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Política y Sociedad

Municipios de Arauca excluidos de los PDET serían más afectados por el conflicto

    La expectativa de las comunidades frente a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Arauca contrasta con la realidad del territorio, pues a pesar de que históricamente toda la zona ha sufrido el flagelo del conflicto armado, solo 4 de los 7 municipios del departamento fueron priorizados en estos instrumentos de planificación y gestión, y –según la comunidad– solo a 2 se le atribuyen avances significativos.

    Estos reportes forman parte de una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), producto del proyecto “Diseños institucionales: campesinado, conflicto y paz”, articulado entre el Observatorio de Tierras de la UNAL Sede Bogotá, el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz (OFTP( de la UNAL Sede Orinoquia, y la Sede de La Paz.

    Los PDET han sido esenciales para la construcción de paz y desarrollo tras el Acuerdo Final de paz firmado en 2016, con medidas para el desarrollo económico y la implementación de la Reforma Rural Integral. Ubicada en la frontera oriental colombiana, históricamente Arauca ha estado marcada por el conflicto armado, pues allí han tenido presencia todos los actores armados.

    “La ubicación geográfica de Arauca es un factor determinante en la configuración del orden social y el desarrollo del conflicto armado en la región; el departamento limita al norte con el estado venezolano de Apure, al sur con Casanare en Colombia, al oriente con Venezuela y también con Vichada, y al occidente con Boyacá, ubicación estratégica que ha propiciado la presencia y acción de diversos grupos armados ilegales a lo largo de la historia del departamento”, explica el politólogo de la UNAL Jhonathan Ballesteros, líder del OFTP.

    Por su alta vulnerabilidad ante la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos, además de sus altos niveles de pobreza extrema, los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita fueron seleccionados para integrar el PDET; estos criterios se establecen en el Acuerdo de Paz para formar parte del desarrollo prioritario.

    No obstante, los otros municipios: Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca capital, que también han sido gravemente afectados por el conflicto, no fueron incluidos en el PDET, lo que ha generado sentimientos de exclusión y desigualdad.

    “En la actualidad son uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, en Cravo Norte y Puerto Rondón es donde se están disputando actualmente el territorio el ELN y las disidencias de las FARC”, señala docente de la UNAL Vanessa Ortiz Piedrahíta, socióloga y doctora en Ciencias Sociales.

    “Especialmente Cravo Norte y Puerto Rondón han sido de los más afectados por el conflicto armado en Arauca y en Colombia; cumplían con los 4 requisitos para ser PDET, que son: afectación por el conflicto, pobreza, debilidad institucional administrativa, y presencia de cultivos ilícitos; pero no fueron seleccionados. Entonces se evidencia una mala praxis en la gestión administrativa a la hora de incluirlos, sobre todo en estos puntos que se negociaron en el Acuerdo de Paz”, agrega la experta Ortiz.

    Los campesinos que participaron en el proyecto señalaron que “aunque las iniciativas formuladas desde los territorios fueron priorizadas, la ejecución ha sido limitada”. Según las comunidades, de las más de 100 iniciativas productivas proyectadas, menos del 20 % se han materializado.

    Los habitantes rurales señalaron la falta de recursos, vigilancia y un enlace territorial eficiente como los obstáculos a la puesta en marcha de proyectos agrícolas y pecuarios que podrían dinamizar la economía. “Los campesinos seguimos esperando que los proyectos productivos se concreten”, afirma un agricultor de Arauquita.

    Proyectos productivos y mejor infraestructura

    Saravena y Fortul, en cambio, han visto mejoras en infraestructura vial y en el fortalecimiento de proyectos productivos. Estas acciones han permitido que algunas familias campesinas comiencen a mejorar su calidad de vida. No obstante, hay otros municipios en donde la desigualdad social se acrecienta.

    “En Cravo Norte no tenemos ningún proyecto para fortalecer a un campesino, las fincas están sin conexión vial, sin energía, al menos una energía limpia, siempre estamos con el mechero alumbrándonos, cocinando todavía con leña, no tenemos oportunidad de dignificarnos porque las condiciones son muy difíciles”, precisa un líder campesino de la zona.

    En este sentido, la implementación de los PDET ha generado tanto avances como críticas. La docente Ortiz concluye que “en estos 7 años ha habido cosas tanto positivas como negativas; se han logrado proyectos de infraestructura, educativos y productivos muy necesarios para la ruralidad, que en términos generales son percibidos como aporte a la construcción de paz”.

    Aunque destaca la participación de las comunidades en la fase inicial, que permitió escuchar a las poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región, en la implementación no se habría mantenido ese vínculo.

    “Las Juntas de Acción Comunal no fueron vinculadas y las alcaldías trabajaron con contratistas que tienen sus propios criterios, no dialogaron muy bien con los de la Agencia de Renovación del Territorio (ART)”, explica la docente Ortiz. Esto generó desconexión y dejó a los líderes comunitarios sin un rol clave en la veeduría, según lo acordado en el Acuerdo de Paz, debilitando la efectividad y el impacto de los proyectos en algunas zonas.

    Este proyecto contó con la participación de los estudiantes de la UNAL Sede de La Paz María José Posso Mejía y Yovanni Andrés Novoa, practicantes en Gestión Cultural y Comunicativa, quienes apoyaron recogiendo testimonios y elaborando contenido audiovisual, como el pódcast Voces reales,en el que se aborda esta problemática vigente en departamento de Arauca y que próximamente se podrá escuchar en las plataformas digitales de la UNAL.