Relación entre violencia armada y minería en Colombia se prueba desde la estadística

La relación entre la violencia y la minería que desde hace décadas se presenta en los territorios se constató por medio de análisis estadísticos y programación.

Esteban Mauricio Espinosa, estudiante de la Maestría en Ciencias con énfasis en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), buscó estas relaciones tejidas entre 2007 y 2015, lo cual sirve para poner sobre la mesa la discusión del efecto de intereses económicos minero-energéticos y su influencia en la dinámica del conflicto armado.

La problemática ya ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional, movimiento presente en más de 150 países que trabaja para que en las regiones se respeten los derechos humanos, y que en 2011 indicó que el crecimiento minero en Colombia debía ser leído y analizado a partir del carácter determinante del conflicto armado, y no solo desde la actividad productiva.

Usando las bases de datos tanto del Registro Único de Víctimas (RUV) como de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Producción Minero Energética (UPME), el investigador construyó un mapeo de los municipios de Colombia en donde más se ha presentado violencia por el conflicto armado entre 2007 y 2015, y las cifras de explotación minera de oro y carbón legal en las zonas.

Así mismo, con el programa estadístico y de programación RStudio, organizó la información por medio de ciertas variables relacionadas con el número de desplazados, homicidios, toneladas de oro y carbón, y obtuvo estadísticas de todos los datos por medio de puntos clave indicados en el mapa de Colombia que arrojaban resultados sobre la problemática.

“Algo muy interesante es el tiempo promedio en que se empiezan a ver los cambios en el crecimiento de la extracción de oro y carbón en los territorios: mientras en unos se podía demorar varios años después del desplazamiento, en otros como Tumaco y Barbacoas, en Nariño, o algunas zonas de Chocó y Antioquia, el proceso se daba solo un año después”, asegura.

Además del mapeo, el investigador utilizó “regresiones funcionales”, una técnica que determina la asociación entre los aumentos o picos de desplazamiento forzado y los homicidios en los municipios, con la explotación de minerales; este método extrae los datos de manera más precisa gracias al “suavizamiento de la información”, el cual elimina información que no sirve al análisis.

“En estos territorios se han venido dando denuncias, añadidas incluso en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, que no se han tenido en cuenta del todo, y que por medio de estos análisis pueden tener una mayor difusión, como por ejemplo la que relacionaba directamente a las multinacionales mineras en el Cesar con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o con el Bloque Central Bolívar del mismo grupo armado”, explica el investigador.

Indica además que análisis que rastreen de 2015 a 2022 podrían hacer que las relaciones se consoliden más, arrojando luces sobre el patrón geográfico que esto significa y brindando una herramienta para atacar el problema de manera más clara y precisa.

Entre enero y septiembre de 2021 se registró una producción de oro de 34,9 toneladas con Antioquia como líder, con el 77,5 % del total nacional. Por otro lado, en ese mismo tiempo el carbón generó 12,9 millones de toneladas y representó casi el 52 % del PIB minero en el país, el cual se potencia con megaproyectos como la mina de El Cerrejón, en La Guajira, que cada año produce más de 20 toneladas del metal precioso.

Además, en los primeros 6 meses de 2022 hubo en el país un desplazamiento de 70.000 personas, la desaparición de 61 ciudadanos y 377 víctimas de artefactos explosivos. Los departamentos más golpeados fueron Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca y Chocó.

Lo datos evidencian que este es un problema vigente que se debe profundizar con más investigaciones que, mediante análisis estadísticos, sigan develando las relaciones fuertes entre estos campos, que hoy siguen perjudicando a miles de familias del país.