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El profesor César Giraldo, director del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), considera que este tema volverá a generar polémicas en la ciudad, pues los comerciantes informales temen una nueva ola de medidas en su contra con la entrante administración.
"Los bogotanos aún recuerdan que en el primer mandato de Peñalosa se llevó a cabo un desalojo violento de los vendedores ambulantes; incluso, se utilizaron buldóceres para derribar sus casetas. La pregunta es si él continuará con esa política o reconocerá a esta población como un actor con el que se debe llegar a acuerdos", dice el economista de la Facultad.
En su opinión, la dificultad radica en considerar a los vendedores ambulantes como un problema relacionado exclusivamente con el espacio público, y no como un fenómeno social dado por las dinámicas económicas de la sociedad colombiana.
El profesor Giraldo recuerda que en el espacio público del Distrito Capital trabajan aproximadamente 140.000 personas y que unas 700.000 (familiares de los vendedores) dependen de esos ingresos para subsistir.
"El próximo Gobierno Distrital deberá reconocer todo el contexto social que rodea a estos ciudadanos y diseñar soluciones que no los criminalice. Sin embargo, no hemos visto que se haya pronunciado sobre el tema", señala el experto.
Por otro lado, según el investigador, otro tema social que estará bajo lupa en el 2016 es el de los recicladores, luego de que la Corte Constitucional dejara en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de desmontar el actual esquema de recolección de basuras. Aunque el fallo pide prestar especial atención a las condiciones de los recicladores, hay preocupación en el gremio ante el escenario de libre competencia que habrá con el futuro diseño de manejo de basuras.
Según el docente, la administración de Gustavo Petro creó un plan de reciclaje de basuras para brindarle a la población recicladora de oficio un acceso seguro a recursos económicos.
"Esto implicó establecer la empresa pública Aguas de Bogotá, para poderles pagar una tarifa a los recicladores; ese esquema llevó a una confrontación con las entidades de servicios públicos y la Procuraduría, porque se afirmó que atentaba contra la libre competencia. Sería bueno saber cómo procederá la administración de Peñalosa con este tema, que es una de las conquistas de la población recicladora. Lo ideal sería que se les siguiera respetando sus derechos y que el proceso con ellos avanzara de buena manera", concluye.