Patrimonio sumergido, a merced del mejor postor

El 1 de noviembre de 1605, parte de la flota del Tierra Firme zarpó de Cartagena de Indias rumbo a La Habana, al mando del general Luis Felipe de Córdova. La escuadra incluyó los galeones San Roque, Santo Domingo, San Ambrosio, Nuestra Señora de Begoña y otros cuatro más.

Cargaban 80 toneladas de oro, 50 de plata, 70 kilos de esmeraldas y otros valores extraídos del nuevo continente. Al sexto día de viaje, durante el amanecer, intensos vientos "originados tras un huracán" desviaron a las embarcaciones, les ocasionaron daños graves e hicieron que cuatro de ellas naufragaran en aguas colombianas.

Además de esta flota, se han hecho más de 350 hallazgos arqueológicos en los mares colombianos, indica Carlos del Cairo, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y director de la Fundación Terra Firme.

Precisa que estos incluyen restos de fortificaciones, obras de ingeniería, basureros arqueológicos y sitios prehispánicos que hoy están bajo el agua por la elevación del mar. "Un universo grande que trasciende los naufragios".

Desde esos barcos se tiraban cañones, platos, recipientes y cubiertos, entre otros utensilios. Asimismo, los indígenas lanzaban objetos ceremoniales hechos de metal, hueso, madera o barro que podrían ayudar a comprender sus culturas.

Bajo el mar pueden existir casas y calles de hace más de un siglo, como la gran muralla de piedra, que los españoles construyeron en Bocagrande (Cartagena) para defender el puerto y a la isla de Tierra Bomba "que evitaba la entrada de barcos enemigos (una obra de ingeniería única sumergida en el litoral atlántico)".

"Pueden existir puentes muy antiguos o restos de castillos o de puertos que aún se desconocen", añade Del Cairo.

¿Dinero o patrimonio?

Cada pieza hace parte del patrimonio cultural sumergido del país y es crucial para la reconstrucción histórica.

No obstante, Juan Felipe Pérez, antropólogo de la UN, director de la Fundación Proyecto Navío y autor de Naufragios y puertos marítimos en el Caribe colombiano, denuncia que no se ha podido hacer entender que, en agua o en tierra, todo es patrimonio. Por eso, se cree que lo que está en tierra es arqueológico, pero que lo sumergido es dinero.

Por tal creencia, se mantuvo una discusión de más de tres décadas sobre el "rescate" de los navíos hundidos, pues "según la leyenda" albergarían tesoros inmensos.

Al respecto, aclara que la mayoría de elementos transportados eran materiales sin valor monetario. Considerarlos riqueza o tesoros implica negarles su carácter patrimonial, que les da un valor histórico y cultural, y no el de bienes cambiables y comercializables.

La reglamentación

La confusión duró hasta que el pasado 20 de junio se aprobó una ley al respecto. Según el Ministerio de Cultura, le permitirá al país fortalecer la protección porque lo declara parte de su soberanía y lo incorpora de manera autónoma.

Pero el debate persiste, pues la ley excluye de ser patrimonio sumergido a los bienes de menos de cien años.

Y eso, según la profesora Marta Zambrano, directora del Departamento de Antropología de la UN en Bogotá, riñe con la noción de patrimonio cultural consagrada por el Estado, en línea con la Constitución y las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008; que dictan que los bienes y las manifestaciones culturales forman parte de la identidad nacional.

"No se entiende por qué el patrimonio sumergido debe ser
exceptuado en estas leyes, que no excluyen los bienes y manifestaciones patrimoniales por tiempo o procedencia geográfica o territorial. Su aprobación supone y exige modificar tres artículos de la Constitución (63, 70 y 72), que declaran que el patrimonio arqueológico de la nación es inalienable, imprescriptible e inembargable", se manifiesta en un documento del Departamento que fue enviado el pasado 11 de junio a sus principales promotores.

En el caso de bienes contemplados como susceptibles de declaración patrimonial (de hundimientos, naufragios o echazones de más de cien años), la profesora arguye que la norma es "inconsistente porque dicta que solo los bienes singulares o no repetidos ni repetibles serán parte del patrimonio cultural sumergido".

Por ende, de ser halladas cien monedas de oro o plata, se abre paso para que parte de ellas se venda o funda.

El Ministerio de Cultura asegura que este patrimonio debe tratarse de manera diferente al terrestre, porque, al estar a más de doscientos metros de profundidad, no es posible extraerlo sin recursos tecnológicos.

En consecuencia, se podrían contratar empresas que posean tecnología especial y que, a cambio, obtendrían el 50% de lo extraído. En caso de no ser piezas únicas o protegidas, se dividirían en partes iguales.

Del Cairo advierte: "Existe un viso de inconstitucionalidad al tratar de dividir el patrimonio, porque se fomenta el saqueo, la fragmentación y la destrucción de sitios arqueológicos. Estas empresas podrán sacar del país los objetos y venderlos. Su aprobación es totalmente nociva".

Pérez añade que, si la ley se aplicara en tierra, en unos años sería factible comercializar piezas del Museo del Oro como bienes "repetidos y repetibles".

Ernesto Montenegro, subdirector científico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) "entidad que participó en la elaboración de la ley y abandera la protección del patrimonio nacional", la defiende.

En el programa UN Análisis de UN Radio afirmó que es decisivo su aporte con respecto a la soberanía de los bienes, al contexto arqueológico como parte del patrimonio cultural y a la posibilidad de establecer zonas subacuáticas protegidas.

Asimismo, destacó la prioridad que le otorga a la exploración e intervención por parte de entidades públicas, como las universidades, "siempre y cuando tengan las capacidades humanas y tecnológicas" o se alíen con empresas que posean la tecnología.

En últimas, el profesor Montenegro la considera un avance en la materia. Pero la profesora Zambrano contrapuntea: "Es cierto que necesitamos una legislación de patrimonio sumergido. El problema es cómo la hacemos. Esta ley va a ser demandada porque tiene muchos visos de inconstitucionalidad".