"La guerra contra las drogas no funciona"

Así lo aseguró el economista Alejandro Gaviria, exministro de Salud y nuevo rector de la Universidad de los Andes, durante su intervención como profesor invitado a la Cátedra Manuel Ancízar, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

En este espacio, el exministro planteó que en el caso de las políticas antidrogas que se han adoptado en la mayoría de los países la evidencia va por un lado y la toma de decisiones parece ir por el otro.

Uno de estos casos, en el que hay evidencia suficiente que debería impactar la forma como se diseñan las políticas antidrogas pero que parece no contaminarla, es la clasificación que se hace de las diferentes sustancias ilícitas psicoactivas en categorías del 1 al 4, donde 1 es la más peligrosa y 4 la menor.

"Desde una perspectiva farmacológica hay una contradicción, muchas de las sustancias menos peligrosas siguen estando en la categoría 1, mientras que algunas de las más peligrosas, sobre todo farmacéuticas, algunas de uso lícito, están categorizadas en la 4", manifestó el académico.

Tal situación no ha cambiado a pesar de intentos como los de la Sociedad Americana de Pediatría por cambiar la clasificación de la marihuana (categoría 1) para permitir los usos medicinales del cannabis en el manejo de la epilepsia.

"Con respecto al cannabis medicinal hay un debate interesante muy reciente que muestra que aquellos Estados que lo legalizaron tenían una alternativa de manejo del dolor crónico, haciendo que la crisis de los opiáceos y los opioides fuera menor", aseguró el profesor Gaviria.

Tales contradicciones hacen que la evidencia tenga poco que ver con el debate porque, según explica el docente, en el fondo tal vez estos temas involucran valores muy complejos y desacuerdos sociales de fondo, algo a lo que se suman las imposiciones de políticas exteriores, como las de EE. UU., que han marcado la pauta en estos temas.

Otro caso es el de la prohibición, que no lleva a una disminución del consumo, contrario a lo que sí ocurre con una regulación, que de manera explícita responda a preguntas acerca de quién puede consumir y cómo, algo que según expuso el profesor Gaviria ha sido demostrado por cientos de estudios.

Otra medida que se debería implementar son los programas de reducción del daño. Para el rector de Los Andes, existe evidencia creciente de que esta es una de las mejores políticas a implementar, aunque genera una gran reacción por parte de muchos grupos sociales que la perciben como una forma de tener cierta tolerancia con el consumo de sustancias.

"La guerra contra las drogas no funciona y la posición más razonable sería decir que un mundo libre de drogas es imposible. Tenemos que reducir el daño, reclasificar estas sustancias, comunicar adecuadamente su riesgo y empezar a regularlas de manera razonable, como lo hace Portugal", aseguró el docente.

Fumigaciones con glifosato

El economista también habló sobre la suspensión definitiva de las aspersiones aéreas con glifosato en 2015 por parte del Gobierno nacional, una decisión en la que él participó como ministro de Salud de la época.

Dicha medida se tomó a raíz de un anuncio en la revista científica Lancet Oncology, sobre el anticipo de una monografía relacionada con una conexión causal "en estudios con animales y una asociación no causal en estudios con humanos" del principio activo del glifosato y el riesgo de cáncer.

Pero desde esa época el debate sobre reactivar o no las fumigaciones no ha parado, y a pesar de que algunos estudios relacionan, por ejemplo, el aumento de consultas médicas por problemas dermatológicos, respiratorios y abortos espontáneos en zonas fumigadas, la falta de estudios sobre exposición continua y ensayos controlados aún abren espacio para la ambigüedad.

"El debate no está solo circunscrito a la evidencia", manifestó el profesor Gaviria, quien plantea razones que también se deben tomar en cuenta en el debate.

La primera está relacionada con la Ley Estatutaria en Salud, que plantea una prohibición explícita al Estado de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población. "El uso del glifosato como una estrategia contra cultivos ilícitos es una decisión del Estado y este no puede, de manera deliberada, dañar la salud de la población", planteó el economista.

A esto se suma que las poblaciones vulnerables afectadas no tienen manera de gestionar el riesgo al que son expuestos y que el uso del glifosato como una política antidroga no ha mostrado ser eficiente, e incluso puede estar relacionada con el aumento de los sembrados de coca.

"Es la acumulación de esos argumentos, no solo el ámbito de la evidencia médica, lo que a mí me dio tranquilidad en todas las instancias y los ámbitos que siguen gravitando sobre el debate en el país", manifestó el docente.