”, asegura el investigador.
Para él, esta situación impide el desarrollo interno (o endógeno). La competitividad es fundamental para medirlo, por lo que se deben tener en cuenta factores como la exportación, la intensidad tecnológica y la productividad.
“En los datos obtenidos la competitividad tiene un nivel negativo por el marginal y casi ausente peso de las exportaciones, que con un comportamiento decreciente registra caídas del 45 % en el 2016 y del 99,2 % en 2019”, anota el experto.
Tomando como punto de partida el Fallo de la Haya en 2012, cuando Colombia perdió hasta tres partes del territorio marítimo, el investigador analizó las 6 dimensiones de la participación ciudadana: construcción de capacidades, información, atención al ciudadano, involucramiento, colaboración, y acción colectiva del pueblo raizal, principalmente del movimiento Archipielago Movement for Ethnic Native Self-Determination (AMEN-SD), para entender cuáles son los problemas en las instituciones del departamento.
Por ejemplo, para la dimensión de información encontró que, a pesar de los canales de divulgación como la prensa y la radio para que la ciudadanía se informe, existen falencias en la sistematización de la misma. Los datos deficientes y la ausencia de un apartado en la página web para la paradiplomacia impide que las personas se informen sobre los convenios, proyectos de cooperación o intercambios internacionales.
Adicional, partiendo del Índice de Transparencia Departamental, una escala de corrupción donde 100 es un nivel bajo y 0 uno alto, indica que la Gobernación se encuentra en un alto riesgo de corrupción (50,2), siendo los factores de riesgo la visibilidad, la institucionalidad, y el control y sanción.
“Las principales alarmas están el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) con una calificación de 47,8/100 que demuestra la poca capacidad para dar un servicio efectivo al ciudadano, por ejemplo, las respuestas a los derechos de petición”, añade.
Pese a que dichas deficiencias institucionales dificultan la vinculación de los movimientos raizales en escenarios internacionales, de 2012 a 2020, AMEN-SD logró llevar sus necesidades a reuniones con la Organización de las Naciones Unidas, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
“A pesar de no tener canales institucionales para establecer vínculos, el pueblo étnico raizal, por sus particularidades y ser un pueblo transfronterizo es capaz de participar en escenarios internacionales casi que de manera autónoma”, expresa.
Para el politólogo, una de las muestras de la dependencia al sector turístico son los pocos convenios internacionales firmados para otros fines. “Hay siete convenios vigentes y solo tres de ellos tienen un fin ambiental. Pero también está la poca voluntad para captar recursos de cooperación internacional, desde 2012 se ha percibido mediante la modalidad no reembolsable un monto de 1,1 millones de dólares para la financiación de 43 proyectos, lo que representa el 0,2 % del total nacional, siendo el departamento con menor registro de cooperación internacional”.
Por eso, es fundamental fortalecer la participación ciudadana. “Estos deben ser vinculantes y un trabajo conjunto con las autoridades, porque la paradiplomacia tiene dificultades de recursos humanos, de tiempo y financieros y la poca diversificación de la agenda internacional, donde las necesidades de las comunidades raizales tienen poca presencia”.
En su opinión, por ejemplo, hay que fortalecer escenarios de tomas de decisiones como emancipation week -semana de la emancipación- donde se invitan expertos nacionales e internacionales y es importante porque se demuestra la gestión de los conocimientos locales.