¿Por qué en Colombia la crisis alimentaria perdura y se agudiza? Tema del nuevo Especial de Periódico UNAL
La encuesta también evidenció que el 86,4 % de las personas que no tienen acceso a una sana alimentación son de estrato 1, y el 82,9 % de estrato 2; y que el 48,3 % son administrados por madres cabeza de hogar. Es el caso de Marcela Jiménez, de 29 años y madre de 4 hijos, y María Fernanda Díaz, madre de 2, quienes afrontan en primera persona el dilema diario de cómo alimentarlos, pues reciben menos ingresos económicos que los hombres y tienen mayor inestabilidad laboral.
En su aporte a este Especial, Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, señala que “la alimentación adecuada es un derecho humano de responsabilidad conjunta”. Un ejemplo de ello son experiencias como la capacitación a pescadores, concheras y trabajadores de la pesca artesanal en Tumaco (Nariño), en el desarrollo de competencias, manufactura y comercialización, lideradas por la FAO y la UNAL.
Iniciativas como esta destacan la importancia que tiene la inversión, la inserción de pequeños productores a mercados, la dinamización de la oferta y demanda de alimentos, y la articulación de diversos actores en la reducción de la inseguridad alimentaria que afecta a 16,3 millones de personas en Colombia, tal y como indica el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024 (SOFI), elaborado por cinco agencias de las Naciones Unidas: FAO, FIDA, Unicef, PMA y OMS.
Colombia afronta una contradicción alarmante con respecto al papel de los monocultivos “acaparadores”: aunque en su territorio se pueden cultivar unas 400 especies de plantas comestibles, la palma de aceite –destinada a la producción de biocombustibles, cosméticos y otros productos no alimentarios– ocupa la mayor parte del suelo cultivable.
Este acaparamiento de tierras para monocultivos también incide en la inseguridad alimentaria que afecta al país, y así lo evidencia en su investigación Andrea Trujillo Rendón, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la UNAL Sede Medellín, cuyos resultados se abordan en otro artículo de este Especial.
En relación con la manera en que la minería afecta el acceso a los alimentos en Chocó, el estudio de Liviston Barrios Arango, doctor en Agroecología de la UNAL Sede Palmira, halló muestras del mercurio –con el que se separa el oro de sedimentos para extraerlo– en anón, chontaduro, cilantro y saúco, cultivados en huertos caseros tradicionales de la zona media del río San Juan, lo que representa un riesgo latente para los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la salud pública.
Los insectos se presentan como un enorme potencial para mitigar el hambre. En los laboratorios del Centro de Investigación de Artrópodos Terrestres (Cinat), de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la UNAL Sede Bogotá, la harina obtenida a partir del gusano amarillo o la mosca soldado negra sirve como ingrediente para elaborar productos de panadería que, además de sabrosos, tienen altos niveles de proteína, esencial para una buena alimentación; además sería el reemplazo ideal de la harina de pescado y de soya con la que se alimentan los peces, cuya fabricación amenaza la biodiversidad del Pacífico colombiano y la Amazonia.
¿Por qué se necesita una reforma agraria eficaz para hacerle frente a la crisis de hambre? ¿Por qué la desinformación en salud, alimentación y nutrición sigue llevando al país a tomar decisiones erradas, y, peor aún, a seguir discursos o líneas de acción no sustentados en la evidencia? O ¿cómo la falta de industrialización de campo afecta el derecho a la alimentación? Son algunos de los interrogantes abordados por los expertos que participan en el Especial sobre crisis alimentaria de Periódico UNAL.
Con respecto a la reforma agraria, el profesor Darío Fajardo Montaña señala que la importación de cerca del 40 % de los alimentos impacta la provisión de insumos para la producción en el país. Además, la distribución y el uso de la tierra continúan privilegiando a grandes propiedades en las que se realizan prácticas agrícolas inadecuadas, se subutilizan los suelos, e incluso se deforestan y convierten en praderas. Considera que, bajo este panorama, urge fortalecer los sistemas de producción y comercialización de alimentos apoyados en la asignación de tierras, la asistencia técnica y una eficiente infraestructura.
Sobre la industrialización del campo, la abogada Adriana Patricia Fuentes López, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la UNAL, indica que un país que no apuesta por solucionar problemas del agro, como contar con una mayor tecnificación (tractores, plantas de procesamiento, cuartos fríos o camiones) o construir vías secundarias, reduce la capacidad de sus habitantes de alimentarse de manera adecuada.
En su opinión, “un campo industrializado aumentaría los volúmenes de producción para satisfacer la demanda interna, reduciría la dependencia de las importaciones –por ejemplo de maíz, trigo o arroz– y los costos de producción, e incentivaría una diversificación de cultivos con criterios de sostenibilidad ecológica”.
Sobre los efectos de la carencia de datos actualizados en temas alimentarios en el país, Daniel Eduardo Castillo Melgarejo, magíster en Políticas Públicas de la UNAL, afirma que “habría que consultar entonces cuál es la justificación –no solo técnica, sino también político-administrativa– de tal nivel de desinformación alimentaria y nutricional en el país en la última década”.
Tal situación lleva, entre otros aspectos, a reproducir documentos de política pública con objetivos no alcanzados que todos los años refrendan las mismas consideraciones y dan vía libre a la ejecución de presupuestos con datos viejos o incompletos.
Lea estos y otros temas el domingo 25 de agosto en Periódico UNAL, medio informativo que circula para suscriptores del diario El Tiempo, y al que también podrán acceder a través de la página: https://periodico.unal.edu.co/historicos