Patentes, más allá de la protección del conocimiento

Así lo afirma el abogado José Daniel Rengifo, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien fue invitado a formar parte del grupo encargado de revisar un documento expedido por el Parlamento Andino, órgano deliberante y de control político de la Comunidad Andina (CAN), que actualiza la normatividad en torno a patentes de los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

Los principales aportes de la UNAL, representada por la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual (DNEIPI), se dieron especialmente en dos ámbitos: replanteando las patentes como medio y no como fin, priorizando la transferencia de la tecnología en la sociedad y no solo su protección, e incentivando el uso del dominio público y los estudios de libertad de operación para generar conocimiento.

En segundo lugar, estableciendo que es posible utilizar la información de los documentos de patente con el fin de reproducir el conocimiento depositado allí, con el objetivo de innovarlo o usarlo como base.

"Por ejemplo, los investigadores de la UNAL pueden generar nuevo conocimiento asociado con el COVID-19 a partir del uso del conocimiento existente en el dominio público. Además, en esta coyuntura, universidades y empresas han reconocido la importancia de los esquemas colaborativos que privilegien el uso de licencias no exclusivas y gratuitas, lo cual aumenta el espectro de conocimiento utilizable legalmente por los investigadores", agrega el abogado Rengifo.

Tras la aprobación y presentación de la nueva normativa en una plenaria internacional, el profesor Gustavo Buitrago, vicerrector de Investigación de la UNAL, en un editorial para la revista El Cóndor definió las finalidades de este documento como "un fortalecimiento de los sistemas de reconocimiento de la propiedad intelectual, que facilita los mecanismos de postulación de patentes como un medio para el desarrollo económico y social, a través de la creación de nuevos productos o procedimientos que contribuyen a satisfacer necesidades de la región".

De esta manera, también fueron clave las propuestas de valoración de las tecnologías, al integrarlas con otros conocimientos, con capital humano o técnico, y el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación, al hacer partícipes a los diferentes actores en la estimulación de la investigación y la propiedad intelectual.

Por su parte el profesor Óscar Lizarazo, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Centro de Pensamiento en Propiedad Intelectual (CPPI) de la UNAL, quien también aportó al documento, indica que "las universidades no deben verse únicamente como inventoras y titulares de tecnologías y outputs, sino también como consumidoras y usuarias de inputs".

Por eso agrega: "las normas deben posibilitar el acceso a productos y procedimientos protegidos; incluso en casos como desabastecimiento, las excepciones y limitaciones a la PI son insuficientes, y sería conveniente permitir la imitación legal, como lo prevén "bajo ciertas condiciones" las reglas de competencia desleal y propiedad intelectual".

¿Patentes para atender la pandemia?

La emergencia desatada por la pandemia del COVID-19 ha traído nuevas discusiones en torno a la necesidad de privilegiar la construcción colaborativa y la transferencia de nuevo conocimiento a la sociedad. En los últimos meses se ha acelerado la generación de estudios y prototipos, con lo que las normas de protección intelectual adquieren tanta relevancia como el acceso amplio a los resultados.

El profesor Buitrago manifiesta que la normativa trasciende el fomento de patentes en los Estados andinos y también promueve el uso de tecnologías de otros países que están disponibles para los de la región andina desde el dominio público, en dos casos: porque no se solicitó una patente sobre ellas en un país determinado, dado que la protección de la patente es territorial, o porque su periodo de protección ha finalizado.

Este año la UNAL le ha obtenido seis patentes de las 76 que están vigentes. Solo en 2019, a la Institución le concedieron 19 patentes, una cifra récord institucional. Este crecimiento del portafolio viene acompañado del reto de transferirle a la sociedad el conocimiento patentado.