¿Quién repara los daños y pérdidas ambientales en Colombia?

Durante los primeros días de la COP 28 Colombia fue protagonista –como representante de América Latina y el Caribe– junto a otros 23 países para lograr que se creara este Fondo. De hecho fue el primer país en determinar la pérdida económica que le han dejado los daños por la crisis climática, señalando una cifra de 4,3 billones de pesos. La decisión de su creación fue celebrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad que espera que esta medida beneficie a los territorios.

En este contexto, en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se realizó el Conversatorio “Desafíos frente a la crisis climática: ¿quién repara las pérdidas y daños en Colombia?”, con un panel de expertos que hablaron sobre la importancia de estos canales de financiación internacional y de cómo podría beneficiar a territorios históricamente vulnerables como La Guajira.

La profesora Sara Eloísa del Castillo Matamoros, directora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), asegura que “este tipo de ayudas deben nutrirse de lo que ocurre en los territorios y con las comunidades”.

Como ejemplo destaca el proyecto “Papas más nutritivas”, desarrollado con la Universidad McGill de Canadá, en el que se trabajó con 120 mujeres y sus familias en cinco municipios de Nariño (y ya se había realizado en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá), que busca que en el territorio no se pierda la riqueza alimentaria (cultivos de papa y la producción de nuevas variedades) a causa de la crisis climática, y se genere soberanía de las comunidades campesinas e indígenas.

Este tema es fundamental, pues algunas cifras estiman que el 77 % de la población indígena está en inseguridad alimentaria y el 29,6 % de los niños y niñas menores de cinco años tienen desnutrición crónica.

Además explica que “hay que tener como primordial la idea de la no repetición de esta problemática, y un fondo debe ir más allá de lo económico, y la representación debe tener en cuenta la visión de las comunidades”.

El Fondo de Pérdidas y Daños iniciará su operación con la inversión de 5 países, así: Emiratos Árabes Unidos y Alemania aportarán 100 millones de dólares cada uno, Reino Unido 40 millones de dólares, Estados Unidos 17,5 millones de dólares, y Japón 10 millones de dólares. Cada 4 años se hará una inyección de capital, por lo que se está trabajando en una estrategia de largo plazo para recaudar fondos y tener recursos de todas las fuentes posibles.

Baja inversión de multinacionales en reparación de daños ambientales

Por su parte Johana Peña, del Área de Selva y Biodiversidad de la organización CENSAT Agua Viva, puso sobre la mesa estas cifras alarmantes que presionan al nuevo Fondo creado en la COP 28: las compañías petroleras y de gas ganan cada día alrededor de 3.34 mil millones de dólares, pero lo que se invierte en el mundo para daños y perjuicios ambientales es de apenas 16 millones de dólares.

Así mismo, países como Estados Unidos –que forman parte de la financiación del Fondo pese a que es uno de los que más contamina– deberían pagar aproximadamente 80 billones de dólares por las emisiones nocivas de gases a la atmósfera hasta 2050 para compensar el daño en los países más afectados del sur del continente, entre ellos Colombia y Brasil.

“Más del 71 % de la financiación para pérdidas y daños en los países del sur global se ha dado mediante préstamos, lo cual es muy grave, porque solo Colombia tiene una deuda externa de cerca de 196.360 millones de dólares, lo cual excede el presupuesto de otros campos como la educación”, asegura la experta Peña.

Katia Milena Ustate, representante del colectivo de mujeres Cocineras de Sueños Ancestrales –grupo de mujeres afro–, en vista de los daños a los territorios y la naturaleza de La Guajira, decidió organizarse en torno a la defensa del agua, la agricultura y la gastronomía. Con ejercicios de resistencia antes los intereses económicos en la región, asociados con los daños en el manantial de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, por proyectos de minería de carbón que lo están secando.

Añadió que lo mismo ocurre con los proyectos de energía eólica en lugares sagrados para las comunidades indígenas wayuu, o la extracción de cobre, por lo que su colectivo tiene una apuesta política desde la cocina y los saberes de sus abuelas, con escuelas que hacen que sus niños y niñas se apropien de sus riqueza cultural y ambiental.

En el conversatorio también estuvieron presentes Adriana Vásquez, de la Ruta del Clima; Esteban Tavera, de Climate Tracker Latam; Ana Malagón, de la Asociación Ambiente y Sociedad, y Jhoanna Cifuentes, de CLIMALAB.