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Política y Sociedad

Plan Nacional de Desarrollo tiene vacíos en la lucha anticorrupción

    Aunque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, hoja de ruta que guía el futuro del país en diferentes áreas decisivas, incorpora estrategias para combatir la corrupción y promover la transparencia en el manejo de recursos públicos, le falta fortalecer aspectos como el acceso a la información y claridad en áreas clave como la paz total, alianzas público-populares, empleo público y fondos. Sobre estos aspectos se disertó en la primera sesión de la Cátedra “Ciudadanía, integridad y lucha contra la corrupción” de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

    El propósito principal del PND es lograr un crecimiento integral y equitativo. En relación con la anticorrupción se definieron fundamentalmente 3 estrategias: (i) lucha contra la impunidad con apoyo público; (ii) creación de nuevos planes anticorrupción en cada una de las comisiones regionales de moralización para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y (iii) protección de los recursos públicos.

    En el capítulo enfocado en la paz, un asunto crucial para el desarrollo sostenible del país, se destaca la falta de énfasis tanto en temas relacionados con la transparencia presupuestal y contractual –mediante la cual se puede acceder a las cifras de los presupuestos y a su ejecución– como en el acceso a la información de los procesos articulados de rendición de cuentas a nivel central y descentralizado.

    Según indicó Claire Launay, directora Programática de Iniciativas con la Sociedad Civil de la Corporación Transparencia por Colombia, “este tema no quedó plasmado en el PND cuando es necesario que haya una trazabilidad del gasto público, además de mucha más información del gasto presupuestal. Así es como la ciudadanía puede hacerle un seguimiento a los fondos públicos para saber cómo se gasta y prevenir hechos de corrupción”.

    También destacó la importancia de garantizar el acceso público a la información sobre el proceso de paz y su financiamiento, en particular sobre el Fondo Colombia en Paz y los recursos asignados por el OCAD Paz, así como en los recursos de inversión de regalías destinados a la implementación.

    Por su parte el sociólogo de la UNAL Edison Malagón, asesor de la Subdirección General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Sistema General de Regalías (SGR), expuso que estos recursos se distribuirán exclusivamente en las inversiones territoriales.

    “Una de las grandes dificultades es que los recursos de regalías están mediados por proyectos y esto ha hecho que estén dedicados a los territorios y que exista un manejo diferenciado. El hecho de que lo manejen entidades territoriales y que estén mediados por los órganos de decisión hace que estos recursos estén mediados por la desconfianza y vigilancia extrema”, señaló.

    En cuanto a alianzas público-populares –en las que participan los actores populares–, que reciben y manejan dinero con las autoridades públicas para implementar ciertos proyectos, la panelista Launay mencionó la necesidad de definir cómo se cumplirán los criterios de acreditación para participar de estas iniciativas.

    Empleo y fondos

    Sobre el empleo, que sin lugar a dudas es uno de los puntos álgidos del PND, la experta dijo que “el Gobierno debería establecer criterios meritocráticos para la selección de personas que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción para evitar el clientelismo y, por lo contrario, debe promover la profesionalización de la gerencia pública en las entidades nacionales y territoriales”.

    En relación con los fondos, reiteró que “aunque la creación de múltiples fondos públicos para financiar los ejes estratégicos del PND es una medida acertada, es fundamental establecer medidas sólidas de transparencia y acceso a la información para monitorear el presupuesto, la ejecución de recursos y la contratación asociada con estos fondos. Esta supervisión es esencial para prevenir el mal uso de los recursos y garantizar la efectividad de las inversiones”.