Regalías para ciencia y tecnología, ¿realidad o ficción?

El 10% del total de las regalías anuales que la ley destina para actividades de ciencia, tecnología e innovación (CT+I) representa un salto considerable en los montos que el Gobierno y el sector privado aportan. En los últimos años, esta suma ha variado entre un 0,38% y un 0,5% del PIB total (como muestra el gráfico 1).

Con los nuevos dineros, en 2012 se alcanzará un 0,6% del PIB (790 mil millones de pesos), proporción que tenderá a mantenerse durante el resto de la década, con una leve disminución al final. Todo dependerá del comportamiento de variables macroeconómicas locales, como el crecimiento de la economía, tasa de cambio e inflación.

Pero los factores principales de oscilación de las cifras están ligados, desde luego, al comportamiento de la economía mundial y de los precios de los productos mineros y energéticos. Como se sabe, estos fluctuarán según variables políticas, el desenlace de la recesión mundial y de la creciente especulación en los mercados de materias primas.

Adicionalmente, como lo ha mostrado la reciente crisis de Colciencias, pareciera que el gobierno del presidente Santos tiene la tentación de eliminar partidas del presupuesto central destinadas a financiar actividades de CT+I. Y esto con el argumento de que pueden ser cubiertas por los nuevos recursos de las regalías.

Esquema de reparto

Tal vez la mayor incertidumbre acerca del efecto real que el nuevo sistema puede tener reside en el esquema definido para la utilización de los nuevos dineros, que serán manejados por conducto del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los criterios para repartir las regalías (para esparcir la mermelada en la tostada, según el ministro de Hacienda) obedecieron al propósito de atender necesidades planteadas por la situación económica y social de los municipios y regiones de Colombia. Si bien este es un propósito loable en términos de la superación de desigualdades regionales y condiciones de pobreza y desarrollo, no es clara su pertinencia en relación con las actividades de CT+I.

Y es que al repartirse según estos criterios, regiones del país que no cuentan con la infraestructura ni con el talento humano necesario y suficiente para la investigación y la innovación (capacidad baja y nula) serán los mayores receptores de recursos; como es el caso del departamento de Córdoba, que se llevó la partida más grande. En contraste, regiones como Antioquia o Santander, entre otras, que han desarrollado los dos aspectos (capacidad alta), quedarán relegadas a posiciones secundarias en el reparto (véase el gráfico 2).

Y no se trata de perpetuar las tradicionales desigualdades regionales, sino de dar el mejor manejo posible a los dineros. Es deseable la conformación de un sistema nacional de innovación en el que las regiones tengan lugar destacado. Pero, para investigar e innovar, se requiere desarrollar y acumular previamente capacidades propias de esas actividades. Y esto se logra tan solo mediante la formación e investigación académica y la experiencia en laboratorios y empresas a lo largo del tiempo, a lo cual, sin duda, se deben destinar nuevos recursos. Sin embargo, mientras eso se alcanza, lo que puede pasar es que parte de los fondos se desaprovechen.

Destino de los recursos

Un elemento adicional para tener escasa confianza en los frutos que pueda arrojar el flujo adicional de dinero lo constituye la manera como se definirá su utilización en proyectos específicos, los cuales, por lo demás, deberán orientarse prioritariamente al desarrollo de la innovación para la competitividad. Este propósito es deseable para la inserción del país en los mercados internacionales, pero es resultado del esfuerzo primario en investigación científica y tecnológica y en el desarrollo de capacidades de las organizaciones productivas. El riesgo consiste, pues, en que no se logre ninguno de los objetivos perseguidos, al quedar la ciencia y la tecnología relegadas.

Para aprobar la asignación de recursos a proyectos que sean presentados por los departamentos, la reglamentación establece que habrá un gran comité nacional (Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación "OCAD"). Estará conformado por cuatro universidades públicas y dos privadas, tres ministros, un representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP), uno de Colciencias y siete gobernadores (uno por cada región en que se dividió el país).

Este esquema de asignación bien puede contribuir mucho a resolver problemas locales. Pero también puede derivar en la atomización de los esfuerzos y relegar al olvido la formulación de estrategias de investigación que se articulen en programas nacionales de ciencias básicas, sociales y aplicadas que estén enfocados en hallar soluciones para los grandes problemas transversales o en posicionar campos del conocimiento claves, justamente en el contexto internacional.

Desde otra perspectiva, el Gobierno nacional ha querido centralizar en la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, presidida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como en el OCAD nacional, su gestión y el diseño de la política. Así, busca evitar la dispersión y el despilfarro que, en el pasado, se presentó en las regiones productoras. No obstante, el sistema no está del todo blindado; y la presencia política y de intereses particulares locales siempre será un riesgo latente, dada la conformación de los órganos decisorios en sus diferentes niveles.

Lo que viene

Los primeros años de aplicación de la reforma serán, sin duda, de experimentación de las nuevas reglas de juego. Se probará la bondad del esquema de reparto y la capacidad de gestión del entramado institucional. Se requerirá más tiempo para evaluar su impacto real en la producción de conocimiento y en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Entretanto, la comunidad científica y tecnológica deberá estar atenta para exigir que se modifique aquello que no funcione o se cambie lo que definitivamente sea perjudicial.