Macroproyectos de Interés Social, lejos de ser una solución de vivienda en Buenaventura

Al perder su acceso al mar, que es su principal fuente de sustento, y ser trasladadas a viviendas sin servicios básicos ni infraestructura adecuada, el proyecto no representó soluciones para estas comunidades que ahora enfrentarían condiciones de vida aún más precarias.

El investigador Yair Alejandro Parada, de la Maestría en Gobierno Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, examinó a fondo los efectos del macroproyecto de interés social San Antonio, en Buenaventura, y sus resultados muestran el impacto que dejó en la región esta iniciativa gubernamental. Su trabajo fue dirigido por la docente Patricia Montoya Pino.

Un cambio del agua a la tierra

Las comunidades negras que vivían en la isla de Cascajal han habitado esta área durante generaciones, remontándose incluso al siglo XVI, cuando las primeras comunidades indígenas se establecieron en la zona por las posibilidades de comercio marítimo que representaba, lo que generó una relación íntima con el mar, por generaciones se adoptó la pesca como su principal actividad económica, y con el tiempo lograron expandir su territorio con casas autoconstruidas.

En 2007 el Gobierno nacional planeó un macroproyecto de vivienda de interés social en la zona continental de Buenaventura con el objetivo de reubicar alrededor de 3.100 hogares de bajamar que habitaban la zona sur, donde hay un riesgo no mitigable ante tsunamis, y que además presentaban los índices más altos de pobreza.

“Este proyecto buscaba reducir el déficit habitacional en la región y mejorar las condiciones de vida de las familias, pero también estaba alineado con intereses de desarrollo económico y turístico para la ciudad”, sostiene el investigador.

Después del traslado de las comunidades vulnerables se promovió la atracción de inversión extranjera y la industrialización del puerto de Buenaventura, por ejemplo con la construcción del Malecón Bahía de la Cruz. Esta transformación se realizó en detrimento de los derechos de las comunidades étnicas, que fueron desplazadas para darles paso a proyectos industriales y turísticos.

“La reubicación tenía un fuerte trasfondo económico, ya que el Gobierno pretendía desarrollar turísticamente la isla habitada por las comunidades, construyendo allí hoteles, parques y un nuevo centro urbano”, sostiene el magíster Parada.

Las familias fueron trasladadas a una zona del interior continental, lo que representa un cambio no solo físico, sino también cultural y económico para las comunidades. El acceso al mar quedó a varios kilómetros de distancia.

Además se enfrentaron a un choque cultural con otras comunidades que vivían en la zona, entre ellas negras e indígenas, con quienes se presentó una competencia por los recursos. También hubo una expansión urbana desde la Buenaventura interior hacia el megaproyecto, pasando por territorios étnicos.

“El macroproyecto fue impulsado sin una consulta adecuada a las comunidades afectadas, lo que generó tensiones y conflictos”, señala el investigador.

Las viviendas en las que fueron reubicadas no contaban con los servicios básicos necesarios como agua y luz, que el municipio tampoco está en condiciones de suplir. Además, la ubicación de las nuevas viviendas estaba lejos de escuelas, hospitales y otros servicios esenciales, agravando aún más sus condiciones.

Conflictos jurídicos y sociales

La falta de coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y local se hizo evidente, ya que este último no fue consultado inicialmente sobre el proyecto. Este desajuste entre las autoridades generó inseguridad jurídica sobre la tenencia de los predios y retrasos en la ejecución de las obras.

En 2010, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los macroproyectos de interés social creados en 2007, precisamente por no tener en cuenta el principio de autonomía territorial, lo que afectó directamente a San Antonio.

Para ese momento el proyecto ya había avanzado un 15 %, con una inversión de 40 billones de pesos. En 2021 ninguno de esos proyectos había finalizado, y en el caso analizado solo se habían entregado 1.309 casas, es decir un 32 % de avance.

“Además, la zona donde se construyó el macroproyecto estaba en disputa con comunidades indígenas que reclamaban la titulación colectiva de las tierras, lo que generó tensiones entre las comunidades pescadoras y cazadoras negras”, afirma el magíster Parada.

En 2011 el Gobierno nacional cambió el destino inicial del macroproyecto, permitiendo que las viviendas también pudieran ser ocupadas por personas desplazadas por fenómenos como la ola invernal de 2011. Este cambio de dirección generó nuevas complicaciones, ya que mezcló comunidades de diferentes orígenes, afectando aún más el tejido social de las comunidades negras y étnicas reubicadas.

Propuesta para solucionar el problema

Como soluciones a este problema, el magíster Parada propone que el proyecto se ajuste para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Esto incluye modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para integrar estas zonas en el desarrollo urbano de Buenaventura, la dotación de infraestructura económica y social, y un proceso de participación amplio que involucre a las comunidades desplazadas en la toma de decisiones.

Su investigación resalta la necesidad de garantizar una compensación justa y medidas inclusivas que respeten los derechos territoriales y económicos de las poblaciones vulnerables.

En resumen, este trabajo de investigación revela las profundas tensiones entre el desarrollo urbano y los derechos de las comunidades vulnerables, mostrando cómo los macroproyectos de vivienda exacerban las desigualdades sociales y territoriales cuando no se diseñan de manera inclusiva y equitativa.