Política de fumigación con glifosato estigmatizaría a sus detractores

Así lo advierte el médico Javier David Rodríguez Ruiz en su tesis para el Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en la cual analiza la formulación, implementación y suspensión del Pecig durante el periodo 1992-2015, desde un modelo de análisis hermenéutico que articula un enfoque de análisis sociopolítico con el análisis de controversias científicas en torno a los impactos sanitarios de esta política.

“El trabajo muestra el carácter vertical, represivo, excluyente y violento asumido por el Pecig –durante todo el periodo estudiado– hacia los detractores de la política, quienes terminaron por ser parcialmente reconocidos y legitimados en el marco de la judicialización de la política y del cambio de la agenda antinarcóticos global”, contexto que explica la suspensión de este programa en Colombia.

Para el investigador, “el proceso de configuración, reforma y suspensión del Pecig se puede caracterizar como altamente conflictivo, autoritario y violento, dado que su implementación implicó prácticas sistemáticas de ejercicio de diversas formas de violencia por parte de los promotores de este programa, en particular desde el Gobierno nacional, encarnadas en el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una política de guerra y en una multiplicidad de violencias simbólicas, políticas y directas, ilegítimas, y en muchos casos ilegales, ejercidas de forma sistemática y transversal sobre los detractores de esta política”.

En la documentación para este trabajo se estableció que frente a los detractores institucionales del Pecig –como representantes políticos nacionales o locales de las diversas ramas del poder público, o actores técnico-científicos– la principal forma de violencia fue la estigmatización de sus posturas y la exclusión sistemática de las arenas principales de decisión de la política.

En ese aspecto, se advierte la estigmatización y criminalización sistemática en contra de la agenda política que disputó el movimiento cocalero y, en general, de las movilizaciones sociales que se presentaron durante el devenir del Pecig. “Las repercusiones en forma de judicializaciones, violencias directas como lesiones, asesinatos y desplazamiento forzados fue extensa”, anota el estudio.

Cultivadores, los más afectados

Por otra parte, se determinó que la mayor intensidad y diversidad de formas de violencias simbólicas y directas recayó sobre las comunidades cultivadoras. “La exclusión sistemática de los escenarios de decisión sobre sus modos de vida, territorios y condiciones de vida fue evidente durante toda la implementación del Pecig”, señala el investigador.

Al respecto, encuentra que la caracterización de las comunidades como ignorantes, atrasadas, criminales y demás formas de representación impuesta por los promotores del Pecig, justificó la continuidad de la exclusión, y la tentativa de ocultamiento y desconocimiento de sus agendas y propuestas.

De hecho, en su investigación observó que los actores que más acudieron a los medios judiciales para la disputa por derechos, reconocimiento y restitución de daños fueron las comunidades de territorios asperjados, quienes recurrieron a demandas, tutelas, proceso de reparación directa y otras expresiones extendidas de la agenda de reivindicaciones.

En ese sentido, menciona que, jurídicamente, el reconocimiento de los daños presuntamente ocasionados por el Pecig, la obligación de indemnizaciones y reparaciones, y el reconocimiento de buena parte de los argumentos planteados por los detractores, fueron elementos determinantes para diversas reformas y para la suspensión de la política.

Por medio del análisis documental y de contenido, el autor desarrolló una extensa crítica de fuentes de información primarias y secundarias, incluyendo aquellas inéditas, como las actas de reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes del periodo 1992-2004, entrevistas a decisores y actores técnico-científicos que, junto a fuentes normativas, jurídicas, de prensa y académicas, permitieron construir un relato explicativo que da cuenta de la dinámica del campo político y científico en relación con el devenir del Pecig y, en particular, de los actores y conocimientos científicos contrapuestos alrededor de los impactos sanitarios de las aspersiones aéreas con glifosato (AAG).

En el campo científico, el proceso de configuración del Pecig implicó múltiples controversias, que se ubicaron como elementos prioritarios de la disputa entre promotores y detractores de la política, y que el investigador identificó como centrales las de nocividad-toxicidad/inocuidad y la de eficacia/ineficacia.

Políticamente se puede señalar que el conflicto sobre la política de erradicación de cultivos aéreos mediante la aspersión con glifosato se definió como la disputa entre la defensa de la primacía de valores de orden y seguridad, que se pueden enmarcar en la perspectiva de la defensa del Estado de derecho, en el cual el Pecig se presentaba como herramienta principal del combate a la ilegalidad y a la amenaza social implicada en el narcotráfico, y la defensa de derechos políticos y sociales de cuño individual o colectivo, como el derecho a la consulta previa, a gozar de una medi ambiente sano, a la salud y la vida, que se presentaban como afectados por este Programa.