Paz interseccional oxigenaría Acuerdo en el sur del Pacífico

Así lo manifiesta Inge Helena Valencia, directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi de Cali, quien pone en perspectiva una paz que integre a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres, y entienda las mu"ltiples opresiones y discriminaciones de las cuales son vi"ctimas como sociedad civil.

Sobre estos grupos, asegura que "su deseo es evitar que sigan haciendo trizas el Acuerdo, una esperanza para generaciones actuales y futuras".

El sur del Pacífico tiene características geográficas, económicas y sociales que lo convierten en una zona en disputa de todos los actores del conflicto en Colombia, y en donde, según la directora Valencia, se debe romper el mito de la ausencia del Estado, ya que "este llega con el Ejército en representación de la fuerza coercitiva".

Según Dora Vargas, defensora de derechos humanos del Pacífico nariñense, "en este territorio, compuesto por 90 % población afro, 6 % indígena y 4 % mestizos, existen municipios con gran actividad económica que no reflejan beneficios en la región".

Por ejemplo, menciona que aunque el puerto de Buenaventura representa el 70 % de las exportaciones del país, allí no hay oportunidades tangibles de estabilidad, ni siquiera hospitales de tercer nivel; la pobreza multidimensional del sector es preocupante para varios sectores académicos, pero no para el Gobierno nacional.

Por su parte Nilson Estupiñán, integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (ReDHPaNa), recuerda que antes de 2000 la región de Tumaco era tranquila y con poca incidencia de grupos al margen de la ley. El conflicto empezó con la incursión de paramilitares que llegaron a controlar el territorio y las rutas que se abren al mar y que sirven como corredor para diferentes fines.

También llegó la producción de coca mostrando ventajas económicas para los campesinos, por encima de otros productos. Con esta oportunidad económica identificada en el sector, se suman al territorio la guerrilla y las bandas criminales producto de la desmovilización de algunos paramilitares, además de la presencia esporádica del Ejército Nacional.

Con la firma del Acuerdo de Paz "hubo beneficios en el primer año pues se redujo el asedio contra las comunidades, pero a medida que ha avanzado el tiempo, los DD. HH. se han ido degradando", comenta Jesús Flórez, decano de la Universidad Autónoma de Occidente.

Agrega que "la diversidad de actores genera confrontaciones múltiples en las cuales el principal afectado es el campesino de la región, por lo que se viene dialogando sobre la necesidad de avanzar en la creación de condiciones para proponerle al país un pacto por la vida y por la paz".

Llamado de auxilio

Las cifras registran el asesinato de 208 líderes desde 2017 hasta hoy, es decir que alrededor del 50 % de los asesinatos se está dando en esa región.

"La situación actual debería ser un asunto prioritario, que contemple la posibilidad de generar seguridad; por ejemplo, ha habido un ejercicio de gobernanza por parte de las guardias tanto indígena como cimarrona y campesina", explica la directora Valencia.

Orlando Pantoja, coordinador palenquero de Cococauca (Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca), pone en perspectiva algunas medidas: por un lado, un elemento cultural para realizar acciones sólidas que ayuden a valorar la vida; por el otro, la valoración del papel de los líderes, exaltando la labor de sus aportes, y en tercer lugar, la solidaridad expresada a través de la unión de esfuerzos en diferentes frentes y movimientos para autoprotegerse.

En octubre de 2016 el 94 % de la población del Pacífico del Cauca votó por la paz, lo que significa que la comunidad quiere seguir caminando unida y que la vida continúe.

"El panorama es esperanzador, pero se requiere, primero, romper el silencio; segundo, valorar, exaltar y dignificar el papel de los líderes sociales; y tercero, fortalecer la solidaridad", agrega el coordinador Pantoja.

"Hay un llamado claro y una lucha contra el silencio impuesto; quienes sintonizan el conversatorio resaltan la necesidad de que citadinos y ciudadanos del centro del país escuchen a la región a través de sus voces vivas y las universidades tienen la función de amplificarlas".

Esta es la conclusión de la profesora Martha Bello, directora de la Red Paz de la UNAL y organizadora del conversatorio "Las pandemias en el sur del Pacífico colombiano: una reflexión sobre la situación de derechos humanos, violencia y paz en el territorio".