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A esa conclusión llegaron los profesores Yency Contreras Ortiz y Fernando Viviescas Monsalve, en diálogo con el director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), Carlos Alberto Patiño Villa, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano, que se transmite por UN Radio.
Para los académicos, el ordenamiento territorial es un asunto necesario, soportado en el diálogo nacional para construir una sociedad moderna, diversa, incluyente y con condiciones de desarrollo.
La profesora Contreras, doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, manifestó que el ordenamiento territorial es fundamental y debe ser prioritario no solo en el marco del crecimiento de las ciudades que vive el mundo entero, sino también en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, toda vez que integran distintas dimensiones de los problemas territoriales.
"Debe ser un tema para debatir no solo en este periodo electoral, sino ser parte de la agenda nacional y territorial, porque convoca muchos asuntos sectoriales que deben ser trabajados de manera integral si queremos responder a una paz territorial y al proceso de desarrollo económico y equidad territorial", manifestó la académica.
Para el arquitecto y urbanista Fernando Viviescas, se trata de redefinir el país, pensando en el nuevo escenario que se tiene que enfrentar, una vez superado el conflicto con las Farc, y que exige la presencia de todos los espectros políticos.
Sobre este rediseño, coincidieron los académicos, se debe incluir la relación hombre-naturaleza, al considerar que la vida humana no es sostenible en una perspectiva de explotación de los recursos naturales.
Al respecto, la profesora Contreras aseguró que las políticas públicas "están tomando los problemas del medioambiente en abstracto como si estuvieran poco relacionados con el territorio, cuando es el territorio mismo". En este sentido, señaló que los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (Pomcas) no deberían ser un instrumento de ordenamiento ambiental desligado del territorio.
"Hoy la política pública se toma sin conocer las transformaciones de esa ocupación territorial ni demográfica ni poblacional y seguimos aumentando el tamaño de las ciudades, y esto es muy importante porque la discusión va más allá de generar vivienda, se trata también de la disposición de residuos sólidos, el derecho al agua y la calidad del aire, entre otros", indicó.
Planes y más planes
La profesora Yency Contreras reconoció que el país ha avanzado en el ordenamiento territorial gracias a leyes como la 388 de 1997 y otras reglamentaciones relacionadas con los campos ambiental y rural. No obstante, resaltó que se observa una dispersión de estas normas cuando se toman decisiones sobre el territorio.
"Ha sido difícil encaminar las iniciativas de los municipios y del nivel nacional en cuanto que promueven la asociatividad entre los territorios, que garanticen una planeación y una gestión territorial que trascienda los marcos políticos institucionales y se piense de una manera más amplia incorporando las dimensiones ambientales, rurales, zonas de transición y movilidad", dijo.
Actualmente el país cuenta con planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento departamental, planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial, pero en definitiva siguen siendo los municipios los que toman las decisiones.
Según la académica, las iniciativas del Gobierno nacional no contemplan las realidades de los municipios, lo cual hace que sea difícil que exista articulación entre políticas, programas y proyectos.
En este sentido, el profesor Viviescas recordó que en Bogotá no se ha aprobado ninguno de los 10 o 12 POT que se le han presentado, lo cual ha dejado en el limbo el presente y el futuro de la ciudad más importante del país. "Los poderes no permiten que se dé una legislación, porque el ordenamiento pone en cintura todos los elementos con los cuales se ha estado manejando el territorio en Colombia durante toda su existencia", subrayó.
La investigadora del IEU, por su parte, insistió en que el ordenamiento no es un tema técnico sino político, y es ahí donde se debe intervenir la relación entre sociedad y territorio para poder garantizar que toda la normatividad dispersa nos permita obtener resultados.
En conclusión, puntualizó que el ordenamiento se ha quedado en un aspecto técnico o político de cómo benefician las rentas, pero en realidad es un tema transversal en ámbitos como la educación, salud, movilidad, medio ambiente, entre otros.