Las aguas subterráneas las beben unos pocos

Alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo dependen de las aguas subterráneas para obtener agua potable y abastecerse para la irrigación agrícola. Con excepción del hielo polar, este patrimonio natural –que se alimenta de la infiltración de las lluvias y vigoriza las corrientes de los ríos– constituye el 97 % del agua dulce del planeta.

Los departamentos colombianos que más usan el agua subterránea son San Andrés, Quindío, Magdalena, La Guajira, Cauca, Caldas, Bolívar y Atlántico, y la captación más común es con aljibes y pozos profundos. Según el Ideam (2022), entre 1995 y 2014 se identificaron en el país 50.492 puntos de agua subterránea reportados tanto por las autoridades ambientales como por estudios regionales y locales e información del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH). Pese a ello es difícil estimar cuántos puntos existen realmente, debido a la falta de un registro nacional.

Según el profesor Gonzalo Duque Escobar, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, “al abordar las complejas relaciones entre la seguridad de un suministro confiable en calidad y cantidad de agua, y el clima de Colombia, resulta imperativo contemplar aspectos que van más allá de la contaminación del agua, por tres razones: (i) el acceso inequitativo al vital líquido, (ii) la precaria adaptación al cambio climático, y (iii) el desconocimiento de los acuíferos, es decir las aguas subterráneas que se filtran y almacenan bajo tierra en formaciones rocosas y porosas”.

Desigualdad, contaminación y falta de cobertura

En relación con la ley ambiental, sin dudas el país requiere con urgencia una reorientación social y ambiental que reconozca el carácter patrimonial del agua, el suelo y la biodiversidad, en vez de considerarlos como un recurso, y por ende como un objeto de mercado.

Aunque en 2008 la participación del agua en la economía nacional (PIB) alcanzó el 10 % (incluido un 2 % por la energía hidroeléctrica), los costos de la contaminación hídrica ascendieron al 3,5 % del PIB y los costos ocultos (asociados con la mala calidad) al 1 % del PIB.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el acceso igualitario al agua; en este caso el indicador Gini es de 0,92, recordando que cuanto más cerca esté del 0 representa la igualdad total, pero si está más próximo al 1 es la desigualdad total.

A este panorama se suma el hecho de que mientras la demanda hídrica se expande la oferta está cada vez más afectada por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación, lo que nos hace cada vez más vulnerables a eventos extremos como inundaciones, deslizamientos, sequías, olas de calor e incendios forestales.

Con precipitaciones anuales promedio de 1.800 mm y unas 720.000 cuencas hidrográficas, Colombia alcanza una oferta de 7.859 km³ de agua superficial y subterránea, el 25 % de los cuales son las escorrentías o el agua lluvia que transcurre por la superficie de un terreno, en este caso hacia ríos, lagos y océanos. Pese a ello, la Defensoría del Pueblo indicó que de los 1.122 municipios del país, 835 son susceptibles al desabastecimiento de agua, 521 la consumen sin tratamiento alguno (el 70 % de ellos con riesgo para la salud) y en 224 el agua es sanitariamente inviable.

El país afronta severos problemas de calidad en el 50 % de dicho patrimonio, dado el vertimiento anual de 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante que llegan a los acuíferos y a los cuerpos de agua provenientes del sector agropecuario y residencial; a esto se suman, entre otras sustancias, las 200 toneladas anuales de mercurio provenientes de la actividad minera.

Así mismo, en cuanto a cobertura, el DANE informa que aún es necesario extender el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual todavía no llega al 3,6 y a 5,6 millones de personas, respectivamente.

El problema es de organización

En Colombia las cuencas hidro-geológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 75 % del territorio, pero el patrimonio hídrico subterráneo está asimétricamente distribuido: el 56 % le corresponde a la Orinoquia, Amazonia y Costa Pacífica, y el 31,5 % a la Región Caribe e Insular, y solo el 12,5 % está en la Región Andina, la más densamente poblada.

Para el académico Duque, “será necesario trazar estrategias para prevenir desórdenes ambientales mayores que los del agua superficial, e incluso daños irreversibles en las aguas subterráneas, que también están expuestas a la contaminación provocada por excrementos humanos o de animales, compuestos químicos orgánicos asociados con combustibles, pesticidas, herbicidas o insecticidas, elementos químicos inorgánicos provenientes de rellenos sanitarios, y reactivos de industrias o minería, entre otros factores”.

Es el caso de la Ecorregión Cafetera, reservorio conformado por los ríos Magdalena, La Vieja y Risaralda, en donde la contaminación de lixiviados producidos cuando la humedad ingresa a la basura en un relleno sanitario –en este caso al deManizales– es un problema no resuelto.

También en la Sabana de Bogotá, cuya explotación de aguas subterráneas es muy alta, sobre todo en municipios como Chía, Sopó, Cota y Funza, en donde algunas veces se usa para abastecimiento público, consumo doméstico, ganadería o riego de cultivos, y la mayoría de los pozos no tienen un uso registrado, como evidenció una investigación adelantada en el Departamento de Geografía de la UNAL.

El Decreto 3930 de 2010 señala que el Estado debe garantizar la calidad del agua y ejercer el control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas (continentales o marinas). Además, dicho estudio advierte que “es necesario revisar los usos actuales del agua y, de requerirse, ampliar los parámetros y valores para fijar la destinación del patrimonio hídrico facilitando la gestión de las autoridades ambientales”.

“Las anteriores razones son más que suficientes para que el país declare los acuíferos como bienes públicos de interés general, y también para que se reconozcan los derechos que tienen las comunidades de administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, para prevenir la privatización de su uso y recuperar los ecosistemas degradados”, menciona el profesor Duque.

En su opinión, “es necesario evaluar cómo fluye el agua, examinado los flujos desde las zonas de infiltración o recarga en las cuencas abastecedoras hasta los reservorios de agua o acuíferos, y de allí hasta los manantiales, además de conocer las condiciones hidrológicas en cada escenario para identificar las amenazas y los conflictos que rodean este patrimonio natural que el país debe preservar”, concluye.