Reformas normativas en la educación superior deben tener en cuenta los gastos reales de las IES

Hace 30 años había 150.000 estudiantes adscritos a la educación superior y hoy son alrededor de 650.000, una cifra que se estima se incrementará ante los anuncios del Gobierno de habilitar 500 cupos más, ello a pesar de que existe un déficit presupuestal de 18,2 billones de pesos anuales.

Por eso, una de las metas del actual gobierno para el presente año es lograr una reforma que ninguno de los gobiernos anteriores pudo sacar adelante: cambiar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que define el dinero que destina el Estado a las IES.

Para analizar esta preocupante situación, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales desarrolló el foro “Retos y consideraciones al modelo educativo establecido por la Ley 30”, el cual contó con la participación de Andrés Felipe Mora, director de Fomento del Viceministerio de Educación Superior; el profesor Neil Guerrero González, vicerrector de la UNAL Sede Manizales; y el estudiante de Ingeniería Civil Santiago Wagenaars, como vocero del Comité de Representantes Estudiantiles.

Según el experto Mora, una de las ventajas de la Ley 30 es que les permite a las IES tener una autonomía de los recursos financieros otorgados por ley, sin depender de la decisión del Gobierno sobre en qué se invertirán.

De otra parte, un aspecto conflictivo está en el poco aumento a la base presupuestal, en el cual se establecía un monto o crecimiento anual para solventar las necesidades de cada universidad que solo se ha dado en un 11,8 % para las 34 IES públicas del país.

“Mejorar las condiciones de la educación superior para los artículos 86 y 87 de la Ley 30 no es netamente un carácter económico o un problema contable, sino que es algo que se da bajo un modelo político, cuando se mira realmente en qué se va a invertir y cuánto se necesita para cumplir con los aspectos misionales de cada institución”, mencionó el funcionario.

Así, si se quisiera pensar en un modelo alternativo a la Ley 30, se debería pensar en que:

1) La base presupuestal de las universidades se ajuste no con los índices de precios al consumidor sino con el índice de costos de la educación superior, es decir contemplando cada uno de los gastos que debe asumir una universidad durante el año.

2) Otras instituciones de educación superior –como institutos técnicos o tecnológicos– puedan contar con autonomía sobre sus bases presupuestales sin caer en el error de meter a las universidades en un mismo conjunto.

3) Reconocer los incentivos con base en la historia y el esfuerzo de cada institución por crecer, pero rompiendo con las brechas entre universidades, ya que algunas captan mayor cantidad de recursos económicos que otras.

4) Financiar las funciones misionales de las instituciones, es decir, investigación, extensión y territorio, algo que suele darse internamente con recursos propios de la universidad.

5) Fortalecer el bienestar estudiantil, subsanar la precarización de los temas de salud mental y física de los estudiantes y profesores, y además que en los tiempos de crisis económica de los estudiantes se garantice su permanencia académica.

Los otros retos de una reforma

Durante el foro se mencionó el ajuste necesario al Decreto 1279 del Ministerio de Educación de 2002, en el cual se establece el régimen salarial y las prestaciones a docentes de universidades públicas.

Al respecto, el vicerrector Guerrero mencionó que “es allí donde se debe considerar el valor de la calidad, ya que es teniendo en cuenta la capacidad institucional para atender los requerimientos académicos e investigativos de los estudiantes como se construye academia; en ese sentido es imperativo contar con una buena infraestructura, desarrollar proyectos sociales y contar con una excelente planta docente, aspectos que demandan un importante incentivo presupuestal”.

Otro aspecto mencionado por el académico es que en las IES públicas el nivel salarial es inequitativo: “a algunos docentes se les pagan salarios muy bajos por encima del promedio, pese a cumplir con requisitos mínimos como tener un doctorado”.

Así mismo mencionó que existe una actividad poco ética –pero no ilegal– permitida por el Decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, en el cual algunos profesores han incrementado su salario con puntos que se otorgan por publicaciones en revistas indexadas o proyectos, “esta situación se debería regular o imponer ciertos topes en el decreto”.

En relación con los asuntos del Comité de Representantes Estudiantiles, los participantes del foro señalaron que es importante generar un modelo que solucione el problema del endeudamiento educativo; el propósito es terminar con los pagos para toda la vida, fijando un plan de gobierno para aquellas personas de bajos recursos que acuden a ese tipo de financiamiento.

A su vez, hacer de la educación un verdadero mecanismo de derecho, es decir, hoy no se contempla un cubrimiento total del Gobierno nacional para concebir la “gratuidad” que tanto se busca en Colombia, en donde la educación sea un derecho fundamental para todas las poblaciones sin importar su diferencia de género o estrato social.

Al finalizar el evento se mencionó la importancia de considerar que, si existe un equilibrio de la Ley 30, cómo se garantizaría ahora un trabajo digno o empleo formal para miles de profesionales cuando se tienen altos estándares de desempleo en el país.