Nuevas discusiones sobre la reforma a la salud, ¿qué dice la Adres?

El funcionario mencionó además que “es necesario fortalecer la red pública hospitalaria y devolverle su función primordial, porque ellos están allá en territorios donde no hay condiciones de mercado y donde los privados no llegan; el sector público debe dar garantías de salud”.

Por eso reiteró que se debe contar con un buen financiamiento y que los trabajadores de la salud tengan ingresos significativos, dos elementos que están contemplados en el proyecto financiero.

“Para garantizar que funcione tenemos dos formas: la primera, que todo el personal de atención primaria –que maneja el 60 % de los servicios de salud en miles de centros de atención primaria en todos los barrios, municipios y veredas del país– sea contratado con todas las prestaciones sociales; ya no habrá contratos por orden de prestación de servicios”, indicó.

La segunda forma tiene que ver con laboralizar al personal de los hospitales públicos de mediana y alta complejidad, rubros importantes que ya están garantizados en la reforma. Según la Fundación del Español Urgente (Fundeu), “laboralizar y laboralización son voces bien formadas que aluden a la conversión en contratos laborales de determinadas relaciones”.

Vale destacar que la Adres será la entidad encargada de los recursos públicos que hoy se les pagan a las EPS, cuyo monto ronda los 6,6 billones de pesos, según indicó la exministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, en su intervención en uno de los foros realizados en la UNAL. En ese sentido, con la reforma esta entidad contabilizará dichos recursos y será el único pagador.

“Hay un buen futuro financiero, la reforma tiene una estructura financiera asegurada y es importante decir que la seguridad social no se va a acabar; nosotros somos defensores de ella”, reiteró el director de la Adres.

En este espacio también participaron varios académicos del sector, además de la representante a la Cámara del Partido Verde Martha Alfonso Jurado, y voceros de movimientos sociales.

“Esta reforma le da desarrollo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015, relacionada con el derecho como tal y con su carácter de servicio público: en dónde se presta, cómo se hace, a través de quién”.

“El servicio de salud que había estado al garete en este país, en manejo, creo yo exclusivo de los privados, en esta reforma se pretende recuperar esa rectoría, organización pública y esa gobernanza de esas herramientas del sistema de salud; centros de atención, redes de los servicios, laboratorios, agentes farmacéuticos, todos los agentes que ayudan a garantizar el derecho a la salud”, puntualizó la representante Alfonso.

Por su parte, Román Vega, coordinador Global del Movimiento por la Salud de los Pueblos, fue enfático en señalar que “en la reforma no hay un capítulo que enfrente el tema de la privatización de modo adecuado, como por ejemplo en la regulación de las multinacionales y en la supervisión estricta de los prestadores privados, porque tienen impactos clave en los sistemas de salud”.

Así mismo, reiteró que los costos son un poder que pondrá un precio y un valor en las actividades de salud y en la calidad de la atención: “en ninguna parte del mundo el sector privado es mejor en prestación de servicios de salud que el sector público cuando está bien organizado, de modo que esta es una consideración que se puede hacer en el enfoque del proyecto de ley”.

A su vez, el profesor José Fernando Galván Villamarín, decano de la Facultad de Medicina de la UNAL, indicó que “modificar un sistema de salud implica un trabajo interdisciplinar y también interministerial; debe existir una relación clara con el Ministerio del Trabajo, y si vamos a hablar de un escenario de una reforma para los trabajadores de la salud, tiene que haber un trabajo mancomunado y articulado con la reforma laboral”.

“Necesitamos que lo que quede plasmado en la reforma tenga el vaso comunicante con la reforma laboral para llegar a un escenario adecuado”, dijo el académico.

Aunque se espera que la reforma a la salud esté aprobada antes del 20 de junio –según la planeación del Gobierno– y la ponencia está lista, las discusiones sobre este proyecto de ley siguen en pausa. Se prevé que en los próximos días el Congreso las reanude.