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El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que comenzarán conversaciones de paz con las Farc conmovió al país. El 77% de la opinión nacional está a favor de la iniciativa, no obstante el canto de sirena de sectores que insisten en que la única salida del conflicto es la derrota militar de la guerrilla.
La expansión y el poder de los grupos armados ilegales se fundamentó en dos estrategias: el control militar y político de los territorios ocupados; y el dominio de la producción de hoja de coca, de su transformación en clorhidrato de cocaína y de las rutas del tráfico internacional.
La articulación del narcotráfico con los movimientos insurgentes en Colombia y Perú, así como la expansión del paramilitarismo, hizo complejas y confusas las políticas y las estrategias para resolver o amortiguar el tráfico de drogas en los países andino-amazónicos. Esto llevó la situación al abismo de la militarización y a la narcotización del conflicto armado.
Que el fenómeno es un blanco móvil, que responde a las condiciones de los mercados y a las políticas de represión, se expresa de manera tozuda en la cifras. El informe del 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destaca que, en ese año, se sembraron 64.000 hectáreas (ha) de esta planta, que representan un leve aumento en comparación con el año anterior.
El 63% de esta área se encuentra en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca, todos pertenecientes a la cuenca amazónica. Pero hay coca cultivada en 23 de los 32 departamentos colombianos.
Un negocio muy rentable
La producción de clorhidrato de cocaína ("perica") que fluye a los mercados es de 245 toneladas anuales. El valor de la cosecha de hoja de coca en las zonas de producción es de 420 millones de dólares, que equivale al 0,2% del PIB nacional y al 3% del PIB agrícola del país, una participación considerable. Un campesino que cultiva coca recibe, en promedio, 6.500.000 pesos por hectárea al año. ¡Ya quisieran los caficultores tener un ingreso semejante!
Estas cifras contrastan con las de la UNODC: en el año 2011, se erradicaron manualmente 34.170 ha y se fumigaron por vía aérea 103.302 ha, para un total de 137.472. ¡Si a esta cifra se le suman las 64.000 detectadas por los satélites, el gran total sería de 201.472!
Estas impresionantes cifras pueden interpretarse de diferentes maneras: las hectáreas erradicadas y fumigadas son menos de las que reporta la cifra oficial; fumigar no significa siempre erradicar, pues los cultivos se pueden recuperar; o las hectáreas realmente sembradas superan la cifra anunciada de 64.000 y, por lo tanto, son más las toneladas de cocaína que circulan en el mercado.
Las características dominantes de oferta, demanda y precios de los estupefacientes de origen vegetal hacen que las políticas de represión sean un aliciente para las tácticas cada vez más violentas de control del territorio, de las rutas del narcotráfico y de los mercados.
El Pacífico colombiano es la nueva plataforma de producción y embarque de esta droga. Y México, el escenario ensangrentado de la lucha de las mafias por el control de las rutas internacionales del tráfico.
Se debe reconocer, sin vacilaciones, que la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes constituye hoy un sector privilegiado de la economía mundial que se ajusta de manera perfecta a las condiciones vigentes de internacionalización de los mercados; a la libre concurrencia del capital en los sectores de mayor rentabilidad a menor plazo; a la minimización de las barreras fronterizas y aduaneras; y a la capacidad del capital de asumir hasta los más onerosos riesgos en favor de su reproducción ampliada.
La lucha fracasó
El negocio mundial de la producción y tráfico de cocaína sigue vivo. Perú es nuevamente el primer productor de hoja de coca y Bolivia le sigue los pasos. En Colombia, los grandes carteles fueron reemplazados por firmas de menor tamaño, pero que mantienen sistemas de transporte y de relaciones económicas y criminales muy eficientes con los carteles mexicanos, europeos y asiáticos.
Son conocidos los conceptos de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (obra de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo), que insisten en el fracaso de la orientación prohibitiva de la lucha contra las drogas. También es conocido el informe del 2010 de la Misión de Política Exterior de Colombia, en el que se concluye que el paradigma inspirador de la lucha oficial contra el narcotráfico ha fallado estrepitosamente.
El actual zar antidrogas de los Estados Unidos, Richard Gil Kerlikowske, ha asegurado que su Gobierno abandonará el lenguaje de "la guerra contra las drogas", para abogar por un enfoque menos punitivo dirigido a revisar el régimen prohibicionista. El presidente de Uruguay le ha propuesto a su país legalizar la siembra y distribución doméstica de marihuana; y el presidente Santos llevó el tema de políticas alternativas de manejo de este problema a la VI Cumbre de las Américas.
No será duradero un acuerdo de paz con las guerrillas si no se considera de forma paralela revisar la política de estupefacientes con miras a despenalizar el consumo, como condición para quebrar la viabilidad económica de este negocio multinacional. De no ser así, la tragedia del conflicto armado en Colombia se reeditará como tragicomedia protagonizada por organizaciones criminales emergentes alimentadas por miles de desmovilizados sin oficio.