Planes de movilidad no consultan al ciudadano

La Ley 1083 de 2006 da prelación a la movilización en modos alternativos de transporte "como el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes" y promueve sistemas que funcionen con combustibles limpios.

Según esta ley, un plan de movilidad debe: articular transporte colectivo, red vial y modos alternativos al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio; diseñar redes peatonales y de ciclorrutas que complementen el sistema y articulen las ciudades; reorganizar las rutas de buses y el tráfico para incrementar la movilidad; y bajar los niveles de contaminación.

Más aún, también debe: crear zonas sin tráfico vehicular y con bajas emisiones contaminantes; incorporar un plan maestro de parqueaderos, que se constituya en una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos alternativos; y garantizar la accesibilidad de todas las personas (en especial la de los niños y de quienes presenten algún tipo de discapacidad) a las redes de movilidad, para que puedan transitar en condiciones adecuadas.

Los usuarios principales de un plan de movilidad son los ciudadanos. Ellos viajan a diario de un lugar a otro, usan la infraestructura vial y los medios de transporte disponibles. Son quienes se ven afectados positiva o negativamente por las políticas en esta materia.

Un reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre seis planes de movilidad, en ciudades grandes y pequeñas, halló que ninguno fue formulado con participación ciudadana. Apenas en uno se mencionó la intervención de la comunidad como un componente relacionado con el transporte sostenible.

En este aspecto, existe un largo camino por recorrer para vincular al ciudadano a las etapas de diagnóstico, formulación, adopción, implementación y evaluación de los planes de movilidad municipales. En la actualidad, hay un entorno propicio en el DNP, que ofrece apoyo técnico para promover la planeación participativa. Además, la normativa existente favorece esta figura en los procesos de desarrollo local, de los cuales hace parte el plan de movilidad.

Sin embargo, el que ningún plan adoptado en Colombia haya sido formulado con la participación ciudadana conlleva algunas amenazas. Por ejemplo, que los directores de proyectos soslayen el componente social de las obras o decisiones; que, por consiguiente, lo proyectado no cuente con el respaldo ni sea apropiado por las personas; y que, incluso, no se ajuste a las realidades cotidianas.

Aporte de la academia

Actualmente, la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá ejecuta las etapas de diagnóstico y formulación del Plan de Movilidad y Plan Vial de la ciudad de Villavicencio. En este se pretende implementar los aprendizajes del país en materia de participación de las comunidades en la planeación de su propio desarrollo.

Esta experiencia servirá de aliciente para que la ciudadanía se sienta convocada y se motive a estar presente en estos procesos, orientados a tomar decisiones que le competen en cuestiones económicas, ambientales y sociales estrechamente relacionadas con la movilidad y el transporte sostenible.

El plan contempla que los diferentes actores y grupos de interés participen en, por lo menos, tres momentos del proyecto. En el primero, la etapa de diagnóstico, se ha consultado específicamente cuáles son las expectativas y problemáticas en cuanto a movilidad y cómo se podrían responder a corto, mediano y largo plazo.

Estas consultas permiten cotejar estas problemáticas con las identificadas mediante la información técnica disponible, así como complementarlas con las perspectivas de las entidades de la Alcaldía. De esta manera, sirven de sustento para presentar los programas y proyectos de intervención.

En el segundo, la ciudadanía validará las propuestas preliminares de proyectos y orientará su priorización. Luego, en el último, en la formulación del Plan de Movilidad, tendrá la oportunidad de conocer el proyecto en forma integral (todas sus áreas temáticas) y podrá proponer acciones complementarias.

Lo anterior garantizará que la ciudadanía se apropie del plan y sirva de veedor directo o indirecto y de garante, para que las nuevas administraciones le den continuidad al desarrollo de los proyectos contemplados.

Sin condiciones

En Colombia, los procesos de participación en la elaboración de los planes de movilidad han tenido dificultades, debidas a que no están contemplados explícitamente en las obligaciones de los consultores. Solo se desarrollan actividades de "socialización", que ofrecen poca o ninguna posibilidad de actuación en las diferentes etapas del estudio.

En el ámbito internacional, tal vez las mejores experiencias están en los países de la Unión Europea, en particular España. Allí, en algunas ciudades (Barcelona, por ejemplo) existen comités permanentes de usuarios y de ciudadanos con las competencias para dar soluciones y argumentos técnicos, pues cuentan con asesores especializados. Además, pueden intervenir en la priorización de los proyectos y adelantar actividades de seguimiento y control de los avances y de la efectividad de las inversiones. Es un papel activo del ciudadano que en Colombia poco se ve.