Leyes castigan el hurto callejero, pero no atacan sus causas

Según el Índice de Criminalidad para Colombia, el hurto común ocupa el primer lugar de los delitos más frecuentes en el país con 38,6 %, seguido de lesiones personales (22,7 %), hurto de vehículos (18,0 %) y homicidio común (16,1 %).

“Lamentablemente este delito es uno de los principales problemas de la política criminal colombiana”, asegura la politóloga Alexandra González Zapata, magíster en Políticas Públicas, en su investigación “Narrativas del hurto callejero: Un análisis de la mediatización de la política criminal colombiana y la ley de pequeñas causas”.

El estudio precisa que durante los últimos 10 años la mayoría de las personas privadas de la libertad están en esa situación por tres tipos de delito: homicidio, hurtos menores y tráfico de estupefacientes.

“Entre tanto las leyes han sido modificadas penal y procesalmente en 10 ocasiones en los últimos 16 años, por argumentos esgrimidos por el Congreso de la República como las referencias a las demandas de la ciudadanía, lo que ‘la gente quiere’, las cuales son transmitidas, casi de manera exclusiva por los medios de comunicación”, señala la magíster.

Sin embargo, reitera que no hay estudios ni estadísticas serias ni soluciones que vayan más allá del encarcelamiento, sin buscar la solución a las verdaderas causas de la criminalidad.

“Se debe promover una diversificación de las sanciones penales, que no impliquen únicamente la pena privativa de la libertad y que se correspondan con el daño al bien jurídico”, sostiene.

En ese sentido, considera que “las sanciones en los casos de hurto callejero deben ir encaminadas a la restauración del daño y a la dignificación del delincuente, evitando su reincidencia”.

En el país, el hurto puede ser simple o calificado. El primero consiste en apoderarse de una cosa mueble –celular, billetera, etc.– que le pertenece a otra persona, sin ejercer violencia o forcejear con la víctima, y cuya cuantía no excede los 10 salarios mínimos, es decir un poco más de 9 millones de pesos. La pena actual en este caso es de 16 a 36 meses, lo que implica que es excarcelable.

El hurto calificado, por su parte, es aquel que se comete con violencia, en cuyo caso el culpable es condenado con penas que van de 6 a 16 años.

¿Endurecer las penas?

Hace poco el Ministerio del Interior anunció la presentación de un proyecto de ley que pretende endurecer las penas por delitos de baja cuantía, motivado, según la entidad, por informes de la Policía que dan cuenta de que en el transcurso de este año se han realizado 16.000 capturas por el delito de hurto a personas y 6.000 por hurto a establecimientos comerciales.

Según el estudio de la politóloga de la UNAL, cerca del 12 % de estos casos terminaron con detención preventiva en establecimiento de reclusión intramuros y el 10 % con medida domiciliaria.

La investigadora, quien forma parte de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez (Polcrymed), considera que “precisamente los legisladores justifican las decisiones de política criminal no en decisiones basadas en estudios o análisis científicos, sino en lo que suponen que la gente quiere”.

No se trata solo de la cárcel

“En el Congreso, los discursos se basan en que hay que hacer sentir seguros a los ciudadanos, sacar de las calles a los delincuentes, pero la discusión debe ir mucho más allá, incluirla en contextos locales”.

“Aunque sugieren más penas, seguramente también se deben incluir acciones como más educación, oportunidades de trabajo, mejoramiento de los entornos, iluminación de las calles, acercamientos entre la comunidad y la Policía. No se trata solo de cárcel y eso no ha se ha tenido en cuenta”, advierte.

Recomienda además determinar por qué los continuos incrementos en las condenas no evitan que se siga cometiendo el delito.

Según su investigación, en la que estudió todas las modificaciones a la ley en cuanto a hurto, “las medidas que se proponen no responden realmente al interés de disminuir el número de hurtos ni cambiar la situación percibida como problemática, sino que son de corto plazo, para responder al fenómeno concreto expuesto por los medios de comunicación y las redes sociales, pero los delincuentes siguen en la calle”.

El informe estadístico del Inpec de diciembre de 2016 señala que el 5,4 % de la población reclusa es iletrada, 35,9 % solo cursó la básica primaria, 38 % cursó algún grado de bachillerato y solo el 17 % alcanzó el grado de bachiller, y eso, asegura la politóloga González, “no se puede obviar”.

“Por eso se debe trabajar en la generación de medidas que no solo busquen sancionar la delincuencia, sino que también se permita emprender acciones para prevenir el crimen, lo cual evitaría que la política criminal se centre solo en un tratamiento reactivo y coyuntural”.