Plaza de la Hoja y Senderos de la Sierra: desafíos en la reparación a víctimas del conflicto en Bogotá

Entre 1946 y 1966 –período en el que se enmarca la época de La Violencia (1948-1953)– cerca de 2 millones de personas se vieron obligadas a migrar forzosamente, y según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), entre 1985 y 2010 el desplazamiento forzado afectó a unos 6,7 millones de  personas.

Así mismo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que entre 1996 y 2014 Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla recibieron la mayor cantidad de población víctima de desplazamiento forzado, con un total de 1.168.994 personas, es decir un 25,25 % de la población total de estas cuatro ciudades, que entonces correspondía a 4.629.190 habitantes.

Con 505.559 personas, Bogotá fue la ciudad con mayor cantidad de víctimas acogidas, lo cual constituía el 43,2 % del total de las cuatro ciudades. Con corte al 31 de agosto de 2023, el Registro Único de Víctimas (RUV) señala que Bogotá registra 1.554 de las 8.116.483 víctimas de desplazamiento forzado contempladas en el RUV nacional, lo que la ubica como una de las ciudades más receptoras de población desplazada a causa del conflicto armado interno.

Angie Johana Caicedo Bedoya, magíster en Gobierno Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), exploró los proyectos de vivienda Plaza de la Hoja, en el centro de Bogotá, y Senderos de la Sierra, en Usme, para estudiar cómo estos han abordado la restitución de vivienda en el contexto de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El proyecto Plaza de la Hoja –implementado cuando Gustavo Petro fue alcalde (Bogotá Humana)– se diseñó como vivienda gratuita exclusivamente para víctimas del conflicto armado. Este modelo eliminó barreras financieras, pues no requería ahorros, créditos hipotecarios o un cierre financiero. Sin embargo, su asignación mediante un sistema de sorteo generó descontento, especialmente entre aquellos que terminaron ubicados en zonas periféricas, alejadas de los servicios y la infraestructura de la ciudad.

Por otro lado, Senderos de la Sierra, desarrollado en la administración de Enrique Peñalosa (Bogotá Mejor para Todos), no se limitó a víctimas del conflicto armado, sino que además incluyó a otros grupos de personas vulnerables que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas como la salud, la educación y la seguridad.

La investigadora aclara que la categoría “víctima del conflicto” es diferente a “grupos vulnerables”. En estos últimos se incluyen: comunidades étnicas; adultos mayores; personas en condición de discapacidad; niños, niñas y adolescentes; víctimas de desastres naturales; y madres cabeza de hogar, mientras que la población víctima del conflicto armado son personas que han sido afectadas directa o indirectamente por la violencia en el país, e incluye a secuestrados, heridos, desplazados y familiares de víctimas, lo que demuestra que son dos poblaciones con condiciones diferentes que no se puede mezclar.

No facilitaron la inclusión social

Para su trabajo la magíster Caicedo se basó en la metodología cualitativa con 4 entrevistas a víctimas de desplazamiento forzado en el proyecto Senderos de la Sierra, análisis documental de normas como la Ley 1448 de 2011, y visitas de campo a los dos proyectos.

Así evidenció que en ambos casos persiste una segregación socioespacial que no permite que las víctimas se integren plenamente a la ciudad. “En Plaza de la Hoja, ubicado frente al Centro Comercial Calima, el estigma social generó tensiones con los residentes del entorno, quienes asociaron el proyecto con delincuencia y conflicto”.

“De otra parte, en Senderos de la Sierra, las largas distancias y la falta de conectividad con servicios básicos exacerban la percepción de aislamiento. Los beneficiarios enfrentan dificultades para acceder a servicios de transporte como TransMilenio, lo que refuerza su desconexión con el resto de la ciudad”, señala la magíster.

En ese ejercicio, algunos de los habitantes aseguraron –entre otras cosas– que aunque son víctimas no recibieron la atención psicosocial a la que esta condición los expone: “en 2019 vino la Alcaldía para ayudar a que mi hija tuviera un cupo en el colegio, pero no volvieron más”, aseguró una mujer afectada por la violencia. Los hallazgos destacan que aunque inicialmente Plaza de la Hoja tuvo un mayor acompañamiento institucional, este fue limitado y temporal.

En Senderos de la Sierra las dificultades de acceso a crédito y la ausencia de un seguimiento estatal adecuado evidencian un enfoque restrictivo que no contempla las necesidades particulares de las víctimas.

En ese sentido, la investigadora propone que para avanzar hacia una reparación integral efectiva es fundamental: reformar el POT para promover la construcción de vivienda social en zonas centrales; aumentar el acompañamiento estatal en los proyectos –incluyendo programas de integración urbana, educación en convivencia y apoyo psicosocial–, y priorizar enfoques de reparación transformadora que fortalezcan las capacidades de las víctimas en el presente y proyecten su bienestar a futuro, diferenciando entre población vulnerable y población víctima del conflicto.