Correo Electrónico
DNINFOA - SIA
Bibliotecas
Convocatorias
Identidad UNAL
Sedes
Proyecto de Ley busca proteger a denunciantes de actos de corrupción
Protegiendo la identidad de los denunciantes se busca aumentar el número de denuncias. Foto: Tatiana Bahamon - Unimedios
Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho. Foto: captura transmisión Televisión UNAL.
Así se pretende desmantelar especialmente a las bandas delictivas. Foto: Jeimi Villamizar - Unimedios
Varias mesas temáticas conformaron el Congreso. Foto: Nicol torres - Unimedios
El Tercer Congreso Internacional: Problemas de Derecho Penal Económico, Crimen Organizado y Corrupción fue organizado por la UNAL. Foto: Nicol Torres, Unimedios.
El proyecto se ha venido trabajando con el liderazgo de la Secretaría de Transparencia y la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, entre otras entidades, buscando incorporar figuras que ya existen en otras partes del mundo para proteger al denunciante y su identidad.
“Con ello se intenta rodear a la persona que cumple con su deber ciudadano de denunciar un acto de corrupción, proteger su identidad, su vida, su libertad, su trabajo, de tal manera que no vaya a sufrir ninguna represalia por haber denunciado, sino que el Estado la defienda”, manifestó el ministro.
Este proyecto de ley, que se espera sea presentado en noviembre, busca que incorporando medidas de protección robustas se intensifiquen las denuncias y se reduzcan las intimidaciones frecuentes a las que se enfrentan quienes se atreven a denunciar actos de corrupción.
Recordemos que dentro de las propuestas normativas que buscan desmontar estructuras criminales se propuso la “Ley de sometimiento”, que ha generado controversia al deducir que los victimarios tendrían mayores beneficios. Al respecto, el ministro aclaró que, “no se trata de ser condescendientes con determinada persona o grupo criminal, sino de resolver el problema de paz y tranquilidad del Estado de derecho”.
“Para hacerlo posible hay que combinar dos cosas: (i) la actuación serena pero firme de la fuerza pública, y en eso hemos venido trabajando, y (ii) la propuesta de entrega pacífica de sometimiento a la justicia”.
Después de la conferencia del ministro Osuna, en el evento –organizado por la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez Polcrymed, de la UNAL– se adelantó la mesa temática “Criminología y sociología jurídico-penal”.
En ella se hizo referencia a que las mafias originadas en el sur de Italia migraron hacia diferentes partes del mundo, incluyendo el norte de Italia, Estados Unidos, Europa y finalmente Latinoamérica, y a lo largo del tiempo, especialmente a partir de la década de 1980, evolucionaron y justo en ese periodo se observó una fragmentación de los carteles de drogas en Colombia.
El profesor Pablo Ignacio Reyes, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL explicó que “el fenómeno de las organizaciones criminales no se limita al tráfico de drogas, sino que se ha expandido a otras actividades ilegales como el tráfico de personas y armas, y la minería ilegal. Lo preocupante es que estas actividades pasan las fronteras nacionales y se empiezan a operar a escala internacional”.
Según el académico, “la transnacionalización implica que las mafias y organizaciones criminales no están limitadas por las fronteras estatales, lo que les permite adaptarse y aprovechar las diferencias en las leyes, regulaciones y sistemas de aplicación de la ley entre distintos países. Es decir, esto les otorga una flexibilidad significativa para evadir la persecución y explotar vacíos legales”.
La profesora Lorena Cecilia Vega Dueñas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que en una de sus investigaciones identificó como causas de la corrupción: la falta de contrapesos políticos, la debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas y la arraigada cultura de la corrupción que hay en el país, destacando que se deben cuestionar las construcciones sociales y culturales asignadas a hombres y mujeres.
“Es importante incluir la perspectiva de género en las políticas de prevención y combate de la corrupción en Colombia. La corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, manifestándose en escenarios como la participación política y la ocupación de cargos directivos”, precisó.
El Congreso continúa mañana, jueves 26 de octubre, con las siguientes mesas temáticas: la dogmática del derecho penal sustancial; la política criminal contemporánea; corrupción y derechos humanos, y el crimen organizado como fenómeno complejo, entre otras, en las que participan expertos de diferentes universidades nacionales e internacionales. Aquí puede seguir su transmisión.
