Paradiplomacia raizal tuvo un impulso tras el fallo de La Haya

Hace una década la CIJ, con sede en La Haya, dictó una sentencia mediante la cual procedió a resolver el litigio territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia iniciado en 2001. La resolución le otorgó a Nicaragua la jurisdicción de 75.000 km² de áreas marítimas en el mar Caribe que figuraban bajo la soberanía de Colombia, provocando la agudización de la crisis diplomática y exacerbando las tradicionales tensiones entre el Gobierno colombiano y la población raizal.

Durante el foro “De la diplomacia estatal a la paradiplomacia raizal”, realizado en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, la profesora Silvia Mantilla, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, señaló que “el movimiento social raizal ha madurado notablemente en su accionar dentro de las esferas de relacionamiento internacional”.

“Desde hace varios años ha demostrado una capacidad de incidencia importante ante organismos mundiales, desplegando una serie de demandas para la protección ambiental, social y cultural de las islas”.

En su opinión, “esta es una historia que trasciende a la sentencia de la CIJ, pero que se reactivó justamente para dar respuesta a las problemáticas que ocasionó el litigio”.

En este sentido, manifestó que estos actores sociales movilizaron sus agendas y conectaron directamente con el Gobierno de Daniel Ortega, de manera dinámica y muy diferente a las acciones adelantadas por el Gobierno colombiano.

De hecho, la sensación de desprotección que sintieron los pobladores raizales del Archipiélago como consecuencia de un abandono histórico les generó diversas reacciones, entre ellas el rechazo a la actuación diplomática del Gobierno colombiano, e incluso le exigieron no acatar el fallo, lo cual efectivamente hizo en marzo de 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos.

En 2019 la profesora Mantilla y otros expertos de la UNAL analizaron 13 acciones paradiplomáticas protocolarias adelantadas por el Movement for Ethnic Native Self Determination (AMEN-SD), y mostraron que estas se podrían considerar como eficaces por cuanto lograron establecer canales de comunicación cerrados por el Gobierno, y también por el hecho de que así pudieron reducir el impacto negativo del fallo, en especial sobre la movilidad y la actividad productiva de los pescadores artesanales.

“Dentro de sus solicitudes, los raizales buscan que el Estado nicaragüense reconozca la actividad social y productiva desarrollada históricamente por los pescadores en esa área del mar Caribe”, señaló la docente.

Agregó que “dicha estrategia incluso fue sugerida por la Corte en las audiencias de abril de este año, donde instó a ambos países a negociar para zanjar las diferencias que han afectado principalmente a los raizales”.

“Antes el Estado era el único actor legítimo para ejecutar relaciones internacionales, pero esta concepción ha venido cambiando con la evolución misma de los Estados-nación y las dinámicas de la globalización”.

El profesor Raúl Román, director del Centro de Pensamiento del Gran Caribe, ve como “significativa” la aproximación del pueblo raizal con el Gobierno vecino y con sus congéneres allí, para establecer relaciones mucho más armoniosas en términos de compartimiento de territorios fronterizos.

“Desde la academia calificamos como valeroso lo que han hecho los raizales, comparado con el Gobierno que ha fracasado reiteradamente en distintos diferendos limítrofes a lo largo de la historia”, aseguró.

La lideresa raizal Corine Duffis se refirió a la actuación de AMEN-SD frente al Gobierno de Nicaragua y a sus relaciones fraternas con los residentes de la Costa de la Mosquitia (lado sur de ese país), con quienes comparten, además de lazos de sangre, una lengua común (el creole, o criollo) y valiosas expresiones culturales.

Ratificó que las relaciones están mejor que nunca, avaladas por el Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Sur y la Autoridad Nacional Raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También dijo que esperan llevar a buen término varias de las propuestas de dicho Acuerdo que beneficia a ambos pueblos, pero principalmente a los “creoles” colombianos, por cuanto se busca que los pescadores raizales tengan acceso nuevamente al espacio marítimo perdido hace 10 años.

La lideresa enfatizó en que esperan desde el Gobierno del presidente Petro, quien ha demostrado –en sus palabras– interés en trabajar por los pueblos históricamente olvidados, poder recibir los recursos necesarios para reactivar los diálogos con ese país, que redunden en mejoras culturales, económicas y de soberanía alimentaria