Las limitaciones sociales del POT

La ausencia de un planteamiento que comprenda la escala y la complejidad que Bogotá ha construido en todos los ámbitos "y la significación que ellas tienen para el futuro, como continente de la existencia individual y colectiva" es lo que más inquieta del debate actual en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esto es evidente, particularmente, en el articulado presentado al Concejo distrital.

Esta carencia desperdicia las perspectivas políticas y los horizontes sociales que la Ley 388 de 1997 le abrió al liderazgo del Estado (de las Administraciones) para formular perspectivas de desarrollo de las ciudades.

De esta manera, se sigue ampliando el vacío proyectual en el cual se mueven sociedades como la colombiana, donde prevalece la planificación urbana del día a día, lo que en el campo de la intervención espacial se traduce en el cubrimiento del territorio "predio a predio".

Sigue sin aparecer el orden estratégico y nos vemos abocados a discutir alrededor de un proyecto en el cual prevalece la intención de salir al paso de los problemas actuales: los que la tradición nos ha heredado y que han dejado a la capital, una vez más, sin un norte programático.

La situación se torna grave si tenemos en cuenta que el avance de las conversaciones de paz, en La Habana, puede llevar al momento histórico del posconflicto "acontecimiento que ni siquiera se menciona en el texto modificatorio".

En este, el ordenamiento territorial, específicamente el de los centros urbanos, adquiere una
dimensión verdaderamente trascendental para configurar el futuro de la nación, que tiene que ser definido de inmediato.

Lo que más decepciona es que se había creado la ilusión de que este cinismo ignorante había empezado a desaparecer. 

Por una ciudad compacta 

La Administración distrital había publicitado un trípode temático, conformado por la adaptación crítica al cambio climático, la superación de la segregación socioespacial y el fortalecimiento de lo público, en cuanto factores determinantes de los modelos de ciudad y de gobierno que se proponía adelantar durante su vigencia.

Solo bastaría agregar una mención explícita de la búsqueda de la competitividad económica "y, en particular, de un compromiso decidido con la consolidación de una plataforma de desarrollo de ciencia y tecnología", para constituir una propuesta de metrópoli efectivamente contemporánea.

Un modelo de centro urbano que no solo atienda el enorme déficit existencial (individual y colectivo) que cubre hoy a la mayoría de su población, sino que apoye también la necesidad de jugar hacia delante en el concierto de los grandes ámbitos metropolitanos que han empezado a caracterizar la forma de vida humana del siglo XXI.

De esa lógica se desprende el imperativo de asumir la responsabilidad política de emprender la transformación de Bogotá en una ciudad compacta.

En términos sociales, posiblemente, esa es la determinación más trascendental que se pueda tomar en el momento histórico que vive el país, pero nada de esto es extraordinario: en muchos sentidos, todas las grandes metrópolis contemporáneas están transitando ese camino.

Ahora bien, este proceso de aglomeración humana ha estado acompañado estructuralmente de la realización de enormes cambios en la dimensión social de la existencia individual y colectiva.

No se trata de que de ahora en adelante, simplemente, se vaya a llevar gente de los sectores más poblados hacia los sitios que presentan una menor densidad.

Por tanto, la complejidad no se limita a buscar respuestas que tranquilicen a los sectores económicos que, desde siempre, han usufructuado el renglón inmobiliario y que ven en la mezcla de estratos sociales en las urbanizaciones un atentado económico contra la "pureza" de su mercado y la "tranquilidad del vecindario".

En el caso bogotano, la densificación del territorio, asumida como política urbana, implica intervenir concienzudamente el territorio capitalino, de la mano de la empresa privada, pero liderada por el Estado, es decir, por la Administración (independientemente del signo político que la dirija).

Esto determinará la transformación total, a largo plazo, de las formas de vida individual y colectiva de Bogotá. Y, si el proceso de paz se consolida, las del país. 

Espacio público subvalorado 

Esta es la lógica que no se observa en el articulado propuesto en el Concejo (acuerdo "por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del POT").

En cambio, si bien de manera sutil, desaparecen las operaciones estratégicas: no se hace mención de las que se habían postulado en el año 2000 ni se plantean nuevas.

Fueron remplazadas por un instrumento anodino que, en lugar de señalarle horizontes a la ciudad, "tiene la finalidad de impulsar la transformación territorial, en áreas especiales, y orientar recursos de inversión para aprovechar potencialidades y concretar los objetivos de la estructura socioeconómica y espacial" (artículo 24).

El espacio público apenas merece una definición eufemística y tautológica: "Es el espacio construido de carácter permanente, de uso público y disfrute colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de prevalencia del peatón y personas en condiciones de movilidad reducida" (artículo 219).

Pero en el mundo entero es un ámbito que empieza, de verdad, a diferenciar la propuesta urbana del siglo XXI, principalmente, porque sirve para decidir política y culturalmente lo que va constituyendo la ciudadanía del presente y del futuro: desde la plaza Tahrir, en el Cairo, hasta el parque Zuccotti, en Manhattan.

Y, en el ámbito privado de la existencia, especialmente de los sectores más pobres, se le sigue haciendo una enorme concesión a la tradición asistencialista.

Estas son las inquietudes que suscita la reformulación de un ordenamiento territorial que pretende acoger esa creciente población que se agrupa en territorios como los de Bogotá "9.500.000 habitantes en 2050, según lo que informa la misma Secretaría Distrital de Planeación", con su creciente complejidad intelectual y material.

Y el documento no alcanza a responderlas porque está redactado en una perspectiva que solo busca "siguiendo la tradición de dominación política de Colombia" atender y subsanar las deficiencias y falencias que molestan a la institucionalidad, pero se abstiene de replantear completamente lo que socialmente es y significa la dimensión espacial en la existencia de los hombres y mujeres contemporáneos.