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El reciente fallo del Tribunal de Justicia de La Haya, adverso para Colombia, y la consiguiente pérdida de mar territorial en el Caribe ponen de presente la amnesia histórica de los responsables de la dirección del Estado sobre las fronteras nacionales terrestres y marítimas.
Lo que le sucedió al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el resultado de la inutilidad de las políticas diseñadas en las últimas décadas al amparo de la Constitución de 1991. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo ha reconocido, pero tímidamente.
Como ha sucedido con otros eventos históricos en las zonas limítrofes, luego de muchos debates, juicios de responsabilidad y justificaciones de quienes han tenido algún grado de responsabilidad, este gran descalabro nacional ha pasado a ocupar el acostumbrado lugar secundario en los medios de comunicación y en la vida política del país.
También pasa inadvertida la creciente magnitud de productos de contrabando y los hechos de violencia que trastornaron las relaciones con Ecuador y Venezuela por la presencia guerrillera.
Son aún más marginales, fragmentarias y espasmódicas las referencias a la Amazonia colombiana en la actualidad informativa del país, a pesar de que es una región que alberga la frontera terrestre más extensa del país (de más 3.700 km). Siempre se pasa por alto que una considerable proporción de los límites con Ecuador y Venezuela son amazónicos.
En el caso de Ecuador equivalen a poco menos del 50% del total. En el de Venezuela, a algo menos del 20%. En conjunto, con estos dos países se comparten más de quinientos kilómetros.
La vulnerabilidad de estas zonas, cuyo corolario es su desconocimiento, la incomprensión de su complejidad y la inocuidad de las políticas públicas fronterizas, es un hecho que sigue siendo poco advertido, pero que se torna más dramático con el tiempo.
El Gobierno anuncia "con estruendo ferroviario" eufóricas promesas de desarrollo económico, como la aprobación e implementación de varios tratados de libre comercio y el postizo ingreso a organismos como la OCDE, reservado a las economías más poderosas.
La participación de Colombia en la conformación de bloques, como el de la Alianza del Pacífico, y, en general, una política activa de integración económica regional y global "cuyos prerrequisitos materiales y organizacionales están por verse" proporcionan dosis adicionales de incertidumbre sobre los supuestos beneficios que percibiría el país.
En el caso de las fronteras, sobre todo el de la Amazonia, augura pobres resultados, similares a los que se derivaron de la transformación fallida de los antiguos territorios nacionales en departamentos.
La integración económica también se convertirá en una quimera e, incluso, en un desastre para el país, si no se sustenta en políticas claras que resuelvan esa vulnerabilidad. Y eso no se hace de la noche a la mañana.
El problema se vuelve aún más complejo si vemos que no solo se trata de superar la precariedad de las propias, sino que, además, ante una perspectiva de integración, debemos lidiar con la incompatibilidad entre estas y las políticas fronterizas de los vecinos.
Armonización de políticas
Por lo anterior, es necesario conocer las dinámicas transfronterizas en materia de movilidad poblacional, organización del territorio, extracción y transporte de recursos naturales (incluidos minerales), así como evaluar el impacto de las políticas públicas en los asentamientos binacionales y trinacionales de Colombia, Perú y Brasil.
Para responder a esto, en las últimas dos décadas, la Universidad Nacional de Colombia en la Amazonia y el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani se han encargado de conocer la región a profundidad, más que ninguna otra institución del país, por medio de la investigación.
En la actualidad, a través del nuevo Grupo de Estudios Transfronterizos (GET), la UN participa en una convocatoria de Colciencias, de carácter regional, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Gobernación y la sede.
El proyecto se titula "Ciudades y poblaciones fronterizas: una propuesta de armonización de las políticas públicas en las fronteras del departamento del Amazonas". Su principal objetivo es explorar escenarios posibles y diseñar mecanismos de integración institucional, jurídica, ambiental y política.
Busca plantear acciones para avanzar en un ordenamiento territorial conjunto (binacional y trinacional), mediante la definición de zonas de integración más adecuadas a las condiciones y a las expectativas reales de sus pobladores.
Se propone interpelar propositivamente a las instituciones que diseñan e implementan políticas desde los centros del poder, sobre todo de relaciones exteriores.
En contraste, el proyecto buscará mecanismos de inclusión de los actores fronterizos de los tres países, los cuales se fundamentarán en consultas directas y en varios talleres de recuperación de la memoria de la región, de cartografía social y de planeación participativa.
En total, se desarrollarán siete talleres: tres en las localidades binacionales del río Putumayo (Puerto Leguízamo, El Encanto y El Estrecho); dos en la línea Apaporis-Tabatinga (Tarapacá y La Pedrera); uno en Puerto Nariño-Caballo Cocha; y uno trinacional en el río Amazonas (Leticia, Tabatinga, Benjamín Constant, Islandia y Santa Rosa).
Según los docentes e investigadores de la UN que forman parte de la iniciativa, no se pretende ignorar o suplantar las soberanías estatales ni borrar las identidades nacionales o étnicas de los habitantes.
Tampoco se trata de desconocer los ordenamientos jurídicos o políticos nacionales. Pero sí de definir escenarios de cooperación, coordinación y acción "posibles y necesarios", para abordar y resolver conjuntamente las problemáticas de las fronteras amazónicas y para fomentar la integración.
Uno de los fundamentos a partir de los cuales se trabajará es que los problemas deberán afrontarse con políticas públicas definidas sobre la base de conceptos de soberanía y seguridad nacionales, adaptados a las épocas actuales.