Mejorar gestión en los cementerios, reto en la búsqueda de desaparecidos en la Orinoquia

Durante la sesión “Análisis territorial de la desaparición, los procesos de búsqueda en la región Orinoquia”, Jhonatan Ballesteros, coordinador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), señaló que “en la Orinoquia existen las desapariciones administrativas; estas responden justamente a que en los cementerios de municipios y veredas araucanos no existen administradores, una situación que dificulta la identificación de las personas sepultadas. Eso solo hace que el problema sea mucho más grande”.

Una premisa en la que coincidió Tatiana Suárez, de la Pastoral Social Caritas Colombia del Meta. Para ella, el departamento tiene la misma problemática que manifestó el politólogo ballesteros, y añadió que “dentro del trabajo realizado hemos encontrado archivos de los cementerios sin organizar, e incluso documentos que han sido quemados, lo que dificulta la búsqueda”.

“Nos encontramos frente a una población flotante en el territorio. Los archivos están a cargo de personas que desconocen el territorio, no conocen los hechos que marcaron el territorio, lo que provoca que esta memoria se pierda. Los archivos de inspección y municipales no están organizados ni identificados para que puedan servir a la búsqueda”.

La dificultad de los cementerios y la alta probabilidad de encontrar cuerpos de personas dadas por desaparecidas en estos escenarios llevó a que en 2022 la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPBD) interviniera el Cementerio Central Católico de Saravena (Arauca), en donde recuperó cuatro cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas. Para la entidad, la cifra en los cementerios de la región podría ser mayor.

Según Fernando Trujillo, de la UPBD, “la cifra de desaparecidos del Meta es 8.761, de las cuales 7.815 son personas dadas por desaparecidas en los 26 municipios de cobertura y de esos tenemos 2.017 solicitudes de búsqueda. El Meta, después de Antioquia, es el segundo departamento con mayores casos en el país, lo que nos convierte este trabajo en un reto grande”.

“No tenemos certeza de cuántas personas están enterradas en el Cementerio de Mapiripán (Meta) no sabemos si eran mujeres, hombres, qué edad tenían o en qué año fueron enterrados. Eso hace que sea difícil el proceso, por eso no podemos tener una cifra de cuántas personas desaparecidas hay en el Meta”, añadió la lideresa social Zulia Angélica Vega, quien además busca a su padre y a sus dos tíos desde hace más de 20 años.

Respecto a las cifras, el coordinador del Observatorio de la UNAL enfatizó en el problema con las fuentes de información estatal, pues cada entidad tiene criterios diferentes, como el tiempo de la desaparición, lo que no ayuda a dimensionar el problema. Añade que, “según los trabajos e informes hechos pudimos dar cuenta de que en el país hay 7.549 sitios de disposición de cuerpos, de los cuales 1.436 están ubicados en la región Orinoquia (incluyendo a Guaviare y Guainía) lo cual representa el 19 % de los sitios del país. De los 1.436, el 60 %, es decir 862, están en el Meta”.

A su intervención le suma que la desaparición no es el único problema de la región, pues según el trabajo del Observatorio han evidenciado que frente a una tasa de homicidio nacional de 12,09 Arauca tiene una tasa de 86,9, lo que muestra un recrudecimiento del conflicto armado en la región.

Estigmatización al liderazgo social, la sombra de la desaparición

Al momento de su intervención, Eduardo Sogamoso, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, aseguró que una de las preocupaciones de la Fundación radica en la persecución, estigmatización y asesinato de líderes y defensores de los derechos humanos.

“Entre 2022 y 2023 la Fundación ha documentado 16 asesinatos de líderes y defensores de los DD. HH. Pero no es lo único: se amenaza a los dirigentes locales, se ponen explosivos en casas de líderes, se han obligado a desplazar personas e incluso han ocurrido atentados en instalaciones de proyectos comunitarios”.

Este último hecho al que se refiere el también periodista local fue un carro bomba dejado frente a un centro de reunión de organizaciones civiles y comunitarias en Saravena (Arauca), un suceso que dejó una persona muerta y cinco más heridas.