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La educación sí debe ser un derecho, no un servicio
La cuarta emisión del Ciclo de Conversaciones Al Habla, programa de UNAL Televisión, se realizó en la Sede Medellín. Foto: Laura Franco, Unimedios Sede Medellín.
El encuentro contó con la participación de personalidades como Xiomara Reyes Gamboa, consejera del Consejo Nacional de Acreditación. Foto: Laura Franco, Unimedios Sede Medellín.
Los estudiantes de la Sede Medellín enviaron sus apreciaciones en video. Foto: Laura Franco, Unimedios Sede Medellín.
La discusión se dio a la luz de la modificación que se prepara para la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.
También se discutió sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Educación de calidad”, de Naciones Unidas. Foto: Nicol Torres, Unimedios.
Con el fin de reflexionar en torno a la importancia de los estudiantes y su formación en el sistema de educación superior colombiano, se desarrolló un encuentro más de Al Habla, programa organizado por la Vicerrectoría Académica de la UNAL en coordinación con la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, las Direcciones Académicas de las Sedes y el Equipo Nacional de Autoevaluación.
En esta ocasión la Sede Medellín fue la anfitriona del programa –ya lo habían sido las Sedes Manizales y Palmira–, que contó con la presencia de voceros regionales y nacionales, entre ellos: la profesora Elvia María González Agudelo, vicerrectora de Docencia de la Universidad de Antioquia (UdeA); el profesor Álvaro Gómez Fernández, vicerrector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); Adriana Xiomara Reyes Gamboa, consejera del Consejo Nacional de Acreditación (CNA); Johanna Vásquez Velásquez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Sede Medellín, y Juan Manuel Muñoz Salazar, estudiante del pregrado en Construcción y representante estudiantil ante el Consejo de Sede.
El diálogo, que también contó con apreciaciones pregrabadas de algunos estudiantes de la Sede Medellín, inició con una discusión en torno a la posibilidad de modificar la perspectiva de la Ley 30 de 1992, que señala que la educación es un servicio.
“Determinar si la educación es un servicio o un derecho fundamental es un debate que ya está zanjado en todo el mundo. Cuando hablamos de un servicio ponemos por encima una concepción económica, mientras que cuando hablamos de un derecho hablamos del desarrollo humano. Y todas las universidades deberíamos enfocarnos en lo segundo. Ese cambio es importante”, comentó la profesora González.
En ese mismo sentido, el profesor Gómez acotó: “aunque no hay dudas en torno a que la educación debe ser un derecho de todos los ciudadanos, y así está estipulado en la Constitución Política, en la Ley 30 de 1992 falta esa resolución reglamentaria. Por eso desde ya el tema debe estar en la agenda pública, porque en Colombia aún hay barreras de acceso, tanto, que en 2022 solo el 52 % de los jóvenes pudo acceder a la educación superior”.
“A futuro habrá que detallar qué implicaría esto para las universidades privadas, sobre todo en cuanto a evitar posibles reclamos cuando haya inconvenientes con los pagos de las matrículas”.
En el diálogo también se abordó la necesidad de flexibilizar la educación, que no tiene que ver solo con la modificación de las mallas curriculares (que tengan o no requisitos y prerrequisitos), sino que va mucho más allá.
Al respecto, la profesora Vásquez afirmó: “debemos tener en cuenta que no tenemos estudiantes de tiempo completo, sino que a muchos también les toca trabajar o ser cuidadores de sus padres, hijos o abuelos. Así mismo, es importante considerar los cambios que atraviesan permanentemente las sociedades, para establecer temáticas y abordajes integrales. Y, finalmente, esta flexibilización debe ser igual o mayor en las regiones”.
La profesora Reyes se refirió a los estándares actuales de acreditación: “la evaluación debe ser integral, no una lista de chequeo, sino una evaluación integral según lo que cada institución declara en relación con su naturaleza, su identidad y su proyecto educativo particular”.
En relación con las expectativas de los estudiantes a futuro, el representante estudiantil Muñoz señaló: “una de las expectativas más grandes que tenemos con la propuesta de ley estatutaria, concretamente con pasar de considerar la educación como un servicio a tratarla como un derecho, es el cierre de brechas, que el acceso no sea un privilegio, y además que en la gestión de las universidades haya democracia participativa, que los estudiantes seamos tenidos en cuenta en debates y discusiones”.
Las dos próximas sesiones del Ciclo de Conversaciones Al Habla se realizarán el 12 de octubre y el 16 de noviembre en las Sedes de La Paz y Bogotá respectivamente, para reflexionar sobre enfoque territorial y justicia social.
