Justicia transicional: pese a los avances, aún tiene un largo camino por recorrer

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 marcó un hito histórico para Colombia, pero también planteó muchos desafíos. Uno de los puntos claves de este pacto fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, como entidad, se ha encargado de administrar justicia a los excombatientes y otros actores involucrados en el conflicto armado.

Desde ese entonces se ha planteado estructurar e implementar una “justicia nueva” que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, al tiempo que ofrecería vías de reinserción social para los excombatientes que abandonan las armas.

El profesor Sebastián Cuéllar Sarmiento, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL y director del Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa (OCJR), manifestó que “la mirada está puesta sobre el concepto de reparación; la reparación es fundamental para vislumbrar horizontes de reconciliación. La justicia transicional es un tema lleno de tensiones y contradicciones por las mismas circunstancias de los procesos de paz, por eso debemos abordar estas discusiones”.

Hernando Maldonado, gerente del convenio de asesoría y defensa de los firmantes del Acuerdo de Paz ante la JEP, señaló que “estamos construyendo algo nuevo, por eso tenemos más preguntas que respuestas”.

“Desde 2018 hasta hoy hemos visto una justicia llena de fisuras que debemos remediar. Pero también hemos sido testigos de que cuando se transmite y reconoce la verdad (por dura que sea) podemos tener eventualmente una alternativa de resarcimiento”, agregó.

Aclaró además que con el término “justicia nueva” no se pretende debatir sobre lo que es la justicia ordinaria, que tiene 200 años de historia.

“Los firmantes del Acuerdo que vivieron en medio del conflicto aducen que ellos han estado inmersos en la guerra y que no pueden ser tratados de manera distinta. Después del Acuerdo se estableció que tiene que haber una justicia especial para abordar esta situación”. precisó.

Resulta desafiante que todos los actores involucrados confiesen la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto, pero también lo es el hecho de evitar la repetición de la violencia, teniendo en cuenta que algunos grupos armados retomaron las armas en territorios como Cauca, Nariño, el Catatumbo y Magdalena Medio, precisamente donde nacieron algunos de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Es clave la perspectiva de género

La profesora Amanda Cahill-Ripley, de la Universidad de Liverpool en Reino Unido, experta en derecho internacional de los derechos humanos, resaltó la importancia de una integración de la justicia de género, reconociendo que los conflictos violentos afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

“El género es un entendimiento de poder, exclusión y marginalización. Nos interesa poner el lente sobre este tema porque expone y da manejo a cómo la justicia transicional y sus procesos refuerzan las jerarquías de género en la sociedad transicional y el conflicto, ya sea ignorando a las mujeres o haciendo que su presencia se limite a ser víctimas pasivas sin necesidad de que sean protegidas”, señaló.

Con ello resalta que para llegar a una justicia transicional inclusiva es esencial exponer tanto las dinámicas de género de las instituciones de justicia transicional (que también abarca a los hombres y miembros de la comunidad LGBTIQ+) como los mecanismos y el rol más amplio que juegan todos los actores dentro de las ideas de justicia.

“Los hombres y las mujeres experimentan conflictos violentos de una manera diferente, y así mismo cambia su necesidad de justicia-manejo. Esperaríamos entonces que un mecanismo de justicia transicional sea sensible al género, pero las evaluaciones de las prácticas han mostrado que tienden a poner a las mujeres en desventaja”, concluyó.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL, el OCJR y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).