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Menos tierra y sin propiedad, transformaciones en economía campesina de Zipacón y Bojacá
Los campesinos de algunas veredas de Zipacón y Bojacá están dejando de lado cultivos tradicionales por la falta de tierra y por no ser propietarios. Foto: Diego López Melo, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la UNAL.
Cultivo de granadilla abandonado en la vereda Roble Hueco por la falta de mano de obra. Foto: Diego López Melo, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la UNAL.
En algunas fincas de estas veredas solo vive una persona, que muchas veces es de la tercera edad, por lo que prefieren vender o arrendar su finca. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.
Con el cultivo de flores los agricultores deben incurrir en gastos para los que no estaban acostumbrados, como la compra de productos para tratar el suelo, que les afecta su economía. Foto: archivo Unimedios.
Diego López Melo, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la UNAL. Foto: Diego López Melo, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la UNAL.
Según el Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana, Cundinamarca concentra cerca del 66 % de las hectáreas destinadas para el cultivo de flores –que en Colombia cuentan con más de 600 especies–; le siguen Antioquia con el 33 %, y el 1 % se concentra en el suroccidente del país.
La mayoría de los campesinos de estas veredas no son propietarios de la tierra, o han reducido drásticamente su área de producción.
El investigador Diego López Melo, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien trabaja hace cerca de 5 años con estas comunidades, realizó un diagnóstico de los procesos de transformación económica y social entrevistando a 18 familias agricultoras de las dos veredas, que representan más del 40 % de la población de estos lugares.
Así, encontró que el 87,5 % de los entrevistados en la vereda Rincón Santo no son propietarios de las fincas en que trabajan, mientras que en la vereda Roble Hueco el 50 % tienen que acudir a arriendos y sociedades para producir. Además, los predios que los familiares dejan a las nuevas generaciones terminan siendo vendidos para otros fines, ya que los más jóvenes emigran a las ciudades en busca de otra vida.
Esta situación se ve agudizada por la edad media de los pobladores: en Roble Hueco el 64 % de los habitantes tiene más de 45 años, y de estos el 34 % tiene más de 62 años; y estamos hablando de veredas y municipios en donde la población difícilmente alcance los 300 habitantes.
Uno de los testimonios que recogió el investigador ejemplifica el problema de la tierra en estos municipios: “uno acá en Zipacón como campesino no tiene la posibilidad de tener tierra, una hectárea en un lugar bueno puede valer entre 400 y 500 millones de pesos, inaccesible para nosotros”, asegura una campesina y concejal de la vereda Rincón Santo.
Como el 80 % de la población campesina de estos dos municipios viven de la producción agropecuaria con los cultivos tradicionales de frutas y hortalizas, esto supone un problema, y es que las actividades estén quedando relegadas por la edad, y, según cuenta el investigador, los ancianos prefieren arrendar o venderles a personas que vienen de la ciudad a buscar un lugar para vacacionar o para vivir.
Manuel Quintana, un productor de la zona, le contó al experto que el cultivo de mora en la vereda Rincón Santo ha disminuido drásticamente respecto a épocas pasadas, ya que hay poca disponibilidad de mano de obra para cosechas y podas, y ya no existe un conocimiento claro del cultivo, porque las nuevas generaciones que se quedan prefieren otros productos, como por ejemplo follajes o flores.
Cundinamarca es el principal exportador de flores de Colombia. Según la Gobernación del departamento, en 2019 exportó 190.000 toneladas, que representan el 73 % de la producción nacional, y 1.200 millones de dólares.
“Esto genera que en Zipacón y Bojacá los campesinos terminen en el mercado de cultivos ornamentales, destinando un porcentaje alto de los 4.000 o 5.000 m2que les quedan para esta actividad; pero se enfrentan a gastos que no tenían presupuestados antes –como la compra de herbicidas, insumos químicos y fertilizantes granulados–, lo que afecta su economía familiar”.
“Un fenómeno particular se presentó en 2020, cuando la pandemia hizo que muchas personas volvieran al campo a cuidar de sus familiares mayores y de las fincas; en este periodo aumentaron los cultivos y el tratamiento de la tierra tradicional”, asegura el experto.
Asegura además que aunque tiende a pensarse que todos tienen dinámicas campesinas iguales sin importar el lugar, esto no es así; en marzo de este año, 15.226 personas se identificaron como campesinas ante el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
“Uno de los problemas es que estos instrumentos de medición se quedan en preguntas rápidas de pertenencia en un censo impreciso, por lo que se debe hacer un estudio más detallado y específico de las formas de vida y las dinámicas del campesinado”.
“Esto ayudaría a generar mejores políticas públicas, ya que las vigentes: la declaración de los derechos de los campesinos de la ONU en 2018, y la política de desarrollo rural integral o reforma rural integral, necesitan una mayor implementación en las comunidades y la competencia con las agroindustrias”, concluye el magíster.
