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Política y Sociedad

Medellín tendrá política pública migratoria diseñada por investigadores de la UNAL

    Esta sería la segunda ciudad del país, después de Bogotá, que implementa una hoja de ruta diferencial. El proceso de diagnóstico local fue valioso porque con él se constató, por ejemplo, que el 64 % de los migrantes, durante sus primeros seis meses de estadía en Medellín, solo pueden acceder a viviendas en condiciones de hacinamiento, y que el 75 % de los que sufrieron agresiones no acudió a ninguna autoridad. La política pública, que regirá durante los próximos 10 años, atiende algunas problemáticas específicas de la ciudad en torno a las que se deben diseñar planes y programas.

    A pesar de los esfuerzos nacionales consolidados en la Política Integral Migratoria de 2021 aún siguen existiendo retos para coordinar y articular respuestas en los territorios, sobre todo que se correspondan con las necesidades de cada contexto. Por eso, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín se sumó desde el 2021 al proceso de formulación de la Política Pública de la Migración del Distrito de Medellín, recientemente aprobada por el Concejo con 20 votos a favor de 21 cabildantes..

    “Implementamos una ruta metodológica innovadora, dividida en cuatro fases: diagnóstico participativo, caracterización, documentación y análisis. Para esto desarrollamos 45 talleres en las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito –en los que participaron 1.643 personas–, y gracias a estos espacios obtuvimos 1.052 insumos para definir problemáticas específicas”, explica Juan Sebastián Navas Guzmán, integrante del Centro de Pensamiento Crítico de Política Ambiental y Sociedad de la UNAL Sede Medellín.

    “Los encuentros y ejercicios estuvieron diseñados con el propósito de que todos los actores –desde migrantes y población de acogida hasta organizaciones internacionales y la institucionalidad local, regional y nacional– se mantuvieran cómodos durante las conversaciones. Así recolectamos la información y las propuestas en el marco de un trabajo colectivo y horizontal”, agrega.

    A partir de esta labor, los investigadores corroboraron que aunque Medellín es la segunda ciudad con mayor población migrante proveniente de Venezuela –después de Bogotá–, también acoge a personas que se desplazan internamente, refugiadas –con ascendencia africana, por ejemplo– y colombiana retornada, es decir, nacionales que habían salido del país y regresan, fenómenos denominados como flujos migratorios mixtos.

    “La ciudad no solo es un sitio de paso para quienes se dirigen al norte o el sur, sino que además es un lugar al que llegan personas para establecerse. En el caso de las y los migrantes venezolanos, por ejemplo, se trata de la similitud de Medellín con sus lugares de origen, además de las condiciones económicas y de acceso a servicios que encuentran aquí, en comparación con otros lugares”, agrega el investigador Navas.

    En definitiva, el diagnóstico y los ejercicios de reflexión crítica les permitieron sistematizar 5 ejes y 22 problemas asociados, que se recogen en un problema público. “Identificamos que la limitada acogida e integración efectiva de los y las migrantes en Medellín impide que gocen plenamente de sus derechos, además hay una administración institucional débil y desarticulada para la gestión de la migración, además de grandes problemas para difusión de la información relacionada con el acceso a los documentos de regularización y a la oferta institucional”.

    Así mismo, hallaron que las acciones de atención prioritaria en alimentación, salud y albergue son insuficientes, pues la mayoría de los migrantes, dentro de los primeros seis meses de permanencia en la ciudad, no logran inscribirse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y tampoco al régimen contributivo ni en el subsidiado.

    “También constatamos que la migración es un fenómeno feminizado. Según Migración Colombia, entre febrero de 2022 y enero de 2024 hubo un flujo de migrantes del que el 51,6 % fueron mujeres. Muchas llegan con sus hijos y consiguen trabajo rápido, ¿pero qué tipo de trabajo?: informal o mal pago. Esta es la evidencia de que es necesario trazar planes y programas locales específicos”, precisa.

    Acciones concretas en pro de los derechos humanos y la dignidad

    Además de la metodología, otra de las propuestas esencial en el diseño de la política pública fue el cambio del concepto “ciudadano” por “habitante de la ciudad”. “La falta de un documento de identidad no te quita el valor como persona. Además, nuestro enfoque buscó la cohesión social. Por eso en los talleres identificamos los problemas, pero también las soluciones. Partimos de que el migrante no se debe adaptar a la cultura a la que llega, sino que puede aportar, no solo económicamente sino también desde sus tradiciones, gastronomía, costumbres o cosmovisión”.

    Paralelo al diseño de la política pública se oficializó la Mesa Interinstitucional para la Gestión de Flujos Migratorios Mixtos, que reúne a los distintos actores para proponer programas y establecer alianzas. El experto anota que “de allí pueden surgir estrategias para el apoyo de emprendimientos, para bancarizar a los migrantes, para su desarrollo integral, deporte y entretenimiento, entre otros aspectos, todo según el alcance local. Lo valioso es que se establecen responsables e instrumentos de medición para evaluar la efectividad”.

    La metodología y el proceso llevado a cabo en Medellín se podría extender a otros municipios y regiones con el fin de diagnosticar y atender las necesidades particulares de los migrantes en cada zona del país. “Hablamos de población muy vulnerable, que tiene derecho al bienestar, a la salud, el trabajo, la educación, etc. Aunque todo esto se establece globalmente, es necesario particularizar para garantizar acciones concretas”, termina el investigador Navas.